Estados Unidos comenzó este martes a aplicar un nuevo arancel a las importaciones, por decisión del presidente Donald Trump, quien reafirmó su política económica tras el fallo adverso de la Corte Suprema.
Trump había anunciado el viernes que, tras la sentencia en contra de su política comercial, no cedería y que los aranceles existentes serían reemplazados por un gravamen generalizado del 10%. Durante el fin de semana, anticipó que la tasa se podría elevar al 15%.
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La Casa Blanca indicó que estos derechos aduaneros buscan reducir “los grandes y graves déficits de la balanza de pagos”. El nuevo arancel tendrá una vigencia inicial de 150 días, a menos que el Congreso decida extenderlo.
El gravamen no se aplica a la mayor parte de los productos originarios de Canadá y México, amparados por el acuerdo de libre comercio vigente entre los tres países. Sin embargo, la importación de determinados productos, como automóviles y acero, sí podrá ser objeto de nuevos aranceles, de acuerdo con lo que autorizó la Corte Suprema en una votación de 6 a 3.
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El fallo del alto tribunal declaró ilegal buena parte de los aranceles previamente impuestos y limitó la facultad presidencial para establecer o modificar gravámenes comerciales amparándose en razones de emergencia nacional.
Desde abril del año pasado, Trump utilizó esa argumentación como principal herramienta diplomática y económica, tras décadas de aranceles más bajos en comparación con otras economías desarrolladas.
Estados Unidos había liberalizado progresivamente sus importaciones desde la década de 1980, política que Trump consideró perjudicial al no obtener, según su visión, suficientes contrapartidas de socios clave como Japón, la Unión Europea o China.
En paralelo a la imposición de aranceles, el gobierno estadounidense negocia desde 2025 nuevos tratados comerciales con países como Corea del Sur e India. El Tratado de Libre Comercio T-MEC con Canadá y México está previsto para ser renegociado este año.
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Donald Trump expresó su descontento tras la decisión de la Corte Suprema, al considerar que limita sus instrumentos de presión económica y diplomática.
Durante una conferencia de prensa improvisada, Donald Trump criticó el 20 de febrero a la Corte Suprema y acusó que algunos magistrados estarían bajo la influencia de intereses extranjeros. El presidente declaró que el fallo lo deja “más poderoso” y aseguró que buscará alternativas legales para mantener su política arancelaria.
Como consecuencia, la Casa Blanca debió modificar el decreto presidencial 14380 del 29 de enero, que imponía aranceles especiales a países exportadores de petróleo a Cuba bajo la justificación de proteger la seguridad nacional del país norteamericano.
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La administración del presidente republicano trabaja actualmente en la búsqueda de un esquema arancelario más estable, ya que Trump reiteró que los derechos aduaneros continuarán vigentes mientras permanezca en la presidencia. Persiste la incertidumbre sobre el destino de hasta USD 170.000 millones recaudados hasta ahora por concepto de aranceles.
Empresas estadounidenses y varios estados gobernados por demócratas informaron que recurrirán a la justicia para reclamar indemnizaciones, un proceso que, según el propio Trump, podría extenderse durante años. El mandatario advirtió sobre posibles aumentos en los aranceles para las importaciones provenientes de países que intenten aprovechar la decisión judicial.
“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con la ridícula decisión de la Corte Suprema, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a EEUU durante años, e incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y peor, que el que aceptaron hace muy poco”, publicó Trump en sus redes sociales.
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(Con información de AFP)
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