La familia de Charlie Kirk presentó un aviso de demanda por muerte culposa contra la Universidad del Valle de Utah (UVU), sus autoridades y el estado de Utah, en el que sostiene que una serie de decisiones negligentes dejó al activista conservador expuesto al disparo que le costó la vida el 10 de septiembre de 2025.
El documento, requisito previo obligatorio bajo la ley estatal antes de iniciar una acción formal, fue presentado la semana pasada. Allí se señala a la institución educativa, a su entonces presidenta Astrid Tuminez, al jefe de la policía universitaria Jeffrey Long, y al estado de Utah como responsables de no haber tomado medidas básicas de seguridad.
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Por su parte, la universidad tiene 60 días para responder. Tras ese plazo, la familia puede iniciar reclamos legales adicionales.
La UVU no tenía plan de seguridad escrito ni realizó una evaluación de riesgos
El 10 de septiembre de 2025, Kirk participaba en un debate abierto en un patio exterior del campus de la UVU, en Orem, ante unas 3.000 personas, cuando fue alcanzado por un disparo en el cuello efectuado desde el techo de un edificio a unos 122 metros (400 pies) de distancia. Era la primera parada de su gira universitaria “American Comeback”.
Según el aviso legal, la UVU no contaba con un plan de seguridad escrito ni realizó una reunión de seguridad antes de que Kirk llegara al campus.
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La institución tampoco llevó a cabo una evaluación de riesgos significativa antes de aprobar el patio exterior como sede del evento, pese a que ese espacio está rodeado de edificios altos y plataformas elevadas. Los abogados de la familia describen esa decisión como colocar a Kirk en un “pecera” al aire libre.
La seguridad de Kirk advirtió al jefe policial sobre los techos accesibles
Brian Harpole, jefe del equipo de seguridad contratado por Kirk, envió un mensaje de texto a Long dos días antes del evento para transmitirle una advertencia del capítulo estudiantil de Turning Point USA (TPUSA) en la UVU: los techos que rodean el patio donde Kirk planeaba hablar —específicamente el del Centro Sorensen— eran de fácil acceso para cualquier persona.
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“Si esto es cierto, sería bueno tener acceso controlado o permitir que uno de mis hombres esté allí también. Si es posible”, escribió Harpole, según constó en el aviso legal. La respuesta de Long fue: “Ya me encargué”.
El 10 de septiembre, el acusado Tyler Robinson —de 23 años en ese momento— disparó desde el techo del Centro Losee, un edificio contiguo al Centro Sorensen.
De acuerdo con los fiscales, los videos de vigilancia captaron a Robinson caminando hasta una barandilla del techo por la mañana y retirándose, para volver horas después y arrastrarse hasta lo que la fiscalía denominó una “posición de francotirador” antes de abrir fuego. Los abogados de la familia sostienen que, si la UVU hubiera cumplido lo prometido por Long, el asesinato habría sido evitable.
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La dotación policial fue insuficiente y no se coordinó con fuerzas externas hasta el disparo
La UVU destinó solo seis agentes uniformados y dos de civil al evento, lo que equivale a aproximadamente un cuarto de su fuerza policial. Según el aviso, Long solicitó más personal, pero Tuminez rechazó ese pedido. La institución no coordinó con las fuerzas del orden de Orem ni de la vecina Provo hasta después del disparo fatal.
El campus tampoco desplegó drones para monitorear los techos, no vigiló las cámaras de seguridad en tiempo real y no instaló detectores de metales ni controles de bolsos en un evento que reunió a miles de personas.
Cuando Kirk fue herido, no había primeros efectivos inmediatamente disponibles en el lugar; el activista fue trasladado al Hospital Regional Timpanogos en un vehículo privado, no en una ambulancia.
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Robinson enfrenta la pena de muerte: el juicio aún no tiene fecha
Robinson se entregó a las autoridades un día después del asesinato. Los fiscales informaron que le dijo a su pareja que “ya había tenido suficiente del odio” de Kirk y que el estado de Utah argumentó que actuó motivado por las creencias políticas de la víctima, con plena conciencia de que había niños presentes.
Entre las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar de julio figuran videos de vigilancia que ubican a Robinson en el campus, pruebas de ADN que vinculan al acusado con un rifle hallado cerca del lugar del asesinato y una nota manuscrita que, según los fiscales, Robinson dejó para su pareja: “Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk, y la aproveché”.
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Robinson está acusado de asesinato agravado, delito que lo hace elegible para la pena de muerte si es declarado culpable. El 1 de septiembre, un juez ordenó que el caso avanzara hacia el juicio; la fecha de inicio aún no fue fijada.
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