
El alcalde Zohran Mamdani ordenó prohibir a 42 minoristas en línea la venta y el envío a Nueva York de vehículos motorizados que exceden los límites legales de velocidad, potencia o peso. La ciudad los intimó a cesar la comercialización y advirtió con multas civiles de hasta USD 2.000 por cada venta ilegal.
Según un comunicado oficial del gobierno de la ciudad de Nueva York, la medida apuntó a plataformas de comercio electrónico que promocionan y entregan vehículos que no pueden venderse ni circular legalmente por la vía pública neoyorquina. La estrategia buscó bloquear la venta desde el origen comercial y no solo sancionar a quienes ya los usan en la calle.
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La decisión se inscribió en una estrategia más amplia de seguridad vial: la ciudad sostiene que los vehículos que, por su peso o por alcanzar velocidades superiores a las permitidas, elevan el riesgo y la gravedad de las colisiones.
La orden alcanzó scooters, bicicletas eléctricas y ciclomotores fuera de norma

La prohibición incluyó scooters motorizados de pie que pesen más de 45 kg (100 libras) o superen los 32 km/h (20 millas por hora). También alcanzó a bicicletas eléctricas con motores de más de 750 vatios o capaces de circular a más de 40 km/h (25 millas por hora).
La orden también comprendió ciclomotores con asiento que no tengan ni exhiban un VIN (número de identificación vehicular) válido. La ciudad advirtió además que estos vehículos podrán ser confiscados si son detectados en circulación por las calles.
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El foco, según explicó el gobierno local, estuvo puesto en el “origen” del problema: la oferta comercial. Para la administración municipal, las plataformas de venta en línea se transformaron en un canal que permite el ingreso a la ciudad de dispositivos que no cumplen con los criterios legales vigentes para circular por la vía pública.
La administración municipal emitió órdenes de cese y desistimiento para que esas compañías suspendan de inmediato la comercialización y el envío de esos vehículos a direcciones dentro de los 175 códigos postales de la ciudad. Quienes desobedezcan podrán enfrentar multas civiles de hasta USD 2.000 por cada venta ilegal.
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En el anuncio, Mamdani sostuvo que estas muertes no son inevitables y que pueden prevenirse. El alcalde afirmó: “Hoy estamos poniendo sobre aviso a los minoristas en línea: si continúan vendiendo dispositivos peligrosos e ilegales en la ciudad de Nueva York, tendrán que rendir cuentas”.
La ciudad vinculó la medida con el riesgo que generan el peso y la velocidad

El comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn, explicó que la velocidad y el peso son dos de los factores que más influyen en la gravedad de un accidente de tránsito. Defendió el uso de movilidad eléctrica legal como una opción eficiente para desplazarse, pero advirtió que los modelos más rápidos y pesados elevan el riesgo para peatones, ciclistas, otros conductores y para quienes los manejan.
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Flynn afirmó que los minoristas en línea permitieron que neoyorquinos compraran productos cuya venta y circulación son ilegales en las calles de la ciudad. “Y eso tiene que terminar”, dijo.
La medida fue anunciada después de que, la semana pasada, un dispositivo ilegal estuviera involucrado en un accidente que causó la muerte de un joven neoyorquino de 17 años. Las autoridades sostuvieron que el peso y la velocidad de estos vehículos incrementan de forma considerable la gravedad de las colisiones, y que por eso buscan interrumpir su disponibilidad en el mercado local.
La administración municipal presentó la movilidad eléctrica legal como una alternativa de transporte válida dentro del entramado urbano, pero subrayó que los modelos que exceden los límites fijados por la normativa no solo incumplen los criterios técnicos exigidos, sino que además amplifican el potencial daño cuando se produce un choque. En ese razonamiento, el control de la oferta se volvió una herramienta para intervenir antes de que el problema se manifieste en la calle.
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Repartidores, mercado confuso y el reclamo por alternativas seguras

Ligia Guallpa, directora ejecutiva del Proyecto de Justicia Laboral y cofundadora de Los Deliveristas Unidos, señaló que miles de repartidores dependen de estos dispositivos, pero se enfrentan a un mercado confuso. Según explicó, en ese mercado los vehículos ilegales e inseguros suelen presentarse como las opciones más accesibles y baratas.
Guallpa planteó que mejorar la seguridad vial exigió impedir la venta de esos dispositivos desde el comienzo. También reclamó educación, recursos y alternativas de transporte legales y seguras para los trabajadores, al sostener que el modo en que se oferta este tipo de vehículos puede empujar a decisiones de compra que luego derivan en riesgos para los usuarios y para el resto de la comunidad.
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La propia ciudad reconoció que la ofensiva contra los vendedores abordó solo una parte del problema. El cuadro más amplio incluyó circulación ilegal por las aceras, falta de controles efectivos, conductas imprudentes de algunos conductores y condiciones laborales que empujan a muchos repartidores a desplazarse con rapidez.
La medida contra los minoristas en línea buscó intervenir sobre el circuito de comercialización que, según la administración municipal, facilitó la llegada de modelos fuera de norma a manos de consumidores y trabajadores. El mensaje oficial apuntó a fijar responsabilidades en el sector que los vende y los envía, además del control en la vía pública.
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Con las órdenes ya emitidas, la ciudad dejó planteado que el cumplimiento no se limitará a la notificación inicial: el esquema incluyó sanciones económicas por venta ilegal y la posibilidad de confiscación de vehículos detectados en circulación. Para la administración municipal, el objetivo inmediato es reducir la disponibilidad de estos dispositivos en el mercado local y, con ello, recortar un factor que asoció con siniestros viales de alta gravedad.
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