
La Casa Blanca confirmó este jueves CBS News y BBC que al menos uno de los cuatro muertos y uno de los seis heridos en la lancha interceptada por la Guardia Costera de Cuba eran ciudadanos estadounidenses, mientras que el resto podrían ser residentes legales permanentes.
El incidente, que tuvo lugar el miércoles en aguas cercanas a Cayo Falcones, involucró a una embarcación procedente de Florida que, según la dictadura cubana, fue interceptada cuando intentaba ingresar al país de manera ilegal.
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La lancha fue abordada por cinco miembros de las Tropas Guardafronteras cubanas, quienes intentaron identificar a los ocupantes antes de que se produjera un intercambio de disparos. Según la versión de La Habana, los ocupantes abrieron fuego primero, lo que provocó la muerte de cuatro personas y heridas a las seis restantes, que posteriormente fueron detenidas.
El Ministerio del Interior de Cuba identificó a los fallecidos como Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa.
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Mientras que los heridos y arrestados fueron Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordan Enrique Cruz Gómez, Amijail Sánchez González y Roberto Álvarez Ávila.

La dictadura de Miguel Díaz-Canel también precisó que, en una comunicación anterior, se había identificado erróneamente a una persona, aclarando que Rolando Roberto Azcorra Consuegra no participó en el hecho.
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Fuentes oficiales estadounidenses indicaron a CBS News que al menos uno de los ocupantes tenía una visa K-1, que permite a los prometidos de ciudadanos estadounidenses residir temporalmente en Estados Unidos con fines de matrimonio.
El propietario del bote, registrado en Florida, denunció ante la Oficina del Sheriff del condado de Monroe que la embarcación fue robada de su muelle en los Cayos de Florida. Según el reporte policial recogido por CBS News y EFE, el dueño, un hombre de 65 años, acusó a un ex empleado de sustraer la nave sin su autorización.
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El Ministerio del Interior cubano afirmó que los ocupantes de la embarcación estaban armados con fusiles de asalto, pistolas, cócteles molotov, chalecos antibalas y uniformes de camuflaje, y tenían la intención de “llevar a cabo una infiltración con fines terroristas”.
Además, según BBC News, se recuperaron dispositivos explosivos improvisados y otros equipos tácticos a bordo de la lancha. Según el régimen de La Habana, la mayoría de los involucrados tenía antecedentes de actividades delictivas y violentas.
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La Embajada de Cuba en Estados Unidos comunicó que dos de los detenidos, González y Gómez, estaban buscados por la justicia cubana e incluidos en listas entregadas a las autoridades estadounidenses en 2023 y 2025, por presunta implicación en actos de terrorismo.
Investigación en curso
Tras el incidente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que el gobierno estadounidense investiga el caso y mantiene comunicación con sus contrapartes cubanas.
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“Queremos saber exactamente qué ocurrió y responderemos en consecuencia”, afirmó Rubio. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, sostuvo que existe disposición de ambas partes para cooperar en el esclarecimiento de los hechos.
El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión entre ambos países, marcado por la reciente imposición de sanciones y aranceles por parte del presidente Donald Trump y el endurecimiento de la política migratoria hacia Cuba. Tanto la Casa Blanca como el Ministerio del Interior cubano aseguraron que la investigación continúa y que se emplearán los mecanismos bilaterales existentes para el intercambio de información.
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Las autoridades estadounidenses no han dado a conocer públicamente las identidades completas de todos los ocupantes ni las razones precisas por las que la embarcación se encontraba en aguas cubanas. El caso sigue bajo investigación, con los seis sobrevivientes bajo custodia de las autoridades de la isla.
(Con información de AFP y EFE)
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