El caso de Pedro Hernández, el puertorriqueño acusado por el asesinato de Etan Patz en 1979, volverá a los tribunales de Nueva York para un tercer juicio tras casi cinco décadas de incertidumbre judicial.
La desaparición de este niño en Manhattan marcó la historia criminal de Estados Unidos y transformó la forma en que el país aborda la búsqueda de menores perdidos y la protección de sus derechos.
El 25 de mayo, fecha de la desaparición, fue declarado por el Congreso de Estados Unidos como el Día Nacional de los Niños Desaparecidos, producto del impacto del caso Patz.
La investigación y los procesos judiciales sucesivos han expuesto las dificultades para alcanzar justicia en delitos antiguos y la dificultad que implica basar una acusación en confesiones obtenidas décadas después de los hechos.
En julio de 2025, un tribunal federal de apelaciones de Nueva York revocó la condena previa que había recaído sobre Hernández en 2017, cuando fue sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua por homicidio y secuestro.
La decisión obligó a las autoridades a elegir entre celebrar un nuevo juicio o liberar al acusado. Desde entonces, Hernández —de 65 años y detenido desde 2012— permanece en prisión preventiva.
La fiscalía de Manhattan confirmó en noviembre de 2025 que, tras una revisión de las pruebas disponibles, seguiría adelante con el procesamiento por homicidio en segundo grado y secuestro en primer grado, reiterando que cuenta con elementos admisibles para sustentar la acusación.
El 25 de mayo de 1979, Etan Patz, de seis años, desapareció mientras caminaba solo por primera vez hacia la parada del autobús escolar, en el barrio de SoHo.
Su desaparición desencadenó una movilización policial y social sin precedentes: la imagen de Patz fue difundida a escala nacional, siendo uno de los primeros niños cuya fotografía apareció en cartones de leche, una estrategia para incentivar la colaboración ciudadana en la búsqueda de menores extraviados.
El cuerpo de Patz nunca fue hallado, y en 2001 un tribunal lo declaró legalmente muerto, aunque el caso mantuvo un carácter abierto hasta la detención de Hernández.
La decisión de la jueza y el nuevo proceso judicial
La jueza Michele Rodney rechazó el pedido de la defensa de Hernández para desestimar los cargos, argumentando que la selección del jurado se realizará con garantías de imparcialidad pese a la alta atención pública generada por el caso.
Rodney señaló que tanto el tribunal como las partes trabajarán para que los integrantes del jurado solo consideren las pruebas y la ley aplicable, sin influencias de la cobertura mediática o el conocimiento previo de los hechos.
Hernández deberá comparecer nuevamente en una audiencia prevista para junio, aunque la fecha exacta del tercer juicio aún no se ha establecido.
La defensa sostuvo que la prolongada demora en la presentación de cargos y el contexto mediático podían vulnerar el derecho del acusado a un juicio justo.
El tribunal, no obstante, consideró que existen mecanismos suficientes para mitigar esos riesgos y garantizar un proceso conforme a derecho.
Contexto y controversias en torno a la confesión
El arresto de Pedro Hernández en 2012 se produjo luego de que su cuñado aportara información a la policía de Nueva Jersey. Hernández confesó haber atraído a Patz al sótano de una bodega donde trabajaba, ofreciéndole un refresco antes de estrangularlo y ocultar el cuerpo en una bolsa dentro de una caja, que abandonó en un contenedor de basura cercano.
Negó motivación sexual en el crimen. Estas declaraciones fueron el eje de la acusación, pero su validez ha sido objeto de intenso debate.
De acuerdo con la orden de apelación de 2025, la confesión inicial de Hernández se obtuvo tras un interrogatorio de siete horas, antes de que se le leyeran sus derechos Miranda y sin la presencia de un abogado.
Posteriormente, el acusado repitió su relato ante un fiscal adjunto y quedó registrado en video, materiales que la fiscalía presentó ante el jurado durante el segundo juicio.
El expediente judicial refleja que los miembros del jurado solicitaron aclaraciones sobre la legitimidad de la confesión y el peso que debían otorgar a las grabaciones, especialmente si consideraban que la declaración original había sido involuntaria.
En el primer juicio celebrado en 2015, el jurado no logró alcanzar un veredicto unánime después de 18 días de deliberación.
En el segundo proceso, iniciado en 2016, la fiscalía basó su caso en las grabaciones, y tras nueve días de deliberaciones, el jurado declaró a Hernández culpable de homicidio doloso y secuestro, pero lo absolvió del cargo de homicidio intencional.
El recurso de apelación aceptado en 2025 cuestionó la forma en que se obtuvieron y presentaron las confesiones, estableciendo que era necesario un nuevo juicio para salvaguardar las garantías procesales.
Impacto social y desafíos probatorios
La desaparición de Etan Patz impulsó una transformación institucional en el manejo de casos de niños desaparecidos en Estados Unidos.
Según datos publicados por el portal de noticias local Patch.com, la difusión masiva de imágenes de menores en envases de consumo y la designación de una fecha nacional para su recordatorio surgieron como respuesta directa al caso Patz. A pesar del alcance del caso, las autoridades nunca lograron localizar a un testigo que situara a Hernández junto a la víctima el día de la desaparición.
Pedro Hernández, nacido en Puerto Rico y residente en Nueva Jersey desde su adolescencia, padece trastornos mentales diagnosticados y un bajo coeficiente intelectual, circunstancias que la defensa ha resaltado como factores que podrían haber influido en sus confesiones.
No existen pruebas físicas que vinculen directamente al acusado con la desaparición o muerte de Patz; el caso depende en gran medida de las declaraciones autoinculpatorias y de la credibilidad que los jurados otorguen a los testimonios y grabaciones.
Actualmente, Hernández mantiene la presunción de inocencia conforme a la ley de Nueva York. La última audiencia ratificó que todos los cargos formulados hasta el momento constituyen acusaciones formales y no una sentencia definitiva, manteniendo abierto uno de los expedientes criminales más debatidos de la historia judicial reciente de Estados Unidos.
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