Nueva York demandó a Kalshi por operar un sistema de apuestas que, según el estado, funciona como juego ilegal sin licencia y expone a residentes, incluidos jóvenes menores de 21 años, a riesgos financieros y personales. La demanda fue anunciada por la fiscal general estatal Letitia James y por la gobernadora Kathy Hochul, informaron CBS News y Reuters.
La acción judicial busca frenar su actividad, devolver dinero a usuarios afectados, decomisar ganancias y aplicar multas que podrían ascender al triple de lo obtenido en el estado.
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De acuerdo con la presentación judicial citada por Reuters, los daños, costos, restituciones y sanciones civiles podrían sumar al menos USD 36.000 millones, una cifra superior a la valuación reportada de USD 22.000 millones de la empresa.
La demanda sostiene que Kalshi ofrece apuestas sin licencia y permite operar a menores
Para el estado, Kalshi encaja en la definición legal de juego de azar: los usuarios arriesgan dinero sobre resultados inciertos que no controlan, como quién ganará el Super Bowl o el programa Big Brother.
“Sin importar cómo se llamen, los mercados de predicción como Kalshi son plataformas de apuestas, lisa y llanamente”, afirmó James en un comunicado.
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La demanda añade que la compañía no posee licencia de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York “en ninguna capacidad”. Al no contar con licencia, Kalshi evita obligaciones fiscales que sí cumplen los casinos autorizados y las plataformas legales de apuestas deportivas móviles. Esa recaudación financia escuelas públicas, programas deportivos para jóvenes vulnerables y servicios de educación y tratamiento contra la ludopatía.
A su vez, se expone que la empresa permite usar su plataforma a personas de entre 18 y 20 años. Ese punto agrava el conflicto porque la legislación de Nueva York fija en 21 años la edad mínima para participar en apuestas deportivas móviles. La oficina estatal sostiene que esa exposición temprana al juego en línea puede afectar el bienestar mental y financiero de los jóvenes.
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La gobernadora Hochul expresó: “Kalshi ha optado por ignorar las leyes de juego de Nueva York, que existen para proteger a los consumidores, prevenir la ludopatía, financiar servicios públicos esenciales y garantizar que todas las empresas cumplan las mismas normas. Esta decisión tiene consecuencias”.
Por su parte, Kalshi, con sede en la ciudad de Nueva York, respondió que la demanda es “teatro político”. La portavoz de la empresa, Elisabeth Diana, explicó a CBS News: “Los estados no pueden simplemente cerrar una plataforma de intercambio con licencia federal. Esto también perjudicaría a los neoyorquinos, que se verían obligados a buscar opciones en el extranjero. Amamos Nueva York, amamos a los neoyorquinos y los neoyorquinos aman nuestro producto”.
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La compañía también intentó trasladar el caso a la justicia federal de Manhattan horas después de la presentación de James, precisó Reuters.
El caso amplía la disputa entre los estados y el regulador federal
La popularidad de plataformas como Kalshi y Polymarket se disparó después de la elección presidencial de 2024 en Estados Unidos. Un informe del Pew Research Center reveló que el volumen global combinado de operaciones mensuales en ambas pasó de menos de USD 5.000 millones en septiembre de 2025 a cerca de USD 24.000 millones en abril de 2026.
Por consiguiente, la pelea judicial va más allá de Nueva York y se inserta en una batalla más amplia sobre quién debe regular esta industria en rápido crecimiento: los estados o el gobierno federal, indicó CBS News.
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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) argumenta que el Congreso le otorgó jurisdicción exclusiva sobre los mercados de predicción y ya inició acciones legales contra al menos nueve estados, entre ellos Nueva York, para impedirles regular estas plataformas.
Los estados de Massachusetts, Michigan, Nevada y Washington ya obtuvieron órdenes judiciales que restringen las actividades de Kalshi en sus territorios.
Asimismo, la CFTC pidió a dos jueces federales que unifiquen la demanda de Nueva York con su propia causa, con el argumento de que el estado intenta sacar del negocio a un mercado de contratos designado bajo supervisión federal y poner en riesgo a toda la industria.
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En paralelo, un tribunal federal de apelaciones en Manhattan rechazó un pedido de Kalshi para frenar la actividad de control del estado mientras apela una decisión anterior de la jueza federal Analisa Torres.
El 8 de julio, Torres se negó a conceder una medida cautelar contra Nueva York y consideró que el interés estatal en prevenir la adicción al juego, preservar la integridad del deporte y evitar la proliferación de contratos no regulados pesaba más que los argumentos de la empresa sobre la primacía de la ley federal y los problemas tecnológicos “insolubles” para sus clientes.
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