Paramount, la Fiscalía General de California y el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) celebrarán los días 14 y 15 de octubre una conferencia para buscar un acuerdo en las demandas antimonopolio que intentan frenar la compra de Warner Bros. Discovery, valuada en unos USD 111.000 millones.
De acuerdo con The Hollywood Reporter, la orden judicial exige la presencia de los principales negociadores de las partes. Los representantes de Paramount y del WGA deberán contar con plena autoridad para negociar y cerrar un eventual acuerdo, sin incluir a la junta directiva de la empresa.
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Las conversaciones tendrán lugar en un tribunal de San Francisco, bajo la supervisión del juez federal Thomas S. Hixson.
Las partes deberán presentar su posición antes de la reunión
A más tardar el 7 de octubre, las partes tendrán que intercambiar y presentar ante el magistrado sus declaraciones de conciliación.
Esos documentos deberán resumir las demandas y defensas, los principales puntos de desacuerdo, la reparación solicitada y una evaluación objetiva de las probabilidades de éxito de cada parte, informó Deadline.
Asimismo, deberán identificar cualquier cuestión específica cuya resolución pudiera destrabar un acuerdo.
La lista definitiva de participantes deberá presentarse el 12 de octubre. La orden exige que los asistentes lleguen preparados para abordar sus objetivos, los obstáculos que perciben y “la posibilidad de una resolución creativa de la disputa”.
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Cualquiera de las partes también podrá presentar una carta confidencial adicional ante el tribunal. A su vez, se les indicó que notificaran si el caso se resolvía antes de lo previsto.
Tanto los documentos de conciliación como los intercambios durante las jornadas serán confidenciales y no podrán utilizarse como prueba si el litigio llega a juicio, precisó Variety.
Según The Hollywood Reporter y Deadline, el acercamiento se produce después de que el fiscal Rob Bonta cancelara, en agosto, una reunión prevista con la empresa. El funcionario acusó a Paramount de filtrar y tergiversar detalles de conversaciones previas, una acusación que la compañía rechazó.
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Consultado sobre esta nueva comparecencia, un portavoz de su oficina declaró a TheWrap que estas reuniones son un procedimiento habitual dentro del proceso legal y que no significa que “se esté gestando un acuerdo”.
El núcleo de la discrepancia radica en el tipo de remedios que permitirían despejar las objeciones a la operación. Bonta ha sostenido que solo aceptará medidas estructurales, como la venta de activos.
Por su parte, Paramount, dirigida por David Ellison, ha propuesto compromisos operativos, entre ellos el estreno de al menos 30 películas anuales con ventanas de exhibición en cines de 45 días.
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El Departamento de Justicia respalda a Paramount en su pedido de una fianza de USD 1.880 millones
El 1 de octubre comenzará a correr para Paramount una penalidad diaria de USD 7 millones hasta el cierre del acuerdo.
La empresa solicitó que los estados y el WGA constituyan una fianza de USD 1.880 millones para cubrir ese cargo diario y los costos financieros asociados al retraso.
Los estados rechazan el planteo y sostienen que los tribunales suelen eximirlos de presentar garantías cuando defienden intereses públicos.
Al mismo tiempo, señalan que el juzgado no dictó una medida cautelar permanente, dado que Paramount aceptó voluntariamente no cerrar la transacción hasta después del juicio, indicó The Hollywood Reporter.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó el martes una declaración de interés en respaldo de Paramount. El organismo pidió que la coalición de 12 estados encabezada por California constituya una “garantía adecuada” mientras mantiene su demanda contra la fusión, consignó Variety.
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“El requisito de fianza obliga a las partes a tener algo que perder”, aseveró el organismo en el escrito judicial.
El DOJ argumentó que los estados, al aplicar las leyes federales de competencia en este caso, actúan mediante un mecanismo complementario y están sujetos a requisitos que no alcanzan al Gobierno federal ni a la Comisión Federal de Comercio (FTC).
En consecuencia, objetó la postura de los estados, que defienden que una garantía solo correspondería si la Justicia concluyera posteriormente que la suspensión de la operación fue errónea.
La dependencia también recordó que su investigación de más de 2 millones de documentos y datos sobre transmisión en línea, televisión lineal y producción cinematográfica concluyó que la compra no parecía reducir la competencia.
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La jueza federal Araceli Martínez-Olguín escuchará los argumentos sobre el pedido el 24 de septiembre.
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