El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) exigirá que cada integrante de los hogares que reciben asistencia federal de vivienda acredite su ciudadanía estadounidense o un estatus migratorio elegible, una condición que cambia el tratamiento de las familias de estatus migratorio mixto.
La regla entrará en vigor el 14 de diciembre de 2026, pero una demanda presentada en California busca suspenderla antes de esa fecha.
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La norma alcanza a los programas cubiertos por la Sección 214 de la Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1980, entre ellos la vivienda pública, los vales de elección de vivienda y determinados alquileres con asistencia federal.
Hasta ahora, un hogar podía conservar una ayuda proporcional aunque alguno de sus integrantes no reuniera los requisitos migratorios para recibir el subsidio.
Ese mecanismo permitía que una familia permaneciera unida y que el alquiler subsidiado se calculara solo sobre los miembros elegibles.
La regulación definitiva convierte esa asistencia proporcional en una medida temporal mientras se verifica la situación de todos los integrantes y elimina la posibilidad de mantenerla de manera indefinida.
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La nueva regla obliga a todos los residentes asistidos a presentar documentos
HUD finalizó la regulación el 10 de noviembre de 2026. Dos días después, el 12 de noviembre, fue publicada en el Federal Register bajo el nombre Housing and Community Development Act of 1980: Verification of Eligible Status.
El texto exige la verificación de ciudadanía estadounidense o de estatus migratorio elegible para todos los solicitantes y beneficiarios, sin excepción por edad.
La disposición elimina la opción conocida como do not contend, que permitía a un miembro de la familia no reclamar un estatus migratorio elegible ni someterse a la verificación.
En ese escenario, esa persona no era considerada para calcular el subsidio, pero podía vivir con el resto del hogar. A partir de la entrada en vigor de la regla, esa alternativa dejará de estar disponible.
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Los residentes deberán presentar documentación ante la autoridad de vivienda o el propietario responsable del programa.
Para los no ciudadanos, la revisión se realizará mediante el sistema SAVE, administrado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. La norma también suprime una exención documental que tenían ciertos no ciudadanos de 62 años o más.
Según la regulación, los hogares ya asistidos que incluyan integrantes sin documentación de estatus elegible tendrán 90 días desde la entrada en vigor para aportar las pruebas requeridas.
Las entidades administradoras podrán conceder una extensión de hasta 60 días adicionales. Durante el proceso de verificación puede mantenerse asistencia proporcional en las condiciones previstas por la norma.
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Si un integrante no acredita un estatus elegible tras las revisiones y las instancias de audiencia aplicables, la familia podría perder la ayuda.
HUD conserva la facultad de aplazar temporalmente la terminación de la asistencia hasta por 18 meses, a discreción de la entidad responsable, para que el hogar encuentre otra vivienda.
El departamento sostiene que no obliga a las familias a separarse, aunque precisa que no podrán seguir recibiendo indefinidamente subsidios federales si todos sus miembros no verifican su elegibilidad.
La propia agencia reconoció que el cambio reducirá el número de hogares e integrantes que reciben asistencia, aunque los subsidios para quienes permanezcan serían mayores.
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En su análisis regulatorio, HUD estimó que cerca de 79.300 personas vivían en hogares de estatus mixto dentro de los programas alcanzados y que alrededor de 36.000 niños elegibles podrían quedar expuestos al desplazamiento, de acuerdo con la demanda.
Public Counsel demandó al HUD para frenar la entrada en vigor
El 16 de noviembre de 2026, la organización jurídica sin fines de lucro Public Counsel, con sede en Los Ángeles, presentó una demanda contra HUD y contra su secretario, Scott Turner, ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California.
La acción fue presentada por M.P., M.R. y J.L., tres residentes identificados por sus iniciales, junto con People Organized for Westside Renewal (POWER) y Union de Vecinos.
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La carátula judicial los identifica como demandantes en el caso M.P. v. Turner, expediente 2:26-cv-13392, ingresado el 16 de noviembre ante el Tribunal Federal del Distrito Central de California, según la demanda presentada ante el tribunal.
Los demandantes solicitan que el tribunal deje sin efecto la regulación y suspenda su aplicación mientras se resuelve el caso.
Alegan que el departamento excedió sus facultades administrativas al modificar un esquema que, sostienen, fue establecido por el Congreso.
También argumentan vulneraciones de la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Vivienda Justa y la Constitución de Estados Unidos.
La demanda plantea que, durante más de tres décadas, las familias de estatus mixto pudieron recibir subsidios prorrateados: los miembros no elegibles no obtenían asistencia, pero los elegibles —incluidos hijos ciudadanos estadounidenses— conservaban la parte correspondiente.
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Con la nueva norma, afirman los abogados, una familia deberá documentar la elegibilidad de cada residente o, de lo contrario, terminará por perder la ayuda.
Las familias mixtas deberán elegir entre documentar a todos sus miembros o dejar la asistencia
En términos prácticos, una familia con hijos ciudadanos estadounidenses y padres sin estatus migratorio elegible podrá seguir viviendo unida únicamente si renuncia al subsidio federal o consigue otra alternativa habitacional.
También podría optar por que los integrantes elegibles permanezcan en una vivienda asistida sin los familiares que no acrediten el requisito. La regla no ordena formalmente una separación, pero la demanda sostiene que esa es la decisión que puede imponer en la práctica.
J.L., una de las demandantes, vive desde hace 15 años en un departamento administrado por la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) junto con sus dos hermanos, su madre y su padrastro.
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Ella y sus hermanos son ciudadanos estadounidenses; sus padres no tienen estatus migratorio regular, según la presentación judicial.
La familia paga USD 2.700 al mes por un departamento de tres habitaciones. J.L., que trabaja como técnica de farmacia, evaluó quedarse con sus hermanos menores, pero señaló que sus padres dependen de ella para actividades cotidianas, entre ellas la traducción en consultas médicas y la compra de alimentos.
“Nos causa mucho estrés y ansiedad porque, de la noche a la mañana, no vamos a tener dónde vivir”, declaró, según recogió Los Angeles Times.
HACLA informó al diario que revisa la regulación final para determinar su alcance, las exigencias operativas y el calendario de cumplimiento.
La entidad contabiliza 7.700 personas de hogares de estatus mixto en Los Ángeles y atiende a más de 67.000 hogares.
La demanda, registrada como M.P. v. Turner con el número 2:26-cv-13392, continúa en etapa inicial. Por ahora, la regla conserva como fecha prevista de entrada en vigor el 14 de diciembre, salvo que el tribunal conceda una medida que la suspenda.
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