La Casa Blanca busca evitar el cierre del gobierno en una reunión clave con los líderes del Congreso de Estados Unidos

La Casa Blanca recibirá este lunes a los líderes del Congreso en un intento de última hora por evitar el cierre del gobierno, previsto para la medianoche del martes. El presidente Donald Trump se reunirá con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries. El encuentro se produce en un clima de estancamiento: la administración republicana ha adelantado que no planea negociar. “El presidente quiere mantener al gobierno abierto, pero está dando a los demócratas una última oportunidad para ser razonables”, afirmó la vocera Karoline Leavitt, según Associated Press (AP). Trump, sin embargo, ha declarado días atrás que espera un cierre: “Si tiene que cerrarse, se cerrará. Ellos son los que están apagando el gobierno”.

Mientras tanto, varios departamentos ya han publicado sus planes de contingencia. El Departamento de Defensa mantendrá a cerca de 224.000 de sus más de 741.000 empleados civiles para tareas relacionadas con la protección de personas y bienes, junto con casi 2,1 millones de militares. Según información revisada por CNN, continuarán actividades que respalden operaciones militares contra al Qaeda y el Estado Islámico, pero se cancelarán visitas de dignatarios extranjeros, salvo que sean esenciales para la seguridad nacional o relaciones exteriores.

En el caso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), solo 14.000 de casi 272.000 empleados serían suspendidos temporalmente si no se acuerda el presupuesto. La gran mayoría de los efectivos de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), Servicio Secreto, Ciudadanía e Inmigración y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) seguirán operando. El departamento indicó que mantendrá las funciones clave, como la vigilancia fronteriza, el control de drogas, la atención a emergencias y la gestión de fondos para desastres.

El Departamento de Educación prevé que solo una fracción reducida de su personal continuará trabajando. Casi 1.500 de los 1.700 empleados de la agencia y cerca de 650 de 750 trabajadores de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes serían incluidos en el cese temporal, de acuerdo con el plan consultado por CNN. Los trabajadores esenciales se centrarán en funciones obligatorias por ley, aunque los programas de ayudas federales estudiantiles y becas Pell mantendrían su operatividad.

En el ámbito político, las posiciones se mantienen firmes. Los republicanos han aprobado en la Cámara un proyecto de ley que financiaría al gobierno durante siete semanas, pero la medida necesitaría el respaldo de al menos ocho demócratas en el Senado para superar el umbral de 60 votos, dada la oposición del republicano Rand Paul. Los demócratas, por su parte, insisten en aprovechar la negociación para exigir la extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que subsidian el seguro médico para millones de personas y vencen a fin de año. Aunque algunos republicanos no descartan renovar estos créditos, reclaman reformas para abordar “desperdicio, fraude y abuso”.

Schumer, entrevistado en NBC’s Meet the Press, remarcó la necesidad de una “negociación seria” y manifestó que las amenazas de despidos federales no modificarán las exigencias de su bloque. Durante una situación similar en marzo, él y otros nueve demócratas votaron para permitir el avance de una ley propuesta por los republicanos y enfrentaron críticas internas.

El diálogo entre Trump y los demócratas ha sido escaso y tenso en el segundo mandato del presidente. En agosto, una negociación para acelerar las confirmaciones de funcionarios terminó abruptamente y Trump canceló la última reunión prevista la semana pasada, según información de AP. La cita de este lunes representa el último esfuerzo para evitar un cierre que afectaría a empleados federales y la economía nacional.