Las plantas de energía que funcionan con combustibles fósiles son la segunda fuente más grande de emisiones de dióxido de carbono en Estados Unidos, solo detrás del transporte.
Durante años, distintas administraciones intentaron ponerles límites. Este lunes, el Gobierno de Trump decidió eliminarlos por completo.
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La Agencia de Protección Ambiental (EPA) anuló las regulaciones aprobadas durante la gestión de Joe Biden, que obligaban a las plantas de carbón y a las nuevas instalaciones de gas natural a reducir sus emisiones de CO₂ de forma sustancial a partir de la década de 2030. El dióxido de carbono es el principal impulsor del calentamiento global.
El administrador de la EPA, Lee Zeldin, calificó la medida como la acción desreguladora más importante en la historia del sector energético del país.
También anunció que la agencia propone derogar todos los estándares restantes de emisiones para plantas de energía. “Todos”, subrayó.
Zeldin anunció la medida en Houston ante la Cumbre de Energía del G20
Zeldin presentó la decisión en una conferencia de prensa en Houston, donde Estados Unidos alberga la Cumbre de Energía del G20. “Los días de Biden y Obama trabajando para destruir el gas natural y el carbón terminaron”, afirmó ante los presentes.
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La EPA argumentó que las restricciones de la era Obama-Biden derivaron en precios de energía más altos e impidieron que el país alcanzara su pleno potencial energético.
Sin embargo, la firma de servicios financieros Lazard, citada por NPR, sostiene que los grandes proyectos de energía solar y eólica ya ofrecen costos más competitivos que los de gas natural y carbón.
La decisión llega en el año más caluroso de la historia registrada
La medida se anuncia en un momento especialmente sensible: el mes pasado fue el más caluroso jamás registrado a nivel global, producto del cambio climático y del desarrollo de un patrón climático de El Niño.
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“2026 va camino a ser el año más cálido en la historia registrada”, aseguró Michael Gerrard, profesor de derecho en la Universidad de Columbia y director del Centro Sabin para el Derecho del Cambio Climático, en declaraciones recogidas por NPR. “Y aún no hemos visto nada”, completó.
Gudrun Thompson, abogada sénior del Centro de Derecho Ambiental del Sur (Southern Environmental Law Center), advirtió en declaraciones a NPR que el impacto de la medida va más allá del clima: “Estas reglas son realmente importantes, y no solo para nuestro clima, sino también para proteger la salud pública de los peligros de la contaminación local del aire”.
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Los grupos ambientalistas anunciaron que impugnarán la decisión ante los tribunales.
Un ciclo de avances y retrocesos que se repite desde 2014
La regulación de las emisiones de CO₂ de las plantas de energía tiene una historia legal compleja. En 2007, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó, en el caso Massachusetts v. EPA, que la agencia tiene la obligación de regular el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act).
Dos años después, en 2009, la EPA emitió su “hallazgo de peligro” (endangerment finding), que clasificó formalmente la contaminación por gases de efecto invernadero como una amenaza para la salud humana.
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En 2014, la administración Obama propuso el “Plan de Energía Limpia” (Clean Power Plan), destinado a reducir las emisiones de CO₂ de las plantas en un 32% respecto a los niveles de 2005 para el año 2030.
El plan nunca entró en vigor por obstáculos legales, aunque el país igualó ese objetivo mucho antes de la fecha prevista, gracias al reemplazo de plantas de carbón por instalaciones de gas natural y al crecimiento de las energías renovables.
Durante el primer mandato de Trump, el Clean Power Plan fue reemplazado por la llamada regla de “Energía Limpia Asequible” (Affordable Clean Energy), que permitía a las plantas emitir más contaminación climática.
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Biden llegó al poder en 2021 con la agenda climática más ambiciosa de cualquier candidato de un partido mayoritario en la historia del país, con el objetivo de eliminar la contaminación climática del sector eléctrico para 2035.
En 2022, la Corte Suprema volvió a intervenir y restringió las facultades de la EPA para obligar a toda la industria generadora a abandonar los combustibles fósiles sin una ley específica que lo respaldara.
Ante ese escenario, la agencia diseñó regulaciones planta por planta, convencida de que esa estrategia resistiría el escrutinio de un tribunal de mayoría conservadora.
La actual administración Trump decidió, finalmente, eliminar esos límites.
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