Estados Unidos denunció a una red mundial de sicarios vinculada a la inteligencia rusa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificó una acusación formal contra cinco personas vinculadas a los servicios de inteligencia rusos por integrar una red dedicada a reclutar y pagar a ciudadanos para ejecutar asesinatos selectivos y ataques contra infraestructura en Europa y territorio estadounidense. Los cinco imputados, entre ellos dos cubanos, un venezolano y dos rusos, permanecen prófugos.

Según la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la red operaba al menos desde 2024 bajo órdenes del Kremlin y se centró primero en disidentes y desertores rusos para luego ampliar su radio de acción hacia países considerados aliados de Ucrania. El fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, John Eisenberg, sostuvo: “Estos acusados presuntamente operaban como parte de una red mundial de asesinatos con ramificaciones en Estados Unidos, intentando reclutar a ciudadanos estadounidenses y extranjeros para perpetrar homicidios por orden del Kremlin”.

El expediente identifica a tres integrantes de alto rango dentro de lo que la justicia estadounidense denomina la “Red RIS” (por Russian Intelligence Services). Se trata de Yuri Khrameev, de 63 años, excoronel de los servicios de inteligencia rusos, conocido bajo el alias de Colonel Yuri; su hijo Kirill Khrameev, de 27 años, oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB); y Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años, cubano descrito como un miembro influyente de la diáspora cubana residente en Rusia que coordinaba ataques para la organización.

Los otros dos imputados son Yaidel Delgado Suárez, de 35 años y también de nacionalidad cubana, apodado ‘Viking’ y señalado como reclutador, y Angel Eduardo Castro, venezolano de 22 años que trabajó junto a Suárez en el reclutamiento de personas radicadas en Estados Unidos. Todos enfrentan cargos por participar en una conspiración para financiar el terrorismo, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión, y tres de ellos, un cargo adicional por conspiración para cometer asesinato por encargo, con pena máxima de 10 años. El director adjunto del FBI, James Barnacle, afirmó que el grupo “conspiró para intimidar, amenazar o asesinar personas en suelo estadounidense y en todo el mundo”.

Uno de los episodios detallados en la acusación ocurrió el año pasado, cuando Yuri Khrameev ofreció 25.000 dólares a un ciudadano estadounidense para localizar y matar en Vilna, capital de Lituania, a una persona que “decía mentiras sobre Rusia”. Según el expediente, el pedido se justificó porque la víctima “esparcía basura sobre mi país” y “distorsionaba la historia”. Cuando el reclutado se negó a cometer el homicidio, Khrameev insistió con un pedido más amplio: atacar infraestructura en países de la OTAN que ayudan a Ucrania, incluidas estaciones de tren, depósitos de autobuses y almacenes con suministros de ayuda.

“Me interesan todos los países que están ayudando a Ucrania”, escribió en uno de los mensajes citados por la fiscalía. “Arrojá una botella de gasolina a una subestación eléctrica. Prendé fuego a un almacén de propiedades o alimentos. Vos mismo buscá esos objetivos. Hay que hacerlo con creatividad.” En 2025, según el mismo expediente, Kirill Khrameev también reclutó a un ciudadano estadounidense para vigilar y asesinar a una persona en Lituania por el mismo motivo: difundir información considerada contraria a los intereses rusos.

La acusación describe otro operativo, este dirigido contra un destacado disidente ruso que residiría en Washington. Este verano, según el documento judicial, integrantes de la red reclutaron a un ciudadano venezolano radicado en Brooklyn para vigilar y eventualmente matar al opositor. Suárez envió al reclutado a dos ubicaciones vinculadas con la víctima con instrucciones explícitas sobre cómo realizar la vigilancia, a cambio de entre 1.000 y 1.500 dólares.

Suárez y Castro llegaron a ofrecer una suma adicional de 40.000 dólares si el residente en Estados Unidos lograba “eliminar” al disidente. El reclutado rechazó la propuesta, lo que llevó a Suárez a intentar reclutar a otras personas dentro del país, ofreciendo “sumas sustanciales de dinero” para atacar a víctimas radicadas en territorio estadounidense.

La acusación estadounidense se enmarca en una serie de episodios similares registrados en Europa durante los últimos meses. A comienzos de septiembre, Alemania atribuyó oficialmente a Rusia el hallazgo de un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig-Halle, mientras que en agosto Polonia informó haber frustrado un intento de asesinato contra un ciudadano estadounidense de origen ucraniano, ordenado presuntamente desde Rusia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, había señalado que las autoridades detuvieron a una persona que trabajaba para el Kremlin y planeaba asesinar a ese ciudadano en Varsovia. “Tenemos que aceptar la premisa de que el régimen de Putin intentará eliminar a personas incómodas por diversos motivos”, declaró Tusk.

Estonia, por su parte, acusó a Moscú el mes pasado de estar detrás de un incendio en una empresa de defensa. En el Reino Unido, dos ciudadanos ucranianos, uno de ellos reclutado a través de un usuario de Telegram de habla rusa, fueron condenados por conspirar para cometer ataques incendiarios contra un vehículo y una propiedad vinculados al entonces primer ministro Keir Starmer. En 2024, además, servicios de inteligencia estadounidenses habrían alertado a Alemania sobre un plan ruso para asesinar a Armin Papperger, jefe de la empresa armamentística Rheinmetall, acusación que el Kremlin calificó en su momento de “otra noticia falsa” que no podía tomarse en serio.

El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, sostuvo tras el anuncio de los cargos: “Es nuestro trabajo detener a los adversarios de Estados Unidos para que no desaten violencia y terror en suelo estadounidense”. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió el miércoles que Moscú no hará comentarios hasta ver “pruebas creíbles” o “hechos tangibles”.

Este nuevo caso judicial se produce en un momento de acercamiento entre Washington y Moscú. El presidente Donald Trump ha adoptado un enfoque conciliador hacia su par ruso, Vladímir Putin, mientras busca reactivar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Hace pocas semanas, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó a Moscú para reunirse con figuras de los servicios de inteligencia rusos, un gesto inusual que generó especulaciones. Trump no detalló el contenido del encuentro y lo describió como “semirrutinario”.

A esto se suma una investigación publicada esta semana por ProPublica, que reveló que un oligarca ruso sancionado personalmente por Ucrania por sus vínculos con Putin, y que acompañó al presidente ruso en una reciente visita de Estado a China, pagó una celebración posterior a la boda de Donald Trump Jr. a comienzos de este año. La Administración Trump no se pronunció hasta el momento sobre si tomará medidas contra Rusia a partir de los nuevos cargos. Casos anteriores, como el intento de asesinato con un agente nervioso contra el exagente ruso Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido, derivaron en sanciones estadounidenses contra Moscú.