En 2022, miles de familias en Estados Unidos vaciaron las góndolas en busca de fórmula infantil mientras Abbott Laboratories retiraba del mercado sus principales marcas por riesgo de contaminación bacteriana.
Cuatro años después, la empresa fabricante de Similac cerró esa deuda con el Estado con un acuerdo civil de casi USD 385 millones con el Departamento de Justicia (DOJ), sin admitir culpa y sin enfrentar cargos penales.
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El acuerdo se canalizó a través de la False Claims Act, una ley federal que habilita al gobierno a reclamar daños cuando una empresa defrauda a programas estatales.
El DOJ sostuvo que Abbott indujo a esos programas a comprar fórmula fabricada en condiciones que, según consta en los documentos del caso, ponían los productos “en un riesgo inaceptable de contaminación por microorganismos”.
El DOJ optó por la vía civil pese a que los fiscales querían cargos penales
La causa tuvo una arista que generó controversia interna en el propio gobierno. Fiscales federales intentaron avanzar con cargos por delitos graves contra Abbott y contaron con el respaldo de Tysen Duva, el fiscal general adjunto de la División Criminal del DOJ. Sin embargo, los líderes de la institución bloquearon esa vía.
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Un alto funcionario del DOJ afirmó ante CBS News en febrero que la resolución civil era “el mejor mecanismo para lograr responsabilidad, disuasión y protección del público”.
La compañía, por su parte, sostuvo que el acuerdo “no representa ningún hallazgo de culpa o responsabilidad”.
La planta ocultó resultados de contaminación a la FDA durante años
Las acusaciones del DOJ apuntaron a prácticas deliberadas dentro de la planta de Sturgis. Según la institución, Abbott no tomó medidas para reparar filtraciones en el techo y recurrió a “soluciones temporales” que dejaron los productos expuestos al riesgo de contaminación microbiológica.
Además, el DOJ aseguró que la empresa “intencionalmente no realizaba pruebas para detectar crecimiento bacteriano” con el fin de evitar resultados positivos.
En los casos en que las pruebas sí arrojaron indicios de microcontaminación, Abbott no informó esos resultados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) durante las inspecciones de 2019 y 2022.
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Stanley Woodward, fiscal general asociado, fue directo al respecto: “Ninguna empresa debería apostar con la salud y la seguridad de los bebés del país al permitir que condiciones insalubres persistan en una planta que fabrica fórmula infantil”, afirmó.
El retiro de 2022 disparó la crisis y derivó en una investigación del Congreso
El origen del caso se remonta a 2022, cuando Abbott retiró del mercado varias de sus marcas de fórmula en polvo más populares, entre ellas Similac.
El retiro se produjo tras denuncias de familias que asociaron enfermedades en sus bebés con productos elaborados en esa planta.
La compañía aclaró que las pruebas realizadas por reguladores gubernamentales sobre envases cerrados de fórmula provenientes de los hogares de los bebés investigados dieron resultado negativo para Cronobacter sakazakii, la bacteria señalada como responsable.
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El cierre de la investigación penal no pasó sin consecuencias políticas. En julio de 2026 Adam Schiff, el senador por California, inició una indagación parlamentaria sobre la decisión del DOJ.
“Si enjuiciar casos que involucran riesgo de lesiones o muerte en bebés prematuros no es una prioridad, tengo preguntas sobre qué prioridades considera dignas el DOJ”, escribió Schiff en una carta al Fiscal General Todd Blanche.
El caso de Abbott se inscribe en un patrón más amplio. También en 2026, el DOJ permitió que Alibaba firmara un acuerdo de no enjuiciamiento y pagara USD 600 millones.
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Pese a que los fiscales a cargo consideraban tener pruebas de que la empresa era responsable de delitos graves al permitir la venta de drogas peligrosas, químicos y prensas para pastillas a clientes estadounidenses durante ocho años.
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