La reciente adquisición de dos centros de detención de inmigrantes en California por parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) representa un giro relevante en la estrategia migratoria federal.
El DHS destinó USD 1.500 millones a la compra del California City Detention Facility y el Otay Mesa Detention Center, reforzando así la infraestructura federal para la retención de migrantes en un estado donde las alianzas con organismos locales son limitadas.
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La operación, oficializada por la empresa penitenciaria CoreCivic, reconfigura la relación entre el sector público y privado en la gestión de la detención migratoria y sitúa el tema bajo el foco político y social.
Un cambio estratégico federal
La operación incluye el California City Detention Facility, con 2.560 camas, y el Otay Mesa Detention Center de San Diego, con 1.994 plazas.
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Ambas instalaciones estaban bajo la gestión de CoreCivic y pasaron a manos federales el 2 de julio, tal y como informó Los Angeles Times.
La compañía, con sede en Tennessee, prevé ingresos netos de USD 1.100 millones tras impuestos y gastos derivados de la venta.
Según Ryan Gustin, portavoz de CoreCivic, este tipo de transacciones no resulta inusual dentro del sector y el proceso “se caracterizó por rigor e integridad”. Añadió que la tasación fue realizada por peritos independientes, conforme exige el gobierno federal, para garantizar un valor justo de mercado.
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Además, la empresa confirmó que mantiene negociaciones con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para la posible venta de otras instalaciones, aunque estas gestiones permanecen en fases preliminares.
La continuidad operativa de los centros se mantiene tras la compra. CoreCivic seguirá administrando ambos complejos bajo los contratos existentes con ICE, los cuales, de acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), permanecen vigentes hasta agosto de 2027 en el caso de California City y hasta diciembre de 2029 para Otay Mesa, con opción de prórroga por cinco años más.
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Patrick Swindle, director ejecutivo de la compañía, afirmó que “la operación refleja el valor de la cartera inmobiliaria de la empresa y su rol como proveedor de soluciones flexibles y de largo plazo para el gobierno”.
Contexto político y financiero
La disponibilidad de fondos para la compra se debe a la ley fiscal impulsada por la administración Trump, que asignó USD 170.000 millones al DHS y permitió ampliar la capacidad federal de detención.
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Un portavoz del departamento detalló que estos recursos posibilitaron a ICE expandir el espacio disponible para cumplir con la promesa presidencial de intensificar las deportaciones. “A diferencia de Florida y Oklahoma, ICE no puede depender de socios estatales y locales para el alojamiento de detenidos en California”, aseguró el funcionario a Los Angeles Times.
La adquisición se interpreta también como respuesta a las restricciones regulatorias y políticas impuestas en California. El portavoz de DHS señaló que la propiedad federal de los centros surge ante la ofensiva legislativa estatal para prohibir o encarecer el funcionamiento de prisiones privadas.
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Sostuvo que, bajo titularidad federal, ICE mantiene la capacidad esencial para arrestar, retener y expulsar a personas en situación migratoria irregular.
Supervisión y debate público
El traspaso de la propiedad a manos federales generó críticas entre defensores de derechos humanos y representantes estatales. Sostienen que la federalización de los centros busca eludir la supervisión estatal y local.
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Esta preocupación también emergió en la presentación de resultados trimestrales de GEO Group, otra relevante empresa del sector privado penitenciario.
Durante dicha presentación, George Zoley, director ejecutivo de GEO Group, argumentó que la propiedad federal otorga “mayores protecciones frente a litigios que interfieren con las actividades de los centros de ICE”.
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Zoley indicó que la defensa jurídica de las instalaciones se fortalece bajo este esquema y que la intervención estatal se ve limitada. Añadió que la intervención de los estados en la supervisión de servicios médicos y alimentarios, así como en la limpieza, motivó la búsqueda de soluciones que consolidan la autonomía del gobierno federal.
En el pasado, California intentó expulsar a los operadores privados, pero la ley de 2020 fue revocada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Posteriormente, las autoridades estatales diseñaron mecanismos de control que facultan al Departamento de Justicia de California y a las autoridades sanitarias locales para monitorear e investigar las condiciones en los centros.
Durante la primera administración de Trump, California aprobó una ley que exige supervisión estatal sobre las instalaciones migratorias. Según Los Angeles Times, desde 2019 el Departamento de Justicia publicó cinco informes sobre estos centros.
Capacidad, denuncias y perspectivas
Actualmente, California cuenta con ocho centros de detención de ICE que, en conjunto, pueden albergar cerca de 9.000 personas.
Los centros de California City y Otay Mesa fueron objeto de demandas de detenidos por presunto maltrato, acusaciones rechazadas por CoreCivic, que sostiene cumplir con todas las regulaciones aplicables. Más de 300 personas firmaron cartas de queja, de acuerdo con la California Collaborative for Immigrant Justice.
Al referirse a la operación, el senador Alex Padilla manifestó que sus inspecciones en centros gestionados por CoreCivic evidencian la retención de inmigrantes sin antecedentes de peligrosidad en “condiciones inaceptables”.
Padilla remarcó que “ya sea bajo gestión privada o federal, las expectativas de transparencia, rendición de cuentas y trato humano se mantienen”. Además, subrayó su compromiso con la vigilancia y el respeto de los derechos de las personas en custodia migratoria.
CoreCivic confirmó que las conversaciones para vender otros centros están en curso, aunque sin certeza de avance.
La adquisición de estos dos complejos, por su magnitud y contexto, redefine la política federal de detención migratoria, amplía la capacidad instalada y alimenta el debate sobre la supervisión y los derechos de los migrantes bajo custodia en Estados Unidos.
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