Tras declararse culpable, Alex Saab acordó pagar USD 195 millones y entregar información sobre altos funcionarios de Venezuela

Alex Saab, uno de los principales operadores económicos del ex dictador venezolano Nicolás Maduro, se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para el lavado de dinero y acordó colaborar con el Departamento de Justicia, entregar información completa sobre hechos que pueden involucrar a altos funcionarios venezolanos y pagar USD 195 millones. El pacto contempla que los fiscales recomienden una condena en el extremo inferior del rango previsto y soliciten reducciones adicionales si consideran que su cooperación tiene valor para otras investigaciones.

En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, durante el régimen de Maduro, participó junto con “altos funcionarios del Gobierno” en un “esquema ilegal” relacionado con sobornos y pagos ilícitos vinculados al programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado para distribuir alimentos básicos entre venezolanos de bajos ingresos. Parte del dinero fue transferido posteriormente a cuentas ubicadas en el sur de Florida.

El documento judicial identifica por nombre a cuatro personas relacionadas con el caso: Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Además, menciona a otros dos involucrados como “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, pero la Fiscalía estadounidense no reveló públicamente sus identidades.

El acuerdo también impone condiciones específicas a Saab para mantener los beneficios derivados de su cooperación. El documento establece que no podrá proteger a ninguna persona o entidad proporcionando información falsa u ocultando datos relevantes. Tampoco podrá acusar deliberadamente a alguien que no haya cometido los hechos que describa ante las autoridades. El pacto exige, además, que no incurra en nuevos delitos.

La colaboración constituye uno de los principales elementos del convenio alcanzado con los fiscales. El cargo por conspiración para el lavado de dinero contempla una pena máxima de 20 años de prisión, pero la Fiscalía aceptó recomendar una condena en la parte inferior del rango correspondiente. También puede solicitar una reducción adicional si la información suministrada por Saab permite avanzar en investigaciones o contribuye a obtener resultados contra otros acusados.

El empresario había adoptado inicialmente una posición diferente. El 24 de julio se declaró “no culpable” ante la Justicia estadounidense, pero posteriormente modificó su estrategia y aceptó reconocer responsabilidad penal. La nueva declaración fue presentada ante la jueza federal Kathleen Williams, en Miami.

La causa sostiene que Saab obtuvo millones de dólares mediante operaciones vinculadas con contratos del programa CLAP. Los fiscales describen una estructura que habría utilizado empresas para canalizar fondos, documentación comercial falsa y mecanismos destinados a ocultar el origen del dinero. Las operaciones incluían la importación de productos básicos desde países como Colombia y México.

Según la acusación, el esquema no se limitó al dinero procedente de los contratos alimentarios. La investigación también sostiene que los involucrados tuvieron acceso a recursos derivados de operaciones petroleras de la estatal venezolana PDVSA y utilizaron distintas estructuras empresariales para movilizar fondos fuera de los canales financieros tradicionales.

El caso actual es el segundo proceso penal que Saab enfrenta en Estados Unidos. En 2020 fue detenido en Cabo Verde durante una escala para reabastecer combustible y posteriormente extraditado a Estados Unidos. Allí enfrentó cargos relacionados con un supuesto esquema de lavado de dinero que, según las autoridades, habría permitido desviar unos USD 350 millones de Venezuela.

En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela. Saab regresó posteriormente a Venezuela, donde recuperó un lugar dentro de la estructura del régimen. Sin embargo, tras el cambio político ocurrido en Caracas, fue nuevamente detenido y terminó extraditado a Estados Unidos para enfrentar esta nueva causa.

Saab había ocupado además cargos dentro del régimen venezolano y durante años mantuvo acceso privilegiado a operaciones comerciales del chavismo. Su importancia aumentó después de la imposición de sanciones estadounidenses, que dificultaron el acceso de las autoridades venezolanas a bancos y mercados internacionales.

El acuerdo actual no establece públicamente cuáles serán las investigaciones concretas en las que Saab deberá colaborar ni qué otros funcionarios podrían quedar involucrados a partir de sus declaraciones. Tampoco identifica a Maduro como una de las personas mencionadas en el pacto. Sí deja establecido que Saab deberá proporcionar información verdadera y completa y que los fiscales podrán valorar el resultado de esa cooperación al momento de solicitar beneficios en su condena.

Durante la audiencia, Saab también informó que toma diariamente Zoloft y otros medicamentos y mencionó haber sufrido “trastorno de estrés postraumático” después de su arresto en 2020. Su proceso judicial entra ahora en una nueva etapa, determinada por el cumplimiento de las condiciones que aceptó al declararse culpable.