El gobierno de Florida solicita al Censo excluir a inmigrantes indocumentados del cálculo electoral

La petición formal del estado de Florida para modificar el recuento poblacional realizado en el Censo 2020 ha reavivado el debate nacional sobre la representación en el Congreso de Estados Unidos y la distribución de los fondos federales. El fiscal general de Florida, James Uthmeir, presentó un requerimiento ante la Oficina del Censo con el objetivo de revertir la metodología aplicada durante ese proceso, argumentando que el enfoque utilizado habría resultado en una “pérdida injusta de escaños” y una significativa reducción de recursos federales para el territorio floridano. Según la postura oficial de la fiscalía estatal, la forma en que se contabilizó a la población en el último censo perjudicó a Florida, impidiendo que el estado alcanzara una representación acorde a su volumen demográfico real.

La solicitud, apoyada por datos recientes publicados sobre el conteo de población, sostiene que la metodología vigente subestimó el número de habitantes en Florida y en otros cinco estados de tendencia conservadora. Conforme a los datos esgrimidos por la oficina del fiscal, este “error de cálculo” habría costado a los floridanos al menos un puesto en la Cámara de Representantes, además de implicar una merma relevante en la asignación de fondos nacionales que dependen directamente de los resultados censales. Desde la perspectiva estatal, la omisión de una parte significativa de la población afectó de manera directa la capacidad de influencia política y el acceso a recursos públicos destinados a servicios, infraestructura y programas sociales.

El fiscal general James Uthmeir fundamentó su reclamo en la idea de que la metodología aplicada favoreció a ciertos estados en detrimento de otros. Para la fiscalía, los estados de inclinación demócrata habrían conservado cargos legislativos que, de acuerdo con una lectura estricta de los datos demográficos, ya no les corresponderían, mientras que Florida y otros territorios con gobiernos republicanos habrían perdido representación de manera indebida. Este argumento se apoya en la comparación de los resultados oficiales del censo y en la evolución demográfica registrada en los últimos años.

En su comunicado, la oficina del fiscal resalta que las “cifras inexactas” son consecuencia de un enfoque censal que contabiliza a todas las personas presentes físicamente en el territorio, sin tener en cuenta su estatus migratorio ni su ciudadanía. Según la visión de Uthmeir, este método otorga una mayor cuota de poder político a los estados con una alta concentración de inmigrantes indocumentados, a la vez que diluye la influencia de aquellos territorios que mantienen una adhesión estricta a las leyes nacionales sobre migración y ciudadanía. El representante legal de Florida citó el propósito fundacional del censo, recordando que “el censo se diseñó para garantizar la representación equitativa de los ciudadanos de Estados Unidos, no de aquellos que se encuentran aquí de forma ilegal o temporal”. Añadió que la manera en que se calcula la población tiene “un impacto directo en cómo se distribuye el poder político en todo el país” y que, en consecuencia, el estado “merece un recuento preciso que garantice que los floridanos estén representados de manera justa”.

La controversia en torno al método de empadronamiento se inserta en una disputa más amplia sobre el papel de la inmigración y la definición del concepto de residencia para fines electorales. Desde la fiscalía de Florida se sostiene que el sistema vigente, al no discriminar entre residentes legales, ciudadanos estadounidenses e inmigrantes indocumentados, termina por distorsionar la distribución de escaños en el Congreso y el reparto de fondos federales. Para la administración estatal, la práctica de contar a todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, altera el equilibrio constitucional y beneficia a los estados que reciben mayores flujos de población extranjera.

En su petición a la Oficina del Censo, Uthmeir exigió la adopción de medidas concretas para regresar a los estándares históricos del conteo poblacional en Estados Unidos. Entre las demandas planteadas se encuentra la obligatoriedad de preguntar sobre la ciudadanía y el estatus migratorio de los habitantes en el cuestionario censal, una medida que, según la fiscalía, permitiría obtener datos más precisos y ajustar la representación parlamentaria de acuerdo con la realidad ciudadana del país. Además, la petición solicita la exclusión de los pobladores temporales y de los hijos de estos grupos del proceso de reparto electoral, así como el cese del uso de inferencias estadísticas para determinar las cifras finales de población.

Estas demandas forman parte de una larga contienda por el peso electoral y las políticas migratorias en Estados Unidos. El debate sobre quién debe ser incluido en el censo y cómo se define la residencia para efectos de representación política ha sido recurrente, especialmente en los últimos ciclos electorales. Durante la primera administración de Donald Trump, las autoridades federales intentaron introducir la pregunta sobre ciudadanía en el cuestionario censal, enfrentando numerosos retos legales y una fuerte resistencia en los tribunales. Tras la publicación de los resultados oficiales del Censo 2020, la dirigencia republicana de Florida, con el respaldo del gobernador Ron DeSantis, intensificó sus críticas al esquema vigente, argumentando que el sistema actual favorece a las administraciones demócratas y reduce la capacidad de voto de los ciudadanos estadounidenses. La controversia persiste y se proyecta como un eje central en la discusión sobre la representación y la equidad en el reparto de recursos federales en los próximos años.