Fiscales de distrito y familiares de personas asesinadas presentaron una demanda ante la Corte Suprema de California para impedir la conmutación de las 548 condenas a muerte vigentes en el estado.
La acción judicial, impulsada por la Fundación de Justicia Penal (CJLF), cuestiona la facultad del gobernador Gavin Newsom para aplicar la medida de manera colectiva a 529 hombres y 19 mujeres.
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Así, los demandantes alegan que no se notificó adecuadamente a las víctimas ni se les otorgó la oportunidad legal de participar en las decisiones de clemencia, indicó NBC News.
La Constitución de California autoriza al gobernador a conmutar, por sí solo, la pena de una persona condenada por un delito grave en un único caso. Sin embargo, exige la aprobación de la Corte Suprema estatal cuando el condenado acumula más de una sentencia por delito grave, informó The New York Times.
Por ello, Newsom remitió al tribunal una lista de 382 reclusos con condenas múltiples para solicitar esa autorización. Su administración sostiene que puede actuar unilateralmente en los casos restantes.
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Los demandantes piden suspender las decisiones de clemencia hasta verificar cada expediente
La CJLF representa a 30 fiscales de distrito y a más de dos docenas de familiares de víctimas de homicidio.
En su presentación, escribió: “Una clemencia masiva es incompatible con un plan diseñado para crear un proceso público que garantice que se tenga en cuenta toda la información relevante sobre el delito y el delincuente en cuestión”.
Asimismo, según NBC News, afirmó que el gobernador priorizó su postura personal por sobre las decisiones de quienes participaron en los procesos judiciales: “Miles de jurados y cientos de jueces dejaron de lado sus opiniones personales sobre la conveniencia de la pena de muerte para emitir veredictos basados en las pruebas y la ley”.
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Los demandantes también argumentan que los antecedentes penales de algunos reclusos presentan errores que ponen en duda si el funcionario tiene la facultad legal para reducir ciertas condenas, precisó The New York Times.
En consecuencia, la petición pide al tribunal suspender el plan y revisar cada expediente antes de modificar cualquier condena.
Por su parte, la Corte Suprema de California pidió la presentación de opiniones sobre la solicitud antes del 24 de noviembre y deberá resolverla antes de que el mandato del gobernador concluya el 4 de enero.
California no ejecuta a un condenado desde 2006
De acuerdo con NBC News y CNN, el estado no ejecuta a un preso desde el 17 de enero de 2006, cuando Clarence Ray Allen recibió una inyección letal. Además, Newsom estableció una moratoria formal sobre las ejecuciones en 2019.
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En una carta, el funcionario, opositor de la pena capital desde hace décadas, aseguró que la ejecución por parte del Estado es “incompatible con los valores de California”.
“No podemos ejecutar personas en nuestro imperfecto sistema legal y, al mismo tiempo, ser fieles a nuestros valores fundamentales, entre los que destacan la justicia y la dignidad humana”, aseveró.
Al mismo tiempo, reconoció que “muchos californianos creen que quienes cometen crímenes brutales merecen morir”; sin embargo, como gobernador, llegó a la “conclusión de que el estado no puede, moralmente, ejecutarlos”.
Newsom admitió que fue una de las decisiones más difíciles de su carrera porque “su anuncio puede traer a la memoria recuerdos dolorosos para las familias de las víctimas”.
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La decisión cuenta con el respaldo de organizaciones contrarias a la pena de muerte y de algunos fiscales. Jeff Rosen, fiscal de distrito del condado de Santa Clara, declaró en un comunicado recogido por NBC News que una comunidad será más segura “frente al crimen y la injusticia mientras creamos que podemos y debemos cambiar prácticas obsoletas e ineficaces como la pena de muerte”.
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