Por primera vez desde 2015, el petróleo volvió a circular por el polémico oleoducto de Santa Bárbara, tras una decisión federal que dejó en suspenso la autoridad reguladora del estado.
El impulso a esta medida provino de la administración Trump, que invocó la Ley de Producción para la Defensa para reactivar la red de ductos, enfrentando de inmediato la resistencia de las autoridades californianas y el activismo ambiental.
El restablecimiento del flujo petrolero marca un punto crítico en el prolongado enfrentamiento entre el gobierno de California y la Casa Blanca por el control y la seguridad de la industria energética en la región.
Según Sable Offshore Corp., operadora con sede en Houston, la medida permitirá incrementar en 17 % la oferta interna de crudo en California, dato que la empresa considera clave para la seguridad nacional.
Las autoridades estatales, en cambio, sostienen que la decisión viola la legislación local y pone en riesgo áreas protegidas.
La reactivación afecta a una red de oleoductos que conecta la costa central de California con el condado de Kern. El sistema permanecía inactivo desde 2015, tras un derrame provocado por la rotura de una tubería corroída, considerado uno de los incidentes más graves en la historia reciente del estado.
Sable Offshore llevaba más de un año intentando restablecer la operación, pero había enfrentado obstáculos regulatorios y acusaciones de incumplimiento de normativas ambientales y costeras.
El viernes pasado, la administración Trump recurrió a la Ley de Producción para la Defensa, un mecanismo de la época de la Guerra Fría, para declarar que las necesidades energéticas nacionales prevalecen sobre las normativas estatales y locales.
Tras esta acción, la compañía anunció oficialmente la reanudación del transporte de crudo por los ductos que atraviesan los condados de Santa Bárbara, San Luis Obispo y Kern.
Durante la primera jornada de funcionamiento, Sable Offshore informó el movimiento de 540.000 barriles de crudo procesado desde sus instalaciones de almacenamiento, a la espera de activar las otras dos plataformas marinas antes de junio.
La empresa prevé iniciar la venta de crudo a partir del 1 de abril, con un ritmo diario estimado de 50.000 barriles.
Respuesta legal y ambiental de California
El Departamento de Parques de California exigió a Sable la retirada del ducto en el parque estatal de Gaviota y negó formalmente el permiso para operar en esa zona protegida.
La autoridad señaló la incompatibilidad con la gestión del parque y uso excesivo de recursos estatales, y advirtió la posibilidad de acciones legales si la empresa no responde en un plazo de diez días.
Por su parte, Sable confirmó la recepción de la notificación y presentó una demanda ante un tribunal federal para validar su derecho a operar bajo la orden ejecutiva.
Este litigio será el primero en poner a prueba el alcance de la Ley de Producción para la Defensa en el ámbito de los oleoductos.
Tensiones políticas y rechazo ambientalista
El gobernador Gavin Newsom consideró la medida presidencial como “un intento ilegal de reactivar un oleoducto cuyos operadores enfrentan cargos penales y tienen prohibido reiniciar sus operaciones por varias órdenes judiciales”.
Organizaciones ambientalistas como el Center for Biological Diversity denunciaron la utilización de la ley como un “abuso de poder radical y sin precedentes”.
Brady Bradshaw, portavoz del grupo, expresó: “La manipulación de una norma de seguridad nacional en beneficio de una empresa reincidente es algo impactante, incluso para esta administración”.
La organización aseguró que acudirá a los tribunales para proteger la costa de Santa Bárbara y prohibir la explotación petrolera en el litoral californiano.
Perspectiva empresarial y próximos pasos
Desde la perspectiva de Sable Offshore y la administración Trump, la reanudación del flujo petrolero es vital para el abastecimiento interno y los intereses estratégicos del país.
El director ejecutivo de la empresa, Jim Flores, declaró que la compañía prioriza el suministro a consumidores californianos y continuará colaborando con el Departamento de Energía para cumplir con la ley federal y garantizar la seguridad energética.
La empresa había logrado reactivar una de sus tres plataformas marinas en mayo del año pasado. Sin embargo, las restricciones legales impedían transportar el crudo a tierra a través de los ductos.
En la actualidad, con el permiso especial, planea poner en marcha las otras plataformas y mantener la plantilla en operación, haciendo uso de las condiciones del permiso de emergencia vigente.
La batalla judicial y política sobre el oleoducto de Santa Bárbara sigue abierta, con el futuro del ducto y el modelo energético del estado en el centro del debate.
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