Krispy Kreme pagará hasta USD 3.500 a clientes por filtración de datos: quiénes pueden reclamar y cómo hacer el trámite

Un acuerdo de demanda colectiva fijó pagos de hasta USD 3.500 para empleados y exempleados de Krispy Kreme en Estados Unidos que resultaron afectados por una filtración de datos personales.

El convenio se firmó en marzo de 2026, creó un fondo de USD 1,6 millones y estableció el 22 de junio de 2026 como fecha límite para presentar reclamos.

El arreglo alcanza a quienes recibieron una notificación formal de la empresa por el acceso no autorizado a su información, según reportaron The Street, The Independent y 6ABC/ABC News.

Esos medios señalaron que el incidente se registró el 29 de noviembre de 2024 y que el universo potencial incluye a 161.000 personas.

Hay dos vías de compensación. Quienes acrediten pérdidas económicas vinculadas al uso indebido de sus datos pueden pedir hasta USD 3.500.

Quienes no cuenten con documentación de daños financieros pueden solicitar USD 75. El acuerdo también ofrece un año de monitoreo del historial crediticio para los afectados.

Quiénes pueden reclamar la compensación y qué requisitos exige el acuerdo

Según documentos judiciales citados por The Street y 6ABC/ABC News, solo están comprendidas las personas que recibieron la comunicación oficial de Krispy Kreme sobre el incidente.

El criterio de inclusión no es haber trabajado para la empresa en general, sino figurar entre los notificados por el acceso no autorizado a datos personales.

Para acceder al monto mayor, los administradores del acuerdo exigen documentación que vincule una pérdida con el incidente.

The Street mencionó como ejemplos extractos bancarios, constancias de transacciones fraudulentas, documentación de entidades financieras y respaldos verificables que acrediten fraude o suplantación de identidad.

The Independent también indicó que el requisito central es haber recibido la notificación y aportar pruebas sobre el uso indebido de la información para aspirar a la compensación máxima. 6ABC/ABC News precisó que, aun sin pérdidas demostrables, los notificados pueden gestionar el pago fijo previsto.

Qué beneficios incluye el acuerdo y qué datos quedaron expuestos

El convenio contempla pagos diferenciados de acuerdo con la evidencia presentada, según informaron los medios que siguieron el caso.

El tope de USD 3.500 se reserva para quienes acrediten daños económicos y el pago fijo de USD 75 se aplica a quienes integren el grupo notificado, aunque no puedan probar pérdidas.

Además, el acuerdo incluye un año de monitoreo gratuito del historial crediticio para las personas alcanzadas. Ese punto fue consignado por The Street y también por The Economic Times.

Sobre el tipo de información expuesta, The Independent reportó que la filtración incluyó datos como nombre completo, fecha de nacimiento, número de Seguro Social e información financiera.

Ese conjunto de datos puede utilizarse para abrir cuentas no autorizadas o intentar fraudes, un contexto que explica que el acuerdo contemple reintegros por pérdidas y monitoreo crediticio.

Plazos, canales habilitados y próximos pasos del proceso

6ABC/ABC News informó que el plazo para presentar reclamos vence el 22 de junio de 2026. El trámite puede hacerse por los canales del acuerdo y también por vía telefónica en el 877-239-1879, número habilitado para consultas sobre el proceso y los documentos que se deben presentar.

Para quienes decidan excluirse del acuerdo o presentar objeciones, The Street indicó que el límite es el 6 de junio de 2026.

Los pagos quedarán sujetos a la aprobación judicial final y, una vez que el tribunal valide el convenio, se comunicará a los beneficiarios el mecanismo y la fecha de cobro.

La postura de Krispy Kreme ante el acuerdo colectivo

De acuerdo con documentos judiciales citados por The Street, la empresa Krispy Kreme aceptó el acuerdo sin admitir responsabilidad.

The Independent y 6ABC/ABC News señalaron que la empresa presentó el convenio como una vía para cerrar el litigio y dar respuesta a los afectados, a la espera de la aprobación definitiva del tribunal.