La decisión se tomó en Tallahassee y fue votada por unanimidad por la junta estatal de control de inmigración, integrada por DeSantis, el fiscal general James Uthmeier, el director financiero Blaise Ingoglia y el comisionado de agricultura Wilton Simpson.
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De acuerdo con lo resuelto, el paquete apuntó a cubrir adquisiciones como radios, cámaras corporales, equipo antidisturbios, cascos balísticos, máquinas de rayos X, sillas de sujeción para reclusos y otros insumos.
Hasta ahora, el estado autorizó USD 147 millones en subvenciones vinculadas con la aplicación de la ley migratoria y desembolsó casi USD 5 millones a 25 agencias locales, según Transparency Florida, el portal oficial que rastrea el gasto público.
El nuevo desembolso se encuadró en una partida mayor aprobada por la Legislatura estatal. En 2025, los legisladores reservaron USD 250 millones para reembolsar a fuerzas locales por compras relacionadas con la inmigración ilegal, incluidas horas extra de los agentes que participaron en operativos junto con ICE.
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Del total avalado en esta reunión, USD 30,3 millones correspondieron a adjudicaciones nuevas y USD 57 millones se asignaron como fondos adicionales para organismos que ya habían presentado pedidos con anterioridad.
La lógica del programa, según expedientes de solicitud revisados por la junta, buscó fortalecer la interoperabilidad entre fuerzas locales y autoridades federales, con énfasis en comunicaciones seguras y equipamiento para procedimientos de custodia y traslado.
Orange y Polk encabezaron los pedidos con USD 10 millones cada uno
En la tanda más reciente de solicitudes, las oficinas del sheriff de los condados de Orange y Polk pidieron los montos más altos: USD 10 millones cada una. En Orange, el plan concentró la mayor parte del presupuesto en equipamiento.
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El documento reservó USD 9 millones para 910 radios portátiles destinados al servicio de emergencias, una compra orientada a reforzar el despliegue cotidiano y la coordinación operativa.
La Oficina del Sheriff del Condado de Polk también solicitó USD 10 millones. De ese total, USD 8,7 millones se asignarían a sistemas y servidores de radio encriptados. La presentación sostuvo que los equipos actuales no podían comunicarse con agentes de ICE por carecer de capacidad de encriptación, un límite técnico que, según la solicitud, condicionaba el trabajo conjunto.
El texto del pedido incluyó una justificación sobre los efectos esperados de la modernización: “Con las mejoras propuestas, se habilitará la comunicación con ICE, lo que en última instancia reducirá el riesgo para nuestros oficiales y agentes de ICE, y reforzará la seguridad general de nuestras comunicaciones confidenciales”.
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Walton y Collier sumaron pedidos millonarios para tecnología y equipos móviles
Además de Orange y Polk, otras oficinas del sheriff presentaron solicitudes de alto monto. La Oficina del Sheriff del Condado de Walton pidió cerca de USD 9 millones, de los cuales más de USD 2,5 millones se destinarían a un sistema de pruebas rápidas de ADN y a 2.000 hisopos de procesamiento.
En el pedido, el organismo argumentó que el acceso a resultados en menor tiempo permitiría reducir plazos de detención y de procesamiento, acelerar la verificación de estatus migratorio y reasignar recursos hacia tareas de control e investigación.
La Oficina del Sheriff del Condado de Collier solicitó más de USD 8 millones. Aproximadamente USD 5 millones se destinarían a equipamiento de comunicaciones, incluidas radios.
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En ese listado, el condado también pidió USD 600.000 para dos torres móviles Skywatch, presentadas en el expediente como una herramienta para mejorar el monitoreo del terreno y apoyar operativos vinculados con la aplicación de la ley migratoria.
Reembolso de vehículos y compras asociadas a acuerdos con ICE
La junta también prorrogó una norma de emergencia que permitió reembolsar la compra de vehículos a agencias que mantuvieron acuerdos vigentes con ICE. Bajo esa disposición, cada organismo pudo adquirir una camioneta multipasajeros para trasladar inmigrantes entre centros de detención del condado, estatales y federales, un componente logístico que aparece como recurrente en los esquemas de cooperación interjurisdiccional.
En paralelo, el programa alcanzó a condados de distintas regiones del estado. En Palm Beach, el Departamento de Policía de Boynton Beach recibió USD 545.668, monto clasificado en su totalidad como equipos, hardware y software vinculados con el programa 287(g) de aplicación migratoria.
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La solicitud incorporó una plataforma tecnológica por dos años y herramientas de transcripción para analizar imágenes de cámaras corporales y pruebas digitales.
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