Un nuevo proyecto de ley busca ayudar a las personas que no pagan una cuota de su auto en Colorado

El aumento de los embargos de vehículos ha generado preocupación en Colorado, donde las leyes actuales facilitan la recuperación de autos por parte de los prestamistas ante cualquier atraso en los pagos. En el último año, el número de personas que no paga sus préstamos para automóviles alcanzó su nivel más alto en 15 años. Se estima que en ese periodo se embargaron 3 millones de vehículos en todo el país. Este fenómeno refleja el impacto del creciente costo de vida, que ha dificultado que muchas familias puedan cumplir con sus obligaciones financieras relacionadas con el transporte personal.

En Colorado, la facilidad con la que los bancos y concesionarios pueden recuperar un auto tras un solo pago atrasado ha sido señalada como un factor preocupante. El marco normativo estatal permite que, ante el impago de una sola cuota, los prestamistas ejecuten el embargo del vehículo. Esta realidad ha encendido el debate sobre si las regulaciones actuales protegen adecuadamente a los consumidores o si, por el contrario, los dejan en una situación de vulnerabilidad. El riesgo de perder el principal medio de transporte tras un imprevisto financiero, como una enfermedad o el desempleo, se ha convertido en un motivo de alarma social.

El caso de Duffi Frazier ilustra los peligros asociados a la inmovilización remota de vehículos, una práctica permitida en Colorado. Frazier relató que, mientras conducía por la I-25 para llevar a su hijo de urgencia al hospital, el concesionario donde había adquirido el automóvil desactivó el vehículo a distancia debido a un pago atrasado. Según su testimonio, perdió el control total del auto: el volante se bloqueó, no pudo encender las luces de emergencia y quedó varada en medio del tráfico con su hijo enfermo. La situación, que calificó como aterradora, transformó su miedo en indignación al descubrir que la causa había sido un retraso en el abono de la cuota.

La historia de Frazier ilustra los riesgos inmediatos para la seguridad de los ocupantes y de otros conductores, ya que la inmovilización remota puede producirse en cualquier momento, sin aviso previo ni consideración por las circunstancias. Este tipo de situaciones ha intensificado la discusión sobre la necesidad de reformar la ley estatal para evitar que una medida de cobro ponga en peligro vidas humanas.

En respuesta a estos problemas, el representante estatal Javier Mabrey ha impulsado un proyecto de ley que busca modificar la normativa vigente sobre embargos de vehículos. Entre las propuestas principales se encuentra la prohibición de que los concesionarios inmovilicen un automóvil a distancia como método para recuperarlo. Además, el proyecto amplía de 20 a 34 días el plazo que tiene el propietario para regularizar un pago atrasado antes de que se le embargue el vehículo. Una vez efectuado el embargo, el dueño dispondría de 48 días para saldar la deuda y los cargos considerados razonables con el fin de recuperar su auto.

El proyecto establece que las infracciones a estas normas serían consideradas una práctica comercial engañosa, lo que podría acarrear sanciones de hasta el triple del monto adeudado. Mabrey sostiene que el objetivo es ofrecer una red de protección a quienes atraviesan dificultades temporales, evitando que una enfermedad o un contratiempo desemboque en la pérdida del vehículo y, potencialmente, del empleo.

La iniciativa ha encontrado una fuerte resistencia por parte de concesionarios, bancos y cooperativas de crédito. Estos sectores sostienen que ya trabajan junto a los clientes para evitar embargos, y cuestionan la necesidad de codificar en la ley lo que consideran sus mejores prácticas habituales. Matthew Groves, de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Colorado, argumenta que el proyecto de ley traslada toda la responsabilidad sobre cuestiones como el remolque, almacenamiento y los intereses impagados a los concesionarios y prestamistas. Además, expresa preocupación ante la falta de una definición precisa de “honorarios irrazonables”, lo que, según él, podría derivar en años de litigios para establecer qué cargos son aceptables.

El proyecto de ley también contiene nuevas protecciones para compradores de autos usados. Entre ellas, se incluye la posibilidad de devolver el vehículo en un plazo de tres días y recibir un reembolso completo. Además, se prohíbe a los concesionarios cobrar por exceso de kilometraje o por reparaciones que no estén justificadas. Groves, sin embargo, considera que revertir una compra es mucho más complicado de lo que aparenta, ya que involucra la participación de prestamistas, compañías de garantía y el Departamento de Vehículos Motorizados.

El futuro de la propuesta legislativa es incierto. El proyecto será presentado ante el Comité de Asuntos Empresariales y Laborales de la Cámara de Representantes, pero Javier Mabrey reconoce que, por ahora, no cuenta con los votos necesarios para su aprobación. El debate se centra entre quienes consideran prioritario dar dos semanas adicionales de protección a los consumidores, y aquellos que temen que estas restricciones puedan desencadenar pérdidas económicas para los concesionarios y entidades financieras. Mabrey resume el dilema planteando si la preocupación debe estar en las personas afectadas por el embargo de sus vehículos o en los intereses de los bancos y concesionarios, quienes aseguran que los embargos son poco frecuentes.