La administración Trump ha presentado una apelación contra la orden emitida por la jueza federal Allison Burroughs que revierte los recortes de más de 2.600 millones de dólares en financiamiento a la Universidad de Harvard, una medida que prolonga el enfrentamiento entre la Casa Blanca y la reconocida institución académica. El aviso de apelación, registrado el jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, responde a dos demandas consolidadas presentadas por Harvard y la Asociación de Profesores Universitarios.
El caso ha puesto en discusión el alcance del poder gubernamental para influir en la universidad más antigua y rica del país, la cual ha resistido las presiones de la administración de Donald Trump, dirigidas especialmente a instituciones de élite. De acuerdo con la sentencia emitida en septiembre, la jueza Burroughs concluyó que los recortes implementados por el gobierno infringieron los derechos garantizados por la Primera Enmienda a Harvard. Explicó que el Ejecutivo federal impuso condiciones inconstitucionales para el acceso a los fondos y no observó los procedimientos requeridos antes de sancionar a las universidades por supuestas violaciones de derechos civiles.
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Los recortes financieros se fundamentaron, según la administración Trump, en acusaciones de que Harvard habría actuado con lentitud para abordar situaciones de sesgo antijudío en el campus. Burroughs desestimó este argumento, afirmando que el gobierno utilizó el antisemitismo “como una cortina de humo para un ataque dirigido e ideológicamente motivado contra las principales universidades de este país”.
El aviso de apelación presentado constituye únicamente el inicio formal del proceso para intentar revocar la decisión de la jueza; no detalla los argumentos legales sobre los que se sustentará la apelación. En respuesta al aviso, Harvard manifestó en un comunicado que sus responsables “siguen confiando en nuestra posición legal”. Según la universidad, la decisión judicial de septiembre restableció fondos críticos para la investigación, los cuales, señala, avanzan la ciencia, los avances médicos, la seguridad nacional y la competitividad económica de Estados Unidos.
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Por su parte, Todd Wolfson, presidente de la asociación de profesores, sostuvo que la apelación representa “solo una continuación de su campaña descarada para detener el financiamiento crítico de la investigación en un intento de disuadir a las universidades y al profesorado de participar en cualquier discurso, enseñanza e investigación que Donald Trump desapruebe”.
La Casa Blanca no ha emitido comentarios sobre la apelación. Harvard se ha mantenido como el principal objetivo de Trump en la campaña para condicionar el financiamiento federal a reformas que, según su gobierno, buscan frenar la influencia de la “ideología woke” en las universidades. Mientras Harvard ha optado por un litigio prolongado, otras instituciones como Columbia, Brown y Cornell han cerrado acuerdos con las autoridades federales.
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Las negociaciones entre Harvard y la administración estadounidense han continuado durante la disputa judicial. En septiembre, Trump aseguró que se estaba cerca de alcanzar un acuerdo en el que Harvard se comprometería a aportar USD 500 millones para crear una “gran escuela de oficios” destinada a formar trabajadores para plantas estadounidenses, aunque dicho acuerdo finalmente no se concretó y no se han producido nuevos anuncios desde entonces.
(Con información de AP)
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