El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó a Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que refuerce la persecución administrativa de fraudes vinculados a solicitudes de asilo y que utilice con más frecuencia herramientas sancionatorias ya previstas por la ley federal, incluidas acciones contra abogados acusados de presentar reclamos falsos.
La directiva figura en un memorando interno difundido por CBS News. La instrucción fue comunicada en un memorando fechado el 26 de mayo de 2026 y firmado por James Percival, abogado principal del Departamento de Seguridad Nacional, según informó el medio citado.
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El documento instruyó a los abogados de ICE a desarrollar “políticas antifraude” para una “aplicación robusta” de la normativa vigente y señaló que esa estrategia debía incluir medidas contra abogados de inmigración acusados de presentar solicitudes de asilo falsas.
Qué cambia la directiva y a quién apunta
La nueva línea de acción no creó sanciones nuevas, pero ordenó a ICE aplicar con mayor regularidad un esquema de sanciones administrativas contra quienes preparen, presenten o ayuden a presentar documentación o solicitudes con datos falsos, incluidas peticiones de asilo. La mira incluyó a migrantes y a representantes legales.
Percival afirmó en el memorando, citado por CBS News, que “millones de inmigrantes ilegales han cometido fraude en el sistema migratorio”, aunque el texto reconoció que no aportó cifras concretas. También sostuvo que la incidencia de ese fenómeno fue especialmente alta en las cortes de inmigración.
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Multas, medidas disciplinarias y consecuencias penales
Según el memorando obtenido por CBS News, la directiva se centró en el uso más frecuente de penalidades civiles por fraude documental migratorio: USD 4.730 por cada documento o acto fraudulento en una primera infracción y USD 11.823 para reincidentes.
El alcance, de acuerdo con el mismo documento, puede incluir órdenes de cese y desistimiento. En el caso de abogados, un hallazgo de fraude puede derivar en derivaciones a autoridades disciplinarias y en suspensión o expulsión de la práctica ante cortes de inmigración. En escenarios graves, la vía puede escalar a cargos criminales.
Antecedentes citados y el marco político mencionado
El memorando aludió a antecedentes de persecución de esquemas organizados de fraude en asilo. CBS News mencionó casos procesados en Nueva York y Florida, con episodios que incluyeron desde la preparación de solicitudes falsas y declaraciones juradas hasta la supuesta instrucción a solicitantes para mentir bajo juramento.
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El texto también encuadró el giro dentro de directrices previas: citó una orden ejecutiva de enero titulada “Protecting the American People Against Invasion” y recordó un memorando presidencial de marzo que instó a buscar sanciones contra litigios “frívolos, irrazonables y vexatorios” ante agencias federales.
Reacciones del ámbito legal y el impacto sobre el asilo
La American Immigration Lawyers Association, citada por CBS News, advirtió que la directiva podía suponer un riesgo para el ejercicio de la defensa en casos legítimos y generar un efecto inhibidor sobre la representación de solicitantes por temor a procesos disciplinarios o sanciones administrativas.
El memorando sostuvo que el derecho a pedir asilo en Estados Unidos no se modificó. En esa línea, recordó que para la aprobación se exige acreditar persecución por motivos como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social.
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A la vez, la directiva elevó el umbral operativo de control para detectar información falsa o testimonios inventados, con potencial impacto sobre la práctica de abogados y sobre los solicitantes.
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