El juicio estatal contra Luigi Mangione contará con un jurado anónimo en Nueva York, una decisión del juez Gregory Carro que reordena la etapa final previa al proceso por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en diciembre de 2024 en Manhattan.
La selección del jurado comenzará el 8 de septiembre y el debate se extenderá durante unas seis semanas. El juez también dispuso que la fiscalía y la defensa elaboren un cuestionario para los potenciales jurados, con el objetivo de detectar sesgos y contemplar las preocupaciones de ambas partes.
Quienes superen esa primera instancia luego se someterán al voir dire, el proceso de entrevistas adicionales con el que el tribunal y las partes evalúan con más detalle a cada candidato, informó NBC News.
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El acusado, de 28 años, se declaró no culpable de los cargos estatales por la muerte de Thompson, quien recibió un disparo frente al hotel New York Hilton Midtown cuando participaba de una conferencia de inversores.
De acuerdo con The New York Times, si resulta condenado por el cargo más grave, afronta una pena de 25 años a cadena perpetua. A su vez, enfrenta cargos federales por acoso.
Qué resolvió el juez sobre el jurado
La orden firmada por Carro establece que los nombres y direcciones de los integrantes del jurado quedarán reservados para las partes, sin difusión pública. El magistrado justificó la medida por el nivel de exposición del caso y por reportes de amenazas y hostigamientos vinculados a personas relacionadas con el proceso.
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“Dada la extraordinaria atención pública y los casos documentados de comportamiento amenazante u hostil por parte de individuos fuera del juzgado, el tribunal considera que la divulgación pública de los nombres de los jurados supone un riesgo injustificable de interferencia con la administración de justicia”, escribió el juez citado por ABC News.
Luego añadió que limitar la divulgación pública de esa información constituye “una salvaguarda apropiada y necesaria”.
En el sistema estatal de Nueva York, este tipo de resguardo no es la regla general, aunque sí aparece en causas de alto perfil o cuando el tribunal considera que hay riesgo para el funcionamiento del proceso, detalló The New York Times.
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Qué planteó la fiscalía y qué respondió la defensa
La fiscalía de Manhattan sostuvo que la notoriedad del expediente y la presión externa justifican el anonimato. Los fiscales aludieron a amenazas previas contra testigos y otras personas vinculadas al caso, además de la intención anunciada por simpatizantes de Mangione de asistir a la selección del jurado para intentar hablar con posibles integrantes del panel.
Carro coincidió con esa evaluación. En su resolución citada por ABC News, sostuvo que “estas circunstancias crean un riesgo real y sustancial de que los posibles miembros del jurado y los jurados ya jurados puedan ser objeto de acoso, intimidación o influencias externas indebidas”.
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Por su parte, la defensa aceptó la reserva de domicilios, pero objetó la confidencialidad sobre las identidades. Los abogados de Mangione argumentaron que ocultar los nombres puede generar perjuicio porque llevaría a los jurados a suponer que el acusado representa un peligro singular o que existe una amenaza no revelada.
En la misma línea, los defensores sostuvieron que la fiscalía no mostró una amenaza concreta contra la integridad del jurado: “No han identificado hechos específicos que demuestren que exista en la actualidad una amenaza real a la seguridad o integridad del jurado”.
El conflicto por el acceso de la prensa y del público
En la audiencia de este martes, se expuso otro frente de conflicto: el acceso al juicio para periodistas y público. Antes de la comparecencia, la defensa acusó a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan de intentar restringir la asistencia y alegó que eso condicionaría el tipo de cobertura periodística.
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La abogada Karen Friedman Agnifilo, quien representa a Mangione, calificó el proceso de selección de periodistas con acceso como “descaradamente arbitrario e insuficiente para cumplir con los requisitos de la Constitución”.
El fiscal Joel Seidemann negó esas acusaciones y advirtió sobre la posibilidad de videos ilegales en una carta del 10 de agosto citada por NBC News: “Nos preocupa especialmente la posibilidad de que un espectador en una sala anexa grabe clandestinamente el proceso y comparta dichas grabaciones con otros”.
El juez Carro rechazó la idea de que la fiscalía hubiera manipulado el esquema de acceso y calificó los cuestionamientos de la defensa como una “una tergiversación imprudente” de las gestiones hechas por el tribunal para garantizar transparencia, indicó The New York Times.
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“Nunca ha habido ninguna discusión ni decisión por parte de este tribunal de excluir al público de estas actuaciones, sino todo lo contrario”, explicó el juez.
En la audiencia, Carro también remarcó que ya se dispuso una sala extra para ampliar la capacidad y que más de 80 organizaciones de prensa manifestaron su intención de cubrir el juicio.
“Siempre se ha considerado esa opción. Tenían que encontrar el lugar físico y dotarlo de personal”, aseguró el magistrado.
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