El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este lunes una flexibilización temporal de parte de su régimen de supervisión financiera sobre las operaciones autorizadas relacionadas con Venezuela, con el objetivo de facilitar el flujo de recursos destinados a la asistencia humanitaria y a la reconstrucción del país tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio. La decisión busca ofrecer mayor margen de actuación a bancos e instituciones financieras estadounidenses que participen en transacciones permitidas por la normativa vigente.
La disposición, que entró en vigor este 27 de julio y permanecerá vigente hasta el 29 de enero de 2027, establece que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no iniciará acciones de cumplimiento contra entidades financieras que presten servicios vinculados con operaciones autorizadas para apoyar la recuperación venezolana durante ese período.
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Según explicó el Departamento del Tesoro, la medida pretende reducir las dificultades regulatorias que pueden surgir cuando las instituciones financieras procesan pagos o servicios relacionados con programas de reconstrucción, asistencia humanitaria y recuperación económica en un país que continúa sujeto a un amplio régimen de sanciones estadounidenses.
El organismo precisó que la flexibilización no supone el levantamiento de las sanciones vigentes ni modifica las restricciones administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Asimismo, aclaró que las entidades financieras deberán mantener sus programas de prevención del lavado de dinero y continuar aplicando los mecanismos de control exigidos por la legislación estadounidense.
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El Tesoro también subrayó que la protección anunciada no alcanzará a quienes incurran en incumplimientos deliberados de la normativa financiera. En ese sentido, indicó que la decisión está dirigida únicamente a facilitar operaciones previamente autorizadas y no constituye una exención general frente a las obligaciones legales existentes.
La medida llega después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio. Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron graves daños en distintas zonas del país, convirtiéndose en uno de los desastres naturales más severos de la historia reciente venezolana.
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El impacto económico también ha sido significativo. Un informe del Banco Mundial divulgado el 23 de julio estimó que las pérdidas y necesidades de reconstrucción ascienden a unos 19.600 millones de dólares, una cifra que, según el organismo, podría retrasar durante varios años la recuperación económica del país.
En ese contexto, la flexibilización anunciada por Washington busca facilitar que los recursos destinados a programas de asistencia puedan canalizarse con menos obstáculos administrativos, al ofrecer mayor seguridad jurídica a las instituciones financieras que intervengan en operaciones autorizadas.
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Las sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela comenzaron con medidas selectivas contra funcionarios del régimen en 2015, durante la administración de Barack Obama. Posteriormente, Washington amplió las restricciones económicas a partir de 2017 y endureció el régimen sancionatorio en 2019, incluyendo limitaciones sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otras áreas estratégicas de la economía.
Desde entonces, el Departamento del Tesoro ha recurrido en distintas ocasiones a licencias específicas y excepciones limitadas para permitir determinadas actividades que considera compatibles con los objetivos de su política de sanciones. Entre ellas han figurado autorizaciones relacionadas con operaciones energéticas, transacciones financieras concretas y programas de carácter humanitario.
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La nueva decisión mantiene ese esquema de excepciones puntuales. El Tesoro insistió en que las instituciones financieras seguirán obligadas a cumplir las disposiciones vigentes y recordó que la flexibilización anunciada responde exclusivamente a la necesidad de facilitar las operaciones autorizadas destinadas a respaldar la recuperación de Venezuela tras la emergencia provocada por los terremotos.
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