
Estados Unidos rechazó aproximadamente el 15% de las solicitudes de devolución presentadas por importadores que buscan recuperar lo pagado en concepto de aranceles anulados por la Justicia, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El proceso involucra cifras multimillonarias y afecta la liquidez de numerosas empresas, con dificultades técnicas y cuestionamientos sobre el mecanismo implementado.
La CBP informó que, en una primera revisión de más de 13 millones de operaciones de importación, fueron denegadas unas 2,12 millones de solicitudes por no superar las validaciones exigidas. Alrededor de 1,74 millones de operaciones ya fueron liquidadas y se encuentran en trámite de reembolso. El volumen de trámites refleja la magnitud del caso, con 53 millones de declaraciones en las que se abonaron aranceles sujetos a revisión judicial.
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El procedimiento busca devolver cerca de USD 166.000 millones cobrados por impuestos a la importación aplicados bajo el esquema impulsado por Donald Trump, amparado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). La Corte Suprema de Estados Unidos, por seis votos contra tres, determinó que Trump no tenía facultades para utilizar esa normativa en tiempos de paz, lo que derivó en la anulación de esos cargos.
La definición sobre la devolución de los fondos quedó en manos del Tribunal de Comercio Internacional, que ordenó al gobierno federal restituir lo cobrado y supervisa la ejecución del proceso. Importadores señalan que estos reembolsos resultan esenciales para su flujo de caja y actividades cotidianas.
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El sistema habilitado para gestionar los reintegros, denominado CAPE (Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas), se activó el 20 de abril para cumplir con la orden judicial. En la primera semana, recibió 75.306 declaraciones, de las cuales 47.315 superaron la validación inicial de archivos.
Una parte de los rechazos se relaciona con errores técnicos o de formato, como datos mal cargados, archivos dañados, incumplimiento de validaciones específicas y presentaciones realizadas por personas no autorizadas. La agencia informó que los importadores pueden corregir los errores y volver a presentar sus solicitudes.
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El testimonio de Beth Benike, cofundadora de Busy Baby en Minnesota, muestra el impacto concreto sobre pequeñas empresas. Benike relató que no logró presentar su pedido porque el sistema le indicó que su número de identificación fiscal estaba vinculado a la cuenta de otra persona. Señaló: “Me encargo de todo. Tengo mucho trabajo y no puedo pasarme horas y horas intentando solucionar un error de su parte”. Espera recuperar unos USD 50.000 y calcula que el trámite podría demorar varios meses entre la resolución técnica y la aprobación final.

Empresarios reportaron mensajes de error al intentar operar en el portal, sobre todo por la alta demanda inicial. El organismo reconoció una interrupción de 18 minutos el 20 de abril, atribuida a la reconfiguración de recursos para optimizar el procesamiento. Luego del incidente, la CBP sostuvo que la herramienta funciona con normalidad y mantiene la disponibilidad para importadores y agentes.
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El abogado Nick Richards, de Greenspoon Marder, explicó que parte de los rechazos corresponde a solicitudes fuera de los parámetros previstos para la etapa actual, ya que CAPE solo acepta por ahora reclamos vinculados a aranceles ya liquidados o estimados aún calculables. En lugar de atribuir un juicio de valor a la habilitación del portal, Richards indicó que la activación fue realizada en poco tiempo y afirmó: “Han hecho un trabajo excelente con su implementación”.
El juez Richard Eaton, encargado de supervisar el proceso, había manifestado reservas sobre la necesidad de que los importadores presenten solicitudes activas, considerando que el gobierno dispone de la información necesaria para realizar reembolsos automáticos. Este punto formó parte del debate judicial sobre el mecanismo de devolución.
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Tras la resolución judicial, Donald Trump criticó la decisión de la Corte Suprema y estableció un nuevo arancel global temporal del 10 %. La medida se respalda en un marco legal distinto, sustentado en facultades presidenciales de emergencia nacional, que presenta menos restricciones que la IEEPA pero cuya aplicación podría dar lugar a controversias judiciales.
Un día después de iniciado el proceso de reembolsos, Trump recomendó públicamente a las empresas no reclamar la devolución de los montos pagados y advirtió que recordaría a quienes lo hicieran, incorporando así un componente político a un trámite marcado por disputas en los tribunales.
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(Con información de EFE, Bloomberg y CBS News)
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