Durante décadas, sacerdotes de tres diócesis católicas de Massachusetts abusaron sexualmente de menores.
Los líderes eclesiásticos lo sabían, tal como concluye un informe oficial publicado este miércoles, y en lugar de actuar trasladaron a los acusados, presionaron a fiscales y mantuvieron el silencio.
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ABC News informó que la fiscal general Andrea Campbell, autora del documento, identificó más de 900 casos en las diócesis de Worcester, Springfield y Fall River, y advierte que el número real de víctimas es imposible de determinar: el subregistro y la posible destrucción de archivos impiden conocer la verdadera dimensión del caso.
Los líderes diocesanos sabían y no actuaron
La investigación identificó acusaciones contra 275 miembros del clero distribuidos en las tres diócesis, y detalló un patrón sistemático de encubrimiento por parte de las jerarquías eclesiásticas.
Campbell describió en la introducción del documento una conducta reiterada: “Durante décadas, los líderes diocesanos no respondieron adecuadamente a las denuncias y señales de alerta; trasladaron a sacerdotes acusados a otras parroquias sin revelar los motivos; devolvieron a sacerdotes al ministerio tras recibir tratamiento y sin supervisión suficiente; ocultaron las razones por las que los apartaron del servicio; y no informaron con regularidad las acusaciones a las fuerzas del orden”.
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El texto también reveló que algunos departamentos de policía ignoraron las denuncias. Según consta en el documento, la diócesis logró en ciertos casos “persuadir a los periódicos locales para que no publicaran la información y a las fiscalías de distrito para que no iniciaran procesos penales”.
Una ley de 2002 llegó tarde para la mayoría de las víctimas
El inicio formal de la investigación data de 2019. Durante ese proceso, el equipo de la fiscalía entrevistó a un centenar de personas y examinó más de 300.000 documentos, incluidos los llamados “archivos secretos” de las diócesis, además de informes policiales, expedientes judiciales, políticas institucionales y coberturas periodísticas.
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La mayoría de los abusos documentados ocurrió antes de 2002, año en que una reforma legal en Massachusetts obligó a los sacerdotes y demás miembros del clero a informar los casos de abuso infantil, y tipificó como delito el poner en riesgo de manera imprudente la seguridad de los niños.
Dado que los plazos de prescripción ya vencieron para la mayor parte de los casos, el informe concluyó que no hay fundamento para nuevas persecuciones penales. Los casos que podrían encontrarse dentro del plazo legal fueron derivados a las fiscalías de distrito correspondientes.
El documento señala además que el acceso privilegiado de los sacerdotes a poblaciones vulnerables, combinado con el peso social y la reputación de la Iglesia en numerosos hogares de Massachusetts, explica en parte por qué tantas víctimas callaron.
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El temor a un “daño reputacional” dentro de la comunidad operó como un freno eficaz contra las denuncias.
Los sobrevivientes describen un daño que no prescribió
El documento recoge testimonios de víctimas que detallaron las secuelas del abuso a lo largo de sus vidas.
Muchos aseguraron que el daño los acompañó mucho después de que los hechos ocurrieran.
Frente a la publicación del informe, la Diócesis de Worcester expresó su pesar por los abusos del pasado y anunció que estudiará el documento “para identificar mejoras adicionales en la respuesta a las víctimas y en los esfuerzos por proteger a los niños”.
El obispo Edgar M. da Cunha, de la Diócesis de Fall River, dijo que su institución “evaluará con detenimiento el informe y continuará con las medidas necesarias para consolidar la cultura de protección que hemos construido durante la última década”.
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La Diócesis de Springfield no respondió a las consultas de ABC News.
Las conclusiones contrastan con las de la investigación que publicó el Boston Globe en 2002, centrada en la Archidiócesis de Boston, cuya cobertura impulsó directamente el cambio legislativo de ese año.
A diferencia de aquel caso, el nuevo informe no derivará en condenas penales: los plazos de prescripción cerraron esa puerta para la gran mayoría de los hechos documentados.
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