
Más de 4,7 millones de personas perdieron sus beneficios del programa federal de asistencia alimentaria SNAP desde julio de 2025, cuando entró en vigor la ley tributaria y de gasto del presidente Donald Trump. El dato, que representa el 11% de los participantes del programa, proviene del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y cubre hasta marzo de 2026.
El estado más golpeado es Arizona: perdió la mitad de sus beneficiarios, más de 457.000 personas, entre ellas cerca de 196.000 niños.
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Es la caída más pronunciada del país, según datos del Departamento de Seguridad Económica del estado (DES) al cierre de mayo.
Qué cambió con la nueva ley
La legislación firmada por Trump recorta el financiamiento de SNAP en aproximadamente un 17% durante diez años. Lo hace de tres formas: amplía los requisitos de trabajo para recibir beneficios, excluye a ciertos inmigrantes del programa y traslada más costos administrativos a los estados.

Además, la ley impone multas a los estados que no cumplan determinados estándares de desempeño a partir de octubre de 2027. Para Arizona, ese riesgo es concreto: la tasa de error del estado en 2024 fue del 8,84%, por encima del umbral del 6% que activa la obligación de cubrir hasta el 15% del costo de los beneficios.
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Eso podría representar unos USD 201,5 millones adicionales en 2027, según el presupuesto del DES.
Por qué Arizona es el estado más afectado
Arizona adoptó los cambios federales con mayor rapidez que otros estados, según dos expertos en SNAP y el portavoz del DES, Brett Bezio, citados por Reuters.
“Arizona no tiene otra opción que cumplir estos requisitos”, explicó Liliana Soto, secretaria de prensa de la gobernadora demócrata Katie Hobbs. “Si no cumplimos, nos multarán con cientos de millones de dólares y más arizonenses vulnerables perderán su asistencia alimentaria”.

Para evitar esas multas, el DES endureció su proceso de solicitud: ahora exige documentos como talones de pago o contratos de arrendamiento. También amplió los requisitos de trabajo a 14 de los 15 condados del estado, frente a solo uno el año pasado, según Joseph Palomino, director del Centro de Progreso Económico de Arizona.
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Katie Bergh, analista sénior del Centro sobre Presupuesto y Prioridades de Políticas, señaló a Reuters que los tiempos de espera más largos se deben en parte a procesos de verificación más estrictos. “No pueden comunicarse por la línea telefónica sobrecargada, o les piden cada vez más documentación que no pueden proveer, o la proveen pero el estado no tiene capacidad para procesarla”, afirmó.
Quién pierde y por qué
Angelica García, madre soltera de tres hijos en Tucson, intentó renovar sus estampillas esta primavera. Llamó repetidamente al Departamento de Seguridad Económica de Arizona (DES), esperó horas en línea hasta que las llamadas se cortaban, y visitó una oficina con poco personal. Para cuando la reaprobaron en junio, ya había perdido dos meses de beneficios.
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“Siempre hay obstáculos que superar”, dijo Garcia a Reuters. Pero indicó que ahora el gobierno “está poniendo más obstáculos”.
Myriam Flores, madre de siete hijos en Phoenix, perdió USD 1.100 mensuales en beneficios en enero de 2026. Al momento de su entrevista con Reuters, visitaba el comedor de San Vicente de Paúl casi todos los días para alimentar a sus hijos. “Hay noches de llanto, noches sin dormir, cuando me desvelo a las 2 a.m. haciendo cuentas, decidiendo qué pagar y qué postergar”, declaró.
El impacto en los comedores comunitarios
Los recortes al SNAP llevaron a una demanda sin precedentes en los bancos de alimentos de Arizona. Según la Red de Bancos de Alimentos de Arizona (AFBN), unas 843.000 personas recurrieron a un comedor en abril de 2026, un 8% más que en abril de 2025, y una cifra que ya supera el total de beneficiarios activos de SNAP en el estado.
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“Hay una brecha enorme que llenar”, dijo Terri Shoemaker, vicepresidenta ejecutiva de la AFBN, a Reuters.
Cindy Bernardo, directora de programas del comedor de San Vicente de Paúl, describió la situación de sus clientes: “Muchos de ellos perdieron sus beneficios. Volvieron a solicitar y la mayoría ni siquiera puede obtener una respuesta a sus preguntas”.
El panorama en otros estados
Arizona no es el único estado con caídas pronunciadas. Según datos del USDA citados por Reuters, Louisiana registró una baja del 17,4% en la matrícula de SNAP, Virginia del 13,7% y Wyoming del 11,6%.
El portavoz del Departamento de Servicios Sociales de Virginia, Michael Pulley, fue directo: “El principal impacto de esta ley en el estado es que ahora más familias pasan hambre cuando nadie debería pasar hambre”.
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La portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly defendió la reforma al señalar que “prioriza a los ciudadanos estadounidenses e implementa medidas razonables de reparto de costos con los estados para combatir el despilfarro, el fraude y el abuso”, sin ofrecer ejemplos concretos.
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