La disputa por 4 hectárias (10 acres) en Fisher Island abrió un frente político y judicial entre Miami-Dade, desarrolladores inmobiliarios, propietarios de la isla y la industria de cruceros por el futuro de una terminal de combustible cuya posible remoción, según advirtieron funcionarios y ejecutivos del sector, podría afectar el abastecimiento de barcos que operan en PortMiami.
El puerto genera USD 61.000 millones al año para la economía regional, de acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal.
El conflicto se concentra en un muelle de abastecimiento construido en la década de 1920 en Fisher Island que durante cerca de un siglo suministró combustible a buques de carga y cruceros que pasan por PortMiami, según el diario.
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La parcela fue comprada el año pasado por una sociedad de desarrolladores e inversores que incluye HRP Group, Related Group y Raycliff Capital, con planes para reemplazar el depósito por torres de condominios de lujo, informó el diario.
La venta acordada en enero de 2025 entre TransMontaigne Partners y HRP Fisher Island fue por USD 180 millones, según The Wall Street Journal. El proyecto contempló retirar la terminal y construir desde 2027 dos torres de residencias de lujo con áticos de hasta USD 100 millones, de acuerdo con el portal inmobiliario Realtor.com.
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Muchos residentes de Fisher Island apoyaron la iniciativa porque consideraron que la instalación era un elemento visual indeseado y un riesgo ambiental, indicó The Wall Street Journal. Las compañías de cruceros reaccionaron con alarma ante la posibilidad de perder su fuente de combustible, y esa presión llevó al condado a intervenir, intentar comprar el terreno y preparar una expropiación mientras varias partes trasladaban la disputa a los tribunales, siempre según el diario.
La reacción política y empresarial
Joe Garcia, excongresista demócrata que organizó una protesta contra los planes inmobiliarios, dijo en un acto citado por The Wall Street Journal: “Seremos el único puerto del país sin su propio depósito de combustible, lo cual es una locura”. Luego añadió que la instalación “resulta estar ubicada en este paraíso de multimillonarios”, según el medio.
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Alternativas evaluadas y el paso a la expropiación
El gobierno de la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava estudió alternativas para garantizar el suministro: traer combustible en barcazas desde un puerto de Fort Lauderdale, transportarlo por ferrocarril o construir una nueva terminal en el puerto o en sus cercanías, informó The Wall Street Journal. Los funcionarios consideraron que todas esas opciones eran demasiado costosas o inviables, según el diario.
Jimmy Morales, director de operaciones del condado, sostuvo en declaraciones públicas citadas por The Wall Street Journal que durante gran parte de 2025 Miami-Dade negoció con HRP Group para sustituirlo como comprador. Según Morales, el grupo de desarrollo hizo propuestas “muy, muy, muy caras”, de acuerdo con el medio.
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En una reunión especial convocada con urgencia en septiembre de 2025, Levine Cava pidió a los comisionados autorizar la adquisición de la instalación, ya fuera mediante una transacción negociada o mediante expropiación, informó The Wall Street Journal.
La alcaldesa sostuvo ante la comisión: “Miami estaría en una desventaja competitiva extrema si perdiéramos el acceso al combustible”, según el diario.
Junto a otros ejecutivos del sector de cruceros, Jason Liberty, director ejecutivo de Royal Caribbean Group, afirmó que ningún gran puerto de Estados Unidos funciona sin su propio suministro de combustible, informó The Wall Street Journal. “Es una cuestión de seguridad económica estratégica para Miami-Dade y para Florida”, dijo Liberty, según el medio.
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Varios comisionados cuestionaron que la administración presentara la crisis cuando el proceso ya estaba avanzado, según The Wall Street Journal.
El comisionado René García dijo: “Sentarnos aquí ahora en una reunión de emergencia y decir que vamos a tomar la propiedad de alguien es una píldora difícil de tragar”, de acuerdo con el diario.
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La junta ordenó primero a la alcaldesa negociar por la terminal, pero no autorizó de inmediato el uso de la expropiación, informó The Wall Street Journal. La autorización llegó en la reunión del mes siguiente, un día después de que se cerrara la venta a HRP, según el medio.
Demandas de propietarios, club privado y reclamos laborales
La Fisher Island Community Association, que representa a los propietarios, y el Fisher Island Club demandaron a Miami-Dade ante un tribunal federal en enero para bloquear la expropiación, informó The Wall Street Journal. Sostuvieron, entre otros argumentos, que esa medida sería inconstitucional y que los tanques de almacenamiento estaban deteriorados y suponían un riesgo ambiental, según el diario.
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Las mismas entidades afirmaron que, en virtud de un acuerdo firmado con HRP en octubre, obtuvieron derechos sobre unas 4 de las 10 acres (4 hectáreas) de la parcela a cambio de respaldar el proyecto y aportar millones de dólares en membresías del club para futuros propietarios de los condominios, señaló The Wall Street Journal. Con ese convenio, argumentaron, tenían poder de veto sobre una eventual venta del terreno, según el medio.
En una moción para desestimar la demanda, el condado respondió que los derechos de propiedad invocados por las entidades de Fisher Island dependían de condiciones que no se habían cumplido, informó The Wall Street Journal. En paralelo, defensores laborales y un sindicato que representa a trabajadores marítimos reclamaron que el condado impida el retiro de la terminal, según el diario.
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Thomas Kennedy, activista por los derechos de los inmigrantes que participó en una manifestación reciente, dijo según The Wall Street Journal: “Es una pelea sobre si Miami seguirá funcionando para la gente trabajadora o para los ultrarricos”.
Una negociación en curso y otra demanda por una posible venta
Las conversaciones entre el condado y HRP continuaron desde octubre y, según un alto funcionario de Miami-Dade citado por The Wall Street Journal, han sido productivas y podrían derivar pronto en una solución. Ese escenario llevó a los intereses de Fisher Island a presentar otra demanda, esta vez ante un tribunal estatal, para impedir que HRP venda el terreno al condado, informó el diario.
En esa nueva acción judicial, alegaron que HRP aceptó en principio vender la propiedad a Miami-Dade por USD 200 millones, más otros USD 200 millones pagaderos en 20 años, informó The Wall Street Journal. Portavoces de HRP y del condado rechazaron hacer comentarios, según el medio.
James Ferraro, presidente de la Fisher Island Community Association, sostuvo sobre una posible venta al condado: “Necesitan nuestro consentimiento para vender”, dijo al diario. Ferraro añadió que, si la isla mantiene su reclamación sobre 4 de las 10 acres, eso equivale al 40% del precio de compra o a la entrega directa de esas 4 acres. Sobre los tanques de combustible afirmó: “Tienen que irse de una forma u otra”, informó The Wall Street Journal.
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