Estados Unidos revocó más de 250.000 visas en tiempo récord: a quiénes afecta y por qué

El Departamento de Estado de Estados Unidos revocó más de 250.000 visas desde el comienzo de la administración de Donald Trump. La medida forma parte de una política de control migratorio que el gobierno define como la más intensa de su historia reciente y que tiene impacto directo sobre extranjeros con permisos de ingreso o residencia temporal en el país.

Las revocaciones alcanzaron a personas acusadas de incumplir las condiciones de sus visas, cometer delitos, promover la violencia contra el país o sus ciudadanos, cometer fraude, abusar del sistema migratorio o representar una amenaza para la seguridad nacional.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, confirmó la cifra y subrayó que la revisión de titulares de visas no tiene fecha de cierre.

Cuántas visas revocó Estados Unidos y cuáles fueron las causas

La cifra representa un salto significativo respecto del dato anterior: en agosto, el propio Departamento de Estado había informado la cancelación de más de 175.000 visas, con los contactos de sus titulares con las fuerzas de seguridad como causa predominante. Según Pigott, en declaraciones a Fox News Digital, el volumen actual es “sin precedentes” para esta administración. “Más de 250.000 visas revocadas; eso es lo máximo que hemos visto bajo esta administración, especialmente en apenas dos años”, afirmó el portavoz.

El funcionario atribuyó la mayor parte de las cancelaciones a actividades delictivas. Entre los delitos que derivaron en revocaciones, el Departamento de Estado mencionó conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones, robos y delitos vinculados con drogas, según el medio.

Qué delitos y faltas pueden derivar en la revocación de una visa

Además de los casos más frecuentes, las autoridades señalaron otros ilícitos que también motivaron cancelaciones: fraude, malversación, abuso infantil y agresión sexual, de acuerdo con la información del organismo difundida por Fox News Digital.

Pigott fue explícito al respecto en declaraciones al medio: “No vamos a permitir que los extranjeros que están aquí con visas conduzcan ebrios por nuestras calles, agredan a nuestra gente o roben en nuestras tiendas. Cuando vemos esa actividad delictiva, es motivo de revocación”.

La política también alcanzó a funcionarios extranjeros: el Departamento de Estado revocó las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, junto a sus familias, por acusaciones de corrupción. Los afectados provenían de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, según la misma fuente.

El foco en el turismo de nacimiento y las solicitudes de asilo

Entre las 250.000 revocaciones, 2.300 correspondieron a casos vinculados con el turismo de nacimiento: la práctica por la que mujeres embarazadas viajan a Estados Unidos con el objetivo de que sus hijos nazcan en suelo estadounidense y obtengan así la ciudadanía automática. El Departamento de Estado identificó estos ingresos como un uso indebido del sistema migratorio.

Otro frente de la política apuntó a los titulares de visas de turismo y negocios de categoría B1/B2. La administración evaluó la revisión de los permisos emitidos entre 2016 y 2026 a extranjeros que, con posterioridad, solicitaron asilo en Estados Unidos. El universo potencial de afectados, según datos recogidos por Fox, alcanzaba hasta 200.000 personas.

Qué dijo el Departamento de Estado sobre el control migratorio

Pigott resumió la postura oficial con una frase que el organismo reiteró en distintos foros: “Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”. El portavoz agregó que las autoridades mantienen una revisión continua de los titulares y que el proceso no se detendrá.

En la misma línea, el Departamento de Estado publicó en su cuenta oficial de X que las 250.000 cancelaciones reflejan “el compromiso inquebrantable de proteger al pueblo estadounidense”, con el aval del secretario de Estado Marco Rubio.

El organismo también sostuvo que cada decisión sobre una visa equivale a una decisión de seguridad nacional, premisa que guía el esquema de verificación permanente que la administración puso en marcha desde el primer día de gestión.