A partir del 24 de marzo de 2026, la ciudad de Nueva York implementa una de las regulaciones laborales más amplias de la última década: todos los empleadores deben informar a su personal sobre la nueva regla de las 32 horas vinculada al tiempo libre protegido, lo que amplía sustancialmente los derechos para ausentarse sin temor a represalias ni a la pérdida del empleo.
El Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) confirmó a The New York Times que el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en multas que parten de USD 500 por infracción y pueden superar los USD 5.000 en casos de reincidencia, según el cuadro de sanciones vigente.
Desde esa fecha, cada empleador está obligado a distribuir y exhibir un Aviso de Derechos del Empleado actualizado —accesible para todo el personal en los lugares de trabajo—, el cual debe estar disponible en los idiomas predominantes de la fuerza laboral, incluyendo español, mandarín y bengalí, conforme la Ordenanza de Acceso Lingüístico de 2024, y entregarse obligatoriamente a quienes se incorporen a la empresa a partir del 24 de marzo de 2026.
El aviso fusiona las nuevas justificaciones legales para ausentarse, el incremento de horas protegidas y la prohibición de represalias en un solo documento, centralizando toda la información necesaria que deben recibir los empleados.
En cumplimiento con la normativa, todos los empleados en la ciudad de Nueva York —sin distinción de sector, tamaño de la empresa, modalidad de contratación ni estatus migratorio— cuentan desde el primer día de trabajo con 32 horas adicionales de tiempo libre protegido no remunerado por año calendario.
Este beneficio se suma a las 40 o 56 horas de licencia remunerada por enfermedad o seguridad ya existentes, dependiendo del tamaño de la empresa: las compañías con 100 empleados o más deben ofrecer 56 horas, mientras que las pequeñas (menos de 100 empleados) deben garantizar al menos 40, según datos del DCWP y la agencia federal para pequeñas empresas Small Business Administration de Nueva York.
La nueva legislación garantiza que cada trabajador pueda hacer uso de estas horas desde el inicio del contrato. Los empleadores deben reflejar este derecho en las políticas internas y en los recibos de sueldo, asegurando transparencia.
El DCWP recibió en 2025 más de 12.800 denuncias por irregularidades en la comunicación de derechos laborales en el sector privado, cifra que, según proyecciones del propio organismo, podría duplicarse con la entrada en vigor de la reforma.
Las autoridades advirtieron que la omisión en la notificación o en la actualización de los registros puede acarrear multas y demandas colectivas, respaldadas por organizaciones de derechos laborales como Make the Road New York y National Employment Law Project.
La Ley de Tiempo Libre por Enfermedad y Seguridad Laboral, conocida como ESSTA, pasa a denominarse Ley de Tiempo Libre Protegido. Este cambio responde a la ampliación de coberturas y a la diversidad de situaciones contempladas.
Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, se estima que más de 3,2 millones de trabajadores en los cinco distritos están alcanzados por la nueva normativa, incluyendo a empleados temporales, contratistas y personal doméstico, sectores históricamente excluidos de otras legislaciones.
Por primera vez, la legislación incorpora una licencia prenatal remunerada de 20 horas anuales, destinada a que las trabajadoras embarazadas puedan asistir a controles médicos.
El DCWP subraya que este derecho es inmediato y no depende de la antigüedad en la empresa. Según la organización de defensa de los derechos laborales A Better Balance, se espera que esta medida beneficie a más de 80.000 mujeres en edad reproductiva que trabajan en el área metropolitana de Nueva York.
Ampliación de motivos y cobertura del tiempo libre protegido
El nuevo bloque de derechos laborales reconoce, además de las enfermedades tradicionales, una serie de causas expresamente protegidas que justifican la ausencia.
Según el DCWP, el tiempo libre protegido puede utilizarse en situaciones de emergencia pública —como tormentas graves o situaciones de alerta decretadas por las autoridades—, para el cuidado de menores o familiares con discapacidad ante cierres escolares y la necesidad de buscar protección o asesoramiento legal frente a episodios de violencia doméstica o en el ámbito laboral.
El DCWP incluyó también el acceso a tiempo libre para asistir a audiencias relacionadas con vivienda o beneficios públicos, ampliando así el abanico de situaciones protegidas. Las ausencias por estos motivos no pueden ser motivo de despido ni de represalias.
El abogado laboralista Luis Medina, especialista en legislación municipal, precisó: “La protección es universal e inmediata, y las empresas que incumplan enfrentarán sanciones tanto económicas como reputacionales, dado el monitoreo activo de ONGs y sindicatos”.
La inclusión de nuevas causas responde a recomendaciones del informe 2024 de la Universidad de Columbia sobre brechas en la protección social urbana, que advirtió que el 27% de los empleados del sector servicios había debido faltar al trabajo por motivos no contemplados en la ley previa.
Obligaciones de notificación y registro para empleadores bajo la nueva normativa
Las empresas deben exhibir, en un lugar de fácil acceso, el documento con la política de tiempo libre protegido y distribuirlo en formato físico o digital a todo el personal, según las instrucciones del DCWP. Cada nuevo empleado debe recibir este aviso al momento de ser contratado.
El DCWP informó que, en el primer trimestre de 2026, realizó más de 2.100 inspecciones aleatorias en comercios, restaurantes y cadenas hoteleras para verificar el cumplimiento de las obligaciones de notificación, con un 18% de infracciones detectadas.
La normativa exige que el saldo de tiempo libre protegido figure de manera clara en los recibos de pago. Según la Asociación de Contadores de Nueva York, muchas pequeñas empresas han debido actualizar sus sistemas de nómina para incorporar los nuevos ítems, lo que generó costos adicionales que, en promedio, ascendieron a USD 1.500 por empresa en consultoría y software durante el primer semestre de implementación.
Es ilegal que un empleador tome represalias contra cualquier trabajador que haga uso de este derecho, lo consulte o solicite información sobre su existencia.
El despido, la degradación o la reducción de condiciones laborales por ejercicio del tiempo libre protegido están expresamente prohibidos por la nueva legislación. De acuerdo con la Oficina del Defensor del Pueblo de Nueva York, órgano público de control, en 2025 se registraron casi 900 quejas por represalias laborales, y se espera que la cifra disminuya con la mayor difusión de los derechos.
Cobertura y canales de denuncia
La normativa abarca a asalariados y contratistas de los cinco distritos de la ciudad, sin distinción por estatus migratorio, sector de actividad o modalidad de contratación. El aviso oficial está disponible en formato digital y puede ser consultado por cualquier trabajador para verificar el conjunto de derechos reconocidos.
Además, existen líneas telefónicas y portales web habilitados para denuncias anónimas, gestionadas por el DCWP y la organización legal sin fines de lucro New York Legal Assistance Group.
En caso de no haber recibido la notificación, los empleados pueden solicitarla al área de recursos humanos o revisar los canales internos de la empresa.
Los empleadores están obligados a actualizar sus manuales, políticas y recibos de sueldo para reflejar el nuevo régimen de licencias, incluyendo las 32 horas adicionales de tiempo libre protegido y los cupos previos de licencia remunerada.
El DCWP mantiene habilitados canales para denuncias y realiza inspecciones periódicas en empresas de todos los tamaños. Según los lineamientos oficiales, las sanciones por incumplimiento buscan garantizar que el derecho al tiempo libre protegido sea efectivo para la totalidad de la fuerza laboral.
El organismo puso a disposición un portal de seguimiento público donde los trabajadores pueden consultar si su empresa fue inspeccionada y el resultado de la auditoría, en un esfuerzo por aumentar la transparencia y la rendición de cuentas empresarial.
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