Miami-Dade aprobó iniciar la expropiación del depósito de combustible de 4,05 hectáreas (10 acres) que abastece a PortMiami, en una disputa que definirá cuánto deberá pagar el condado por un terreno cuyos actuales dueños buscan reconvertir en condominios.
La Comisión del Condado autorizó el proceso por 11 votos contra uno, según el registro de la votación.
La resolución habilitó a la administración de la alcaldesa Daniella Levine Cava a declararse propietaria mediante el mecanismo judicial de venta forzosa: el condado podrá depositar una garantía basada en su estimación de valor y llevar el caso a los tribunales, donde un jurado fijará el precio final.
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El conflicto se concentra en una brecha de valuaciones que el propio Ejecutivo expuso. En un memorando, Levine Cava indicó que Miami-Dade obtuvo tres tasaciones: USD 25 millones si el predio solo pudiera operar como terminal de combustible; una valuación de USD 180 millones; y otra de USD 430 millones si el sitio quedara habilitado para un desarrollo residencial.
Ese esquema de tasaciones y el mecanismo de “declaración de propiedad” para avanzar hacia un juicio con jurado también fueron informados por el Miami Herald.
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El terreno fue adquirido el año pasado por aproximadamente USD 180 millones por promotores inmobiliarios que ahora son sus propietarios.
En paralelo, durante una mediación de nueve meses, la administración del condado avanzó en un acuerdo confidencial para comprarlo por unos USD 400 millones, cifra que Levine Cava consideró demasiado alta y que aceleró el giro hacia la vía judicial.
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La votación y las objeciones en la comisión
“No voy a permitir que compren una propiedad por USD 180 millones y luego la revendan en cuestión de meses por 400 millones”.
La comisionada Raquel Regalado fue la única que votó en contra y el comisionado René García no asistió a la reunión. Regalado advirtió: “Esta es una decisión que impactará a este condado durante los próximos 50 años y no debe tomarse a la ligera”.
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La apuesta jurídica del condado: un convenio de 1978 para acotar el precio
La administración de Miami-Dade sostiene que cuenta con una herramienta legal para limitar el precio del predio y sostener una valuación menor.
Según el vicealcalde Roy Coley, en la década de 1970 el condado obtuvo un convenio de 1978 sobre 1,62 hectáreas (4 acres) del sitio que obligaba a mantener allí una instalación de combustible, como parte de un cambio de zonificación solicitado entonces por los propietarios.
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Coley afirmó que solo la Comisión del Condado, que tiene autoridad sobre la zonificación de Fisher Island, puede modificar ese convenio. El documento de 1978, de acuerdo con una copia difundida por la oficina de Levine Cava, estableció que la propiedad “estará restringida” al transporte y almacenamiento de petróleo y otros combustibles.
Levine Cava dijo a periodistas después de la votación que, aunque el equipo negociador la mantuvo al tanto del proceso, conoció ese pacto recién al final. “Me mantuvieron informado en todo momento, pero hubo algunos detalles que desconocía”, afirmó la alcaldesa. “Sobre todo, el pacto”.
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La legislación aprobada autorizó a la administración a presentar una oferta final de hasta 15% por encima del valor tasado por el condado para el depósito. Coley indicó que el valor definitivo que usará la administración se fijará con base en las tres tasaciones ya obtenidas.
PortMiami y el riesgo operativo: qué pasa si se corta el abastecimiento
El conflicto escaló después de que la administración fracasó hace dos años en su intento de comprar la instalación cuando salió al mercado abierto. Más tarde, los nuevos propietarios, un grupo que incluye a Russell Galbut y a Related Group, anunciaron planes para cerrar la terminal y construir un complejo de condominios de lujo.
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Los dueños heredaron un acuerdo que exige mantener la venta de combustible hasta mayo de 2027. Después de esa fecha, el proyecto de desarrollo dejaría a PortMiami sin una forma directa de abastecer a los barcos.
“La situación actual y futura de nuestro puerto es precaria”, dijo Jason Liberty, director ejecutivo y presidente de Royal Caribbean, ante los comisionados. Compareció junto con otros ejecutivos del sector para respaldar la legislación impulsada por Gilbert.
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Según expuso la administración, el plan de compra pactado se financiaría con ingresos por venta de combustible y tarifas portuarias durante 20 años.
El Ejecutivo sostuvo que, como los ingresos y gastos de PortMiami están separados del presupuesto principal del condado, la operación no usaría fondos del presupuesto general de Miami-Dade.
Levine Cava apartó del proceso a dos asesores que lideraban las negociaciones: el director de operaciones Jimmy Morales y la directora del puerto Hydi Webb. Luego anunció que buscaría una vía judicial para obtener un precio menor.
La postura de los promotores y las alternativas que baraja el condado
En un comunicado, los promotores HRP Fisher Island minimizaron el alcance de la restricción sobre la porción del depósito alcanzada por el convenio. Señalaron que ese terreno no es necesario para desarrollar un complejo de condominios que, según su previsión, generará USD 2.500 millones en ventas.
“Los convenios de esta naturaleza se rescinden habitualmente durante el proceso de autorización de uso del suelo”, sostuvo la empresa. Agregó que, durante la subasta pública, la firma nacional CBRE comercializó el terreno como una parcela para desarrollo y no como una terminal industrial de combustible.
Si Miami-Dade no logra asegurarse el depósito que opera en Fisher Island desde la década de 1920, el puerto deberá activar alternativas de urgencia.
Entre las opciones mencionadas por el condado figura ubicar una barcaza de combustible frente a PortMiami para sostener la operación de los cruceros o descartar los planes actuales de expansión del puerto para liberar suelo destinado a una nueva instalación de abastecimiento.
Varios comisionados cuestionaron que la administración no hubiera comprado la terminal cuando salió a la venta.
“Lamentablemente, hemos cometido errores en el camino y probablemente no hicimos lo que debíamos”, dijo la comisionada Vicki Lopez, cuyo distrito incluye Fisher Island y PortMiami. “Pero eso fue antes. Estamos aquí ahora. Tenemos que ser responsables y tomar una decisión por el bien público”.
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