Retrasos récord en la renovación del DACA: cientos de dreamers pierden empleo y quedan en riesgo de deportación

La reciente intensificación de los retrasos y las restricciones en el programa DACA dejó a miles de beneficiarios, conocidos como “dreamers”, ante la posibilidad real de perder su empleo, su permiso de residencia temporal y su derecho a permanecer en Estados Unidos.

La administración de Donald Trump impulsa una política de endurecimiento que afecta tanto la tramitación de renovaciones como la protección contra la deportación.

En los últimos meses, muchos beneficiarios de DACA vieron interrumpidos sus permisos de trabajo debido a demoras inéditas en los procesos de renovación.

Esta situación generó temor a la deportación y pérdida de derechos laborales. De acuerdo con cifras oficiales, para septiembre de 2024 había 537.000 personas con estatus DACA activo; un año después, la cifra se redujo en 32.000.

El endurecimiento de los controles y las nuevas pausas administrativas profundizaron la incertidumbre para una población que considera a Estados Unidos su hogar.

El impacto de estos cambios es inmediato y personal. Melani Candia, quien durante más de una década renovó su autorización para residir y trabajar en Florida, vio cómo el retraso en la renovación la dejó sin empleo y frente al temor de ser detenida en el país que considera suyo desde los seis años.

Como ella, otros “dreamers” llevan meses esperando una respuesta del sistema migratorio, solo para ver cómo expira su permiso y quedan en un limbo administrativo.

El proceso de renovación de DACA, que antes era cuestión de semanas, ahora puede extenderse hasta seis meses o más, según señalaron legisladores federales y organizaciones de defensa de inmigrantes.

A finales de abril de 2026, el tiempo promedio de espera superaba los 120 días, una demora sin precedentes desde la transición tecnológica de 2016.

La falta de cifras oficiales sobre cuántos solicitantes incumplieron su fecha límite de renovación pese a seguir las recomendaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) agrava la incertidumbre.

Entre octubre de 2025 y febrero de 2026, el tiempo medio de espera para renovar DACA aumentó a 70 días, frente a los 15 días del año anterior.

El propio USCIS atribuye parte de los retrasos a controles más rigurosos y a la reanudación de citas biométricas, suspendidas durante la pandemia. United We Dream señala que la escala de afectados “es mayor que nunca”.

Detenciones, deportaciones y nueva jurisprudencia contra los dreamers

La incertidumbre legal se agravó en los últimos meses. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó que entre enero y noviembre de 2025, 261 beneficiarios de DACA fueron arrestados y 86 deportados.

En una respuesta al Congreso constan 270 arrestos y 174 deportaciones en solo nueve meses. La mayoría de estos casos involucran antecedentes penales, aunque no se detallaron los cargos ni la gravedad de estos.

Un nuevo elemento de preocupación surgió con la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, emitida el 24 de abril, al determinar que la autorización DACA no basta por sí sola para frenar una orden de deportación.

Esta interpretación judicial deja a quienes pierden su estatus especialmente expuestos a ser expulsados, incluso si cumplen con los requisitos del programa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) evitó ofrecer detalles sobre si los beneficiarios de DACA se convierten en objetivos prioritarios tras la expiración de su permiso.

Abogados y legisladores señalaron un aumento de detenciones tras el vencimiento de renovaciones, especialmente en el contexto de la política de “deportaciones masivas” impulsada por el gobierno.

Trámites en pausa y países en la mira

Además de los retrasos generalizados, el USCIS impuso “pausas administrativas” en las renovaciones de solicitantes originarios de 39 países considerados de “alto riesgo”, sin anunciar públicamente plazos ni criterios claros.

Este procedimiento afecta a miles de personas, según el National Immigration Law Center, y genera una sensación de indefensión entre quienes no saben cuándo podrán recuperar sus derechos laborales y de residencia.

Abogados de inmigración explicaron que la reanudación de citas biométricas y las dificultades para costear los más de USD 550 que implica la renovación contribuyeron a que muchos no logren presentar a tiempo sus solicitudes, lo que agrava la vulnerabilidad frente a posibles arrestos y despidos.

En algunos casos, madres y padres de familia perdieron su fuente de ingresos de un día para otro, enfrentando incertidumbre económica y emocional.

El debate político y la presión legislativa

El senador demócrata Alex Padilla y su colega Catherine Cortez Masto lideraron iniciativas en el Congreso para exigir explicaciones al DHS y al USCIS sobre los retrasos y las pausas en las renovaciones.

Hasta el momento, las agencias federales no ofrecieron respuestas claras, lo que llevó a decenas de legisladores a enviar cartas y reclamar públicamente que se reduzca la incertidumbre para los dreamers.

En paralelo, el senador Dick Durbin recordó la historia de Tereza Lee, la joven prodigio musical que inspiró la primera versión del Dream Act en 2001.

Durbin insiste en la necesidad de una vía legal permanente hacia la ciudadanía para quienes solo conocen Estados Unidos como su hogar: “Los dreamers no son una amenaza para este país”, subrayó el senador, “demuestran que el sueño americano sigue vivo”.

Un futuro incierto para cientos de miles de jóvenes

La administración Trump no publicó datos actualizados sobre arrestos y deportaciones tras la expiración de permisos, lo que añade opacidad al panorama.

La combinación de políticas restrictivas, decisiones judiciales adversas y la falta de claridad institucional dejó a miles en una situación de vulnerabilidad extrema, mientras el Congreso sigue sin aprobar una solución definitiva.

El futuro del programa DACA y de los “dreamers” permanece en suspenso. Las familias, las comunidades y el sector productivo estadounidense observan con preocupación cómo se deterioran las garantías para quienes crecieron y contribuyeron al país, a la espera de una respuesta política que aún no llega.