Preocupación por aumentos de costos en la salud y nuevas tasas a la atención sanitaria en Los Ángeles

Votantes del condado de Los Ángeles se preparan para decidir si aprueban un impuesto temporal a las ventas de medio centavo con el objetivo de proteger el sistema público de salud ante recortes federales estimados en más de USD 2.000 millones en los próximos tres años.

La consulta coincide con un clima social marcado por la preocupación por los elevados precios y la saturación de propuestas fiscales en la boleta.

La medida contempla el aumento de la tasa base de impuesto a las ventas, que actualmente es de 9,75% en el condado de Los Ángeles, a partir del 1 de octubre y durante cinco años, para financiar servicios de salud.

Según el portal Los Angeles Times, en 2012 los votantes rechazaron por última vez una subida de este impuesto, cuando una iniciativa de transporte alcanzó el 66,1% necesario, aunque quedó corta del 66,7% requerido.

Durante las primarias del 2 de junio, el electorado tendrá la responsabilidad de aceptar o rechazar el nuevo gravamen, en un contexto donde los precios de la gasolina y otros bienes continúan en alza.

Zev Yaroslavsky, ex supervisor del condado y promotor de una propuesta fiscal similar en 2002, afirmó a Los Angeles Times: “Este será un año más difícil para los impuestos que años previos. Hay un límite para la tolerancia de la gente a incrementar sus propios impuestos”.

La iniciativa fue impulsada por la Junta de Supervisores del condado, con cuatro votos a favor y uno en contra; la única voz opositora fue la supervisora Kathryn Barger.

El proyecto se incluyó en la boleta como impuesto general, lo que permite mayor flexibilidad en el uso de los fondos y exige solo mayoría simple para ser aprobado.

Encuestas recientes de marzo citadas por Los Angeles Times señalan que la propuesta no alcanzaría el nivel de apoyo suficiente, ni siquiera entre los votantes de la ciudad de Los Ángeles, tradicionalmente más abiertos a incrementos impositivos.

La presencia de diversas propuestas de aumento de impuestos en la boleta podría afectar aún más el respaldo a la nueva medida.

El impacto presupuestario y las reacciones de los diferentes sectores

Las autoridades locales alertan que el recorte federal, consecuencia de la Ley One Big Beautiful Bill firmada en julio por el entonces presidente Donald Trump, pone en riesgo la estabilidad de la salud pública en el condado.

Esta situación responde en parte a la carencia de reembolsos del gobierno central para la atención médica de numerosos californianos que perdieron la cobertura de Medi-Cal.

Cálculos oficiales advierten que la posible pérdida de más de USD 2.000 millones entre 2024 y 2027 podría traer consigo recortes de personal, cierres de salas de emergencia y disminución de servicios en hospitales locales.

Pese a no enfrentar una oposición organizada, la propuesta fue rechazada explícitamente por varias ciudades y el comité editorial del periódico Los Angeles Daily News, que insisten en que la aprobación supondría un mayor costo de vida en la región.

Para Paul Little, presidente de la Cámara de Comercio de Pasadena, la situación económica actual no admite otro aumento de impuestos: “Es un momento pésimo. Los costos se están disparando en todos los ámbitos”, indicó a Los Angeles Times.

Los defensores de la medida aumentaron la intensidad de su campaña mediante envíos postales, marchas y actividad en redes sociales.

Entre los principales financiadores, St. John’s Community Health y SEIU recalcan la importancia de la aprobación para miles de residentes sin seguro de salud.

En un mitin reciente, la supervisora Holly Mitchell animó a la ciudadanía a pensar en el impacto cotidiano de la iniciativa: “Piensen en esa persona de su familia que padece asma y depende de su inhalador, que tiene artritis reumatoide o diabetes. Y piensen en si estarían dispuestos a gastar medio centavo —50 centavos por cada cien dólares— para garantizar que ese familiar, amigo o vecino tenga acceso a lo que necesita para estar sano”.

Desde 2012, el electorado del condado respaldó sucesivos incrementos al impuesto de ventas destinados a transporte y servicios para personas sin hogar, con alzas de medio y un cuarto de centavo, respectivamente.

Ahora, frente a votantes cada vez más exigentes, la aprobación de la nueva iniciativa someterá a prueba la histórica tolerancia fiscal de la población angelina.