
Estados Unidos decomisó más de 2,2 millones de litros de biodiésel con destino a Cuba, valuados en aproximadamente USD 2,8 millones, en una operación que alcanzó 90 cargamentos retenidos antes de abandonar territorio estadounidense. El procedimiento se realizó en momentos en que Washington profundiza la aplicación de sus sanciones contra entidades vinculadas al régimen cubano y busca impedir que combustible comercial termine en manos de empresas controladas por la dictadura.
El operativo estuvo a cargo de funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con participación de agencias federales encargadas de controlar las exportaciones y el cumplimiento de las restricciones comerciales. De los envíos interceptados, 71 fueron retenidos en Port Everglades, Florida, y otros 19 en el puerto de Houston, Texas.
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Las autoridades señalaron que los documentos comerciales revisados durante la investigación identificaron como destinataria a ENETEC, una compañía cubana dedicada al comercio mayorista de combustibles y lubricantes. La entidad fue incorporada por Estados Unidos a su régimen de sanciones el 11 de julio, debido a sus vínculos con el aparato estatal cubano.
José R. Figueroa, agente especial a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Miami, explicó que el procedimiento comenzó con la retención de los cargamentos en septiembre y continúa bajo investigación.

“Es un intento deliberado para socavar las sanciones de Estados Unidos y todo eso está en este momento bajo investigación”, afirmó durante una conferencia de prensa.
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Según explicó, las operaciones internacionales de este tipo involucran múltiples actores y documentación, por lo que las autoridades continúan reconstruyendo la cadena comercial.
“El proceso de comercio y de envío de embarques comerciales es uno muy complejo”, sostuvo Figueroa al referirse a las dificultades para establecer todos los responsables de la operación. También indicó que Washington dará a conocer información adicional sobre ENETEC a medida que avance la investigación.
La intervención contó con la colaboración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio. El objetivo fue impedir que los cargamentos salieran de Estados Unidos rumbo a una entidad sometida a restricciones financieras y comerciales.
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Figueroa remarcó que las medidas no buscan bloquear de manera general las operaciones comerciales ni la asistencia destinada a la población cubana. “No queremos interferir con el comercio legítimo y, sobre todo, con las ayudas humanitarias”, afirmó.
El decomiso se produjo pocos días después de otra operación estadounidense contra un cargamento de combustible destinado a Cuba. A finales de septiembre, la Guardia Costera interceptó un buque que transportaba grandes cantidades de combustible hacia la isla y que, según las autoridades, había intentado evitar los controles. Parte del producto se encontraba oculto en los tanques de lastre de la embarcación.
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La sucesión de operaciones forma parte de una política de presión económica de la administración de Donald Trump sobre La Habana. Washington sostiene que el combustible enviado a entidades estatales cubanas puede contribuir al sostenimiento del régimen y, por eso, aplica restricciones a las compañías y operadores que participan en esas transacciones.
La medida llega además cuando Cuba enfrenta una severa crisis energética. La falta de combustible, combinada con fallas en sus centrales eléctricas, provoca apagones diarios y afecta el suministro de servicios básicos. El deterioro energético se suma a la escasez de productos esenciales y a las dificultades económicas que atraviesa la población.
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En paralelo, Estados Unidos mantiene mecanismos específicos para permitir determinados envíos destinados al sector privado y a la asistencia humanitaria, mientras intensifica las acciones contra operaciones que considera vinculadas directamente con entidades estatales sancionadas.
Las autoridades estadounidenses todavía no informaron qué ocurrirá con los 90 cargamentos confiscados ni si habrá nuevas medidas contra las empresas o personas que participaron en la operación. Figueroa indicó que la investigación continúa y que “en su debido momento revelaremos más detalles” sobre la operación y la entidad cubana identificada como destinataria.
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