Un tribunal de Estados Unidos anuló la ley de Florida que prohibía debatir sobre raza y género en las universidades

Un tribunal federal de apelaciones anuló el martes la sección universitaria de la Stop Woke Act de Florida, la ley impulsada por el gobernador Ron DeSantis en 2022 que prohibía a los profesores de instituciones públicas enseñar o comentar ciertos conceptos sobre raza y género. El fallo del Tribunal de Apelaciones del 11° Circuito llegó por 2 votos contra 1 y representa el golpe judicial más directo hasta ahora contra uno de los ejes de la agenda educativa del gobernador republicano.

La decisión refuerza una medida cautelar que un tribunal de distrito había dictado en noviembre de 2022 e impide que la ley restrinja lo que los profesores universitarios pueden decir en sus aulas. Para los docentes y estudiantes de las universidades públicas de Florida, el efecto práctico es inmediato: los profesores recuperan la libertad de abordar en clase los temas que la ley les había vedado.

Qué prohibía la Stop Woke Act

La ley, formalmente llamada Individual Freedom Act, apuntaba a ocho conceptos vinculados a raza, género e identidad. Entre ellos, la idea de que una raza, color, origen nacional o sexo es superior a otro; la noción de que alguien carga con responsabilidad colectiva por actos históricos cometidos por personas de su mismo grupo; y la premisa de que a alguien se lo debe tratar peor para alcanzar objetivos de diversidad, equidad e inclusión.

El estado argumentó que la ley no prohibía la discusión de esos conceptos, sino solo su promoción. Como el estado paga los salarios de los profesores, sostuvo Florida, puede restringir lo que esos profesores promueven en clase.

El argumento que tumbó la ley

El tribunal rechazó ese razonamiento de forma categórica. La jueza Britt Grant, designada por Donald Trump y autora de la opinión mayoritaria, describió la postura del estado como una “afirmación asombrosa de poder para prohibir ideas impopulares del discurso público en los mismos lugares que los propios estatutos del estado reconocen como centros de indagación”.

Grant y el juez Charles Wilson —designado por el expresidente demócrata Bill Clinton— calificaron la ley como “discriminación por punto de vista” (viewpoint discrimination). El tribunal también acusó al estado de “ventriloquia” (puppeteering): convertir a los profesores en portavoces del gobierno al controlar lo que pueden decir o enseñar.

“Porque el gobierno paga los salarios de los profesores, Florida dice que el discurso de ellos es el discurso del estado”, escribió Grant. “Enfáticamente, no.”

El fallo agregó: “Las ideas que Florida apunta pueden ser nocivas. O quizás no. De cualquier manera, en este contexto la Primera Enmienda confía en que los estudiantes lo descubran por sí mismos”.

Una mayoría que cruzó líneas partidarias

Uno de los datos que más llamó la atención fue la composición del voto mayoritario. Las tres integrantes del panel no se dividieron según la línea política de quien las designó: Grant y Lagoa llegaron al tribunal por designación de Trump; Wilson, por Bill Clinton. La mayoría la formaron Grant —de designación republicana— y Wilson —de designación demócrata—, lo que derrumbó la lectura de que el fallo respondería a un alineamiento ideológico predecible.

La jueza Barbara Lagoa, también designada por Trump, votó en disidencia y avaló el argumento del estado. “La Primera Enmienda protege todos los puntos de vista en la plaza pública, sean convencionales o controvertidos. Pero no obliga a que todos los puntos de vista merezcan el respaldo del estado”, escribió Lagoa.

Las voces que celebraron el fallo

LeRoy Pernell, profesor de la Facultad de Derecho de la Florida A&M University y demandante en el caso, fue el primero en reaccionar. “El tribunal detuvo la eliminación de temas que tienen implicancias reales para nuestros estudiantes, y les permite aprender y discutir herramientas para combatir el racismo sin que los amordacen quienes dictarían que solo el pensamiento aprobado por el estado puede promoverse”, dijo en un comunicado.

Jin Hee Lee, directora de iniciativas estratégicas del Legal Defense Fund, calificó la Stop Woke Act de intento “flagrante” de la administración DeSantis por imponer los puntos de vista de quienes están en el poder. “No es casualidad que esta ley estatal apuntara a censurar las perspectivas de las personas negras y de la comunidad LGBTQ+”, afirmó Lee.

Carrie McNamara, abogada de la ACLU de Florida, también celebró la decisión. “El 11° Circuito garantizó que nuestro sistema de educación superior se rija por el principio de la libertad de expresión, no por la censura gubernamental”, señaló.

El antecedente que ya marcaba el camino

Este fallo no llegó de la nada. El mismo tribunal había bloqueado en 2024 la sección laboral de la Individual Freedom Act —la que restringía las conversaciones sobre raza y género en los lugares de trabajo— con argumentos similares: el estado intentaba, de forma inconstitucional, reencuadrar el discurso protegido como conducta que podía prohibir.

La administración DeSantis y el fiscal general del estado, James Uthmeier, no emitieron ninguna reacción pública al fallo.