Un tribunal federal limitó a 90 días la detención de migrantes sin audiencia ante un juez, un fallo que recorta una de las herramientas centrales de la política migratoria de Trump. La decisión la emitió el 3 de julio el 5º Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, y puede beneficiar a miles de personas detenidas por ICE en Texas y Louisiana.
En la práctica, el fallo significa esto: el gobierno no puede mantener a un migrante encerrado de forma indefinida sin darle la oportunidad de presentarse ante un juez y pedir su liberación bajo fianza. Pasados 90 días de detención, esa audiencia es obligatoria. Sin ella, la detención es inconstitucional.
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Qué reclamaba el gobierno y por qué el tribunal lo frenó
La ley federal clasifica a los “solicitantes de admisión” como personas sujetas a detención obligatoria mientras tramita su caso migratorio, sin derecho a audiencia de fianza. Durante décadas, esa categoría se aplicó solo a quienes llegaban a la frontera.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rompió con ese criterio el año pasado: sostuvo que los extranjeros que ya vivían en el país también califican como “solicitantes de admisión”. Con esa reinterpretación, el gobierno extendió la detención obligatoria a una población mucho más amplia.
El Board of Immigration Appeals, dependiente del Departamento de Justicia, adoptó esa postura en septiembre. Desde entonces, jueces de inmigración en todo el país comenzaron a ordenar detenciones sin audiencia de fianza.
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El argumento que inclinó la balanza: la Constitución protege a todos
El juez Leslie Southwick, designado por el presidente republicano George W. Bush, redactó la opinión mayoritaria con un argumento directo: la Quinta Enmienda garantiza el debido proceso a toda persona dentro del territorio nacional, sin importar su estatus migratorio.
La Corte Suprema ya lo había establecido en 2001. Los casos del fallo involucran a dos ciudadanos mexicanos y a uno hondureño detenidos en la jurisdicción del tribunal.
“Es parte de la majestuosidad histórica de esta carta fundacional que no establece excepciones para garantizar derechos básicos a quienes se encuentran dentro de nuestras fronteras, incluido el derecho a ser escuchado cuando se priva de la libertad personal”, escribió Southwick, según informó la agencia Reuters.
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El voto en contra: una disputa sobre quién manda en migración
El juez Cory Wilson, designado por Trump, fue el único en disentir. Su argumento no niega los derechos individuales, sino que cuestiona quién tiene autoridad para definirlos en materia migratoria.
“La mayoría marginaliza la concesión expresa de autoridad plena sobre asuntos migratorios que la Constitución otorga al Congreso”, escribió Wilson.
Es una postura que el gobierno comparte: que los tribunales no deben interferir en decisiones que la ley reserva al poder legislativo.
Qué dicen el gobierno y los migrantes
Las reacciones al fallo fueron opuestas:
DHS expresó su desacuerdo y señaló que el gobierno “confía en su posición legal respecto a la detención obligatoria”. Reuters precisó que en portavoz recordó además que la administración ya pidió la semana pasada a la Corte Suprema que intervenga en el tema.
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American Immigration Council, que representa a los migrantes, celebró la decisión. Su abogada Rebecca Cassler afirmó, según la misma agencia de noticias, que “la cláusula del debido proceso no permite al gobierno encerrarlos indefinidamente”.
El siguiente paso: la Corte Suprema
Los tribunales de apelación del país están divididos sobre si la reinterpretación del DHS es válida. Esa fractura llevó a la administración Trump a pedir que la Corte Suprema resuelva el conflicto.
El fallo del jueves suma presión a esa solicitud. En febrero, un panel distinto del mismo 5º Circuito había avalado la interpretación del gobierno sobre quiénes son “solicitantes de admisión”, pero no se pronunció entonces sobre sus consecuencias constitucionales.
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El jueves completó ese análisis, y el resultado fue adverso para la Casa Blanca.
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