
Estados Unidos amplió este martes su régimen de sanciones contra Cuba con nuevas restricciones financieras y de viajes que afectan tanto al aparato estatal de la isla como a actividades del sector privado. Las modificaciones, anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, entrarán en vigor este miércoles y alcanzan operaciones bancarias, empresas vinculadas a las estructuras de seguridad y distintas categorías de viajes de ciudadanos estadounidenses.
Uno de los principales cambios elimina la autorización que desde 2024 permitía a bancos bajo jurisdicción estadounidense abrir y mantener determinadas cuentas a nombre de ciudadanos cubanos considerados empresarios independientes del sector privado. La disposición había creado una vía para que pequeños negocios pudieran recibir pagos y realizar operaciones relacionadas con actividades autorizadas por Washington.
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A partir de la entrada en vigor de las nuevas reglas, las cuentas y fondos mantenidos bajo esa autorización deberán ser bloqueados, salvo que exista otra licencia aplicable. La OFAC estableció además que para recuperar posteriormente esos recursos será necesario obtener una autorización específica.
La normativa también elimina las denominadas operaciones “U-turn”, que permitían que determinadas transferencias relacionadas con Cuba atravesaran el sistema financiero estadounidense aunque el dinero comenzara y terminara fuera de Estados Unidos y ninguna de las partes estuviera sometida a su jurisdicción. Esa autorización había sido incorporada en mayo de 2024.

La nueva normativa también alcanza a las entidades cubanas incluidas en la lista de organizaciones sujetas a restricciones de Washington, especialmente aquellas relacionadas con las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad de la isla. Las prohibiciones, que anteriormente se concentraban en operaciones financieras directas, también alcanzarán transacciones indirectas cuando involucren entidades o subentidades vinculadas al Ejército, los servicios de inteligencia o las estructuras de seguridad cubanas y puedan beneficiar económicamente a esas organizaciones.
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La nueva regulación también refuerza los controles sobre actividades que podrían servir para eludir esas prohibiciones.
Viajes y actividades profesionales
Washington modificó además las autorizaciones para ciudadanos estadounidenses que viajen a Cuba. Las reuniones profesionales y conferencias que anteriormente contaban con una licencia general dejarán de estar autorizadas bajo ese mecanismo. Las actividades educativas conocidas como “people-to-people” también quedan restringidas, aunque permanecen algunas modalidades de viajes académicos realizadas bajo organizaciones acreditadas y dentro de las categorías permitidas.
Las medidas llegan después de que el gobierno de Trump endureciera durante 2026 su política hacia La Habana. En enero, el presidente declaró que las políticas del régimen cubano constituían una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos y estableció un mecanismo para aplicar aranceles adicionales a países que suministraran petróleo a la isla.
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El nuevo paquete se produce además en un momento de fuerte presión política. Durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump acusó a la dictadura cubana de mantener vínculos con redes comunistas y afirmó que “la libertad llegará a Cuba”.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio profundizó ese mensaje el lunes al referirse nuevamente a la situación interna de la isla. “El problema que Cuba tiene básicamente ahora es que es un Estado fallido en todos los sentidos de la palabra”, afirmó.
“No es un gobierno funcional y no es un país funcional. Simplemente no lo es”, agregó.
El funcionario también sostuvo que Washington no permitirá que Cuba se transforme en una plataforma utilizada contra Estados Unidos. Sus declaraciones se sumaron a la presión ejercida por Trump, quien en los últimos días afirmó que espera alcanzar un acuerdo con La Habana y que una intervención militar probablemente no sea necesaria.
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Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez cuestionó las nuevas medidas y sostuvo que afectan tanto a las estructuras estatales como al sector privado. “Atacan abiertamente tanto al sector público como al privado”, afirmó, en referencia a las decisiones anunciadas por Washington.
Las modificaciones representan así un nuevo giro sobre las flexibilizaciones adoptadas durante la administración de Joe Biden, particularmente las que habían facilitado determinados servicios financieros para emprendedores independientes y algunas actividades de intercambio con la isla.
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