La administración de Donald Trump presentó una demanda el viernes contra Harvard University, acusando a la institución de permitir un “entorno hostil” hacia estudiantes judíos e israelíes durante manifestaciones pro-palestinas en el campus entre 2023 y 2025. El gobierno federal sostiene que Harvard no solo fue indiferente, sino que deliberadamente rehusó aplicar sus propias normas frente a protestas y actos que, según la denuncia, equivalen a antisemitismo.
La demanda, interpuesta por el Departamento de Justicia en un tribunal federal de Boston, señala que la universidad permitió, entre otras situaciones, la ocupación por más de veinte días de sus bibliotecas por parte de manifestantes antiisraelíes, lo que habría violado las políticas institucionales. El documento judicial sostiene que profesores y directivos de Harvard “voltearon la mirada ante el antisemitismo y la discriminación contra judíos e israelíes”, y que, incluso, algunos docentes colaboraron con los manifestantes llevándoles comida. El Departamento de Justicia acusa a la universidad de no proteger a los estudiantes judíos e israelíes de acoso severo, agresiones físicas y exclusión de instalaciones como bibliotecas y aulas. Algunos de estos episodios han sido motivo de controversia y contestación, pero el gobierno insiste en que la pasividad de Harvard envió un mensaje de exclusión deliberada a esta comunidad.
Este litigio forma parte de una ofensiva más amplia de la administración Trump contra universidades estadounidenses a las que acusa de tolerar movimientos pro-palestinos a raíz de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. En febrero, el gobierno presentó una demanda similar contra la University of California, Los Angeles (UCLA), alegando que allí también se ignoraron actos antisemitas y que el personal judío e israelí vivió situaciones de terror. El Departamento de Justicia ha reiterado que “Estados Unidos no puede ni va a tolerar estos fallos”, y busca que los tribunales obliguen a las instituciones a cumplir con la ley federal y los acuerdos que condicionan la entrega de fondos federales.
El gobierno de Trump solicita a la justicia que declare a Harvard en “incumplimiento sustancial” de sus obligaciones contractuales y, en consecuencia, se libere a la administración de continuar otorgando subvenciones federales, además de exigir la devolución de fondos previamente entregados. El monto reclamado asciende a miles de millones de dólares, según la acusación, y el Ejecutivo también pide que se designe un supervisor independiente para monitorear el cumplimiento de la ley en la universidad. Esta exigencia se suma a los intentos previos de la administración por negociar un acuerdo con Harvard, donde se discutió una posible contribución de 500 millones de dólares, aunque en febrero Trump elevó públicamente la cifra a 1.000 millones “en daños” y amenazó con iniciar una investigación penal.
Harvard respondió que “se preocupa profundamente por los miembros de nuestra comunidad judía e israelí” y sostiene que ha adoptado medidas “proactivas y sustantivas” para abordar el antisemitismo, incluyendo formación y programas para promover el diálogo civil y el respeto. La universidad afirma que sus acciones demuestran “lo contrario a la indiferencia deliberada” alegada por el gobierno. Sin embargo, Harvard, como otras universidades estadounidenses, depende de los fondos federales para mantener su actividad investigadora y ya había demandado previamente al gobierno por la congelación de 2.600 millones de dólares en subvenciones, logrando una sentencia favorable en septiembre. La administración Trump mantiene un recurso contra esa decisión judicial y, con la demanda del viernes, parece buscar una vía legal alternativa para presionar a la universidad.
El caso fue asignado al juez Richard G. Stearns, exalumno de la Facultad de Derecho de Harvard, mientras que el fallo previo sobre la financiación estuvo a cargo de la jueza Allison D. Burroughs, cuya sentencia sigue pendiente de apelación. El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., recordó que las universidades tienen “el deber de proteger los derechos civiles” cuando aceptan fondos públicos y subrayó que “el antisemitismo no tiene cabida en ningún programa financiado por el pueblo estadounidense”.
Las relaciones entre la administración Trump y Harvard se han deteriorado tanto en público como en privado durante el último año, con idas y venidas sobre el monto y destino de los fondos reclamados. El Ejecutivo sostiene su ofensiva judicial, mientras la universidad insiste en que ha tomado medidas para corregir los problemas detectados en las protestas relacionadas con la guerra de Gaza.
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