Un juez federal permitió que Utah aplique sus leyes contra el juego en el mercado de predicciones Kalshi

Un juez federal habilitó a Utah a aplicar sus leyes contra el juego sobre plataformas de mercados de predicción como Kalshi y Polymarket, en un fallo que refuerza la capacidad de los estados para limitar estas operaciones mientras sigue abierta la disputa sobre si se trata de actividad financiera o de apuestas. Según informó Associated Press, la decisión también profundiza un mapa judicial dividido en Estados Unidos.

La resolución la firmó el martes el juez federal Robert Shelby, quien rechazó el pedido de Kalshi para bloquear de forma anticipada las restricciones estatales. De acuerdo con el reporte de AP, el magistrado concluyó que la ley federal invocada por la empresa no impide que Utah haga valer su normativa local. The Salt Lake Tribune añadió que Shelby incluso fue más allá de negar la cautelar y concedió un fallo sumario a favor del estado.

El caso enfrenta dos criterios regulatorios. Kalshi sostiene que los mercados de predicción quedan bajo jurisdicción exclusiva de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la agencia federal que regula los mercados financieros y que respaldó a la compañía en tribunales.

Utah, en cambio, argumenta que estos contratos funcionan como apuestas prohibidas por su legislación, en especial cuando permiten especular sobre hechos concretos dentro de eventos deportivos, elecciones o hasta el clima.

En términos prácticos, el fallo no obligó de inmediato a cerrar la plataforma en el estado, pero sí dejó a Utah en condiciones de avanzar con medidas de control o sanción. Los residentes todavía pueden operar en Kalshi y en servicios similares, aunque esa situación puede cambiar si la fiscalía estatal decide actuar.

La disputa central pasa por definir si esos contratos constituyen instrumentos financieros regulados por Washington o apuestas sujetas a las prohibiciones estatales.

Qué resolvió el juez y qué cambia para Utah

En su decisión, Shelby sostuvo que resultaría incoherente interpretar que el Congreso permite a los estados aplicar sus leyes sobre juego, pero al mismo tiempo los obliga a dar acceso a contratos sobre eventos que encajan dentro de esas prohibiciones. The Salt Lake Tribune citó ese razonamiento como uno de los ejes del fallo, que fortaleció la posición del gobernador Spencer Cox y del fiscal general Derek Brown.

Brown celebró el resultado y anticipó que hará cumplir la ley estatal. “El juego es juego, independientemente del nombre que le dé cualquier empresa”, afirmó. El funcionario también remarcó, de acuerdo con The Salt Lake Tribune, que ofrecer juego online en el estado puede constituir un delito grave de tercer grado y que su oficina evalúa todas las opciones disponibles.

La pelea judicial había comenzado en febrero, cuando Kalshi demandó a Utah para impedir que el estado tomara medidas contra su actividad. La presentación coincidió con el avance de una ofensiva legislativa local. En marzo, Cox promulgó la ley HB243, que aclaró que apostar sobre “una acción individual, estadística, ocurrencia o no ocurrencia” encuadra como juego bajo la ley estatal.

Ese punto tiene un peso económico central. La norma apunta a las llamadas apuestas de proposición en deportes, una fuente relevante de ingresos para varias plataformas de mercados de predicción. En esos contratos, el usuario no apuesta al resultado general de un partido, sino a hechos puntuales que pueden ocurrir dentro del juego.

Apelación de Kalshi y el choque entre estado y gobierno federal

Tras la derrota en primera instancia, Kalshi anunció que apelará ante el Tribunal de Apelaciones del 10º Circuito, con sede en Denver. La empresa dijo que no comparte el criterio de Shelby y mantuvo su posición de que la actividad pertenece al ámbito federal, no a una red fragmentada de leyes estatales sobre apuestas.

La CFTC coincide con esa lectura y defendió en tribunales la continuidad de estos mercados. La discusión, de fondo, excede a una sola empresa. El litigio examina hasta dónde llega la autoridad federal sobre contratos basados en eventos y dónde empieza la potestad de los estados para prohibir actividades que consideran juego.

Ese conflicto ya produjo resultados opuestos en distintos tribunales. Según detalló Associated Press, cortes de Maryland, Nevada, Ohio, Nueva York y Wisconsin fallaron contra Kalshi en casos similares. En cambio, jueces de Nueva Jersey, Tennessee, Arizona y Minnesota adoptaron decisiones favorables a la compañía.

The Salt Lake Tribune precisó que existen batallas judiciales en al menos 17 estados y que, en varios de los territorios donde enfrenta restricciones, Kalshi aplica geofencing para limitar qué contratos pueden usar los clientes.

En Michigan, su operación deportiva quedó frenada por una orden temporal. En Nevada perdió la posibilidad de ofrecer contratos sobre deportes, elecciones y entretenimiento. En Washington entró en vigor una restricción el miércoles.

Contexto político y dimensión nacional del conflicto

El litigio también quedó atravesado por la política nacional. La administración de Donald Trump mostró apoyo a los mercados de predicción. El hijo mayor del presidente figura como asesor de Kalshi y Polymarket, además de inversor en esta última a través de su firma de capital de riesgo. A eso se suma el lanzamiento de Truth Predict, un mercado de predicción con base en criptomonedas vinculado a Truth Social.

En Utah, la resistencia tiene una raíz local más profunda. La dirigencia estatal presenta la ofensiva contra estas plataformas como una defensa moral frente al juego. Esa postura se vincula con la influencia cultural de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en el estado, que considera el juego un vicio asociado con egoísmo y adicción.

Cox celebró el fallo con ese argumento en redes sociales: “Los mercados de predicción son apuestas, y punto. Están causando un daño tremendo a innumerables familias estadounidenses”. El senador republicano John Curtis también sostuvo que las empresas no pueden eludir la prohibición constitucional de Utah por operar como bolsas registradas a nivel federal.

La American Gaming Association, que representa a operadores tradicionales del juego, respaldó igualmente la sentencia. Su portavoz afirmó que la autoridad para regular el juego recae en los estados y apoyó la posición de Brown y de otros fiscales estatales.

Con apelaciones en marcha y fallos cruzados en distintos distritos, el próximo tramo del conflicto apunta a tribunales federales superiores y, con el tiempo, a la Corte Suprema de Estados Unidos o al Congreso.