La Casa Blanca puso en jaque al narcotráfico en Venezuela para forzar la caída del dictador Maduro

(Desde Washington, Estados Unidos) La Casa Blanca tiene una lectura realista sobre la dictadura de Venezuela: Nicolás Maduro podría caer cuando todos sus socios militares y políticos asuman que ya no puede proteger las ganancias millonarias de los negocios ilegales que se hacen bajo la sombra del régimen caribeño.

Al mismo tiempo, la administración republicana apunta a fortalecer la seguridad de Estados Unidos, y todos los movimientos legales, diplomáticos y militares que está protagonizando tienden a consolidar ese asunto clave del gobierno de Donald Trump.

El aparato represivo de Venezuela asesina, secuestra, viola y tortura todos los días. Ese aparato está integrado por militares, policías, guardia cárceles, espías y civiles. Son miles y se enriquecieron por la corrupción estatal.

Apoyado por la represión ilegal, Maduro hizo fraude electoral, desconoció el triunfo legitimo de Edmundo González Urrutia y se apropió del poder para multiplicar los negocios clandestinos que benefician a sus asociados militares y civiles.

Trump lidera una batalla frontal contra el narcotráfico en América Latina y puso en marcha un minucioso plan contra Maduro que diseñó el secretario de Estado, Marco Rubio, y se ejecuta a través de toda la administración republicana.

Respecto a Venezuela, el eje del programa de la Casa Blanca se apoya en el siguiente razonamiento: si se acaban los negocios ilegales que aceitan la lealtad del Ejército y las Fuerzas de Seguridad del régimen, la estabilidad interna de Maduro podría irse a pique.

En ese momento, con Maduro debilitado, iniciaría una negociación en Venezuela para forzar el comienzo de la transición.

González Urrutia y María Corina Machado, líderes de la oposición, tienen una prioridad básica en su agenda política: la caída de Maduro como primer paso hacia el regreso de la democracia en Venezuela.

Pero la prioridad para la Casa Blanca es la seguridad de los Estados Unidos, y la hoja de ruta diseñada por Marco Rubio se diseñó con ese objetivo estratégico.

Por supuesto, al perder ingresos millonarios provenientes de delitos trasnacionales, las dictaduras de Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega empezarían a languidecer.

Hace unos meses, Trump firmó en secreto una orden presidencial dirigida al Pentágono que permitía usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga, considerados por la Casa Blanca como organizaciones terroristas.

La orden establecía la posibilidad de ejecutar operaciones militares en el mar y en territorio extranjero. Una decisión política que puso en alerta a la dictadura de Maduro.

A continuación, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como organización terrorista internacional.

La dictadura de Hugo Chávez fortaleció la actuación del Cartel de los Soles con el uso ilegal del aparato estatal. Chávez permitió que esta organización terrorista utilizará puertos y aeropuertos para mover toneladas de cocaína hacia Medio Oriente, Europa, África y América Central.

Con Chávez y la continuidad de Maduro, el Cártel de los Soles se vinculó con las FARC y el ELN en Colombia, el Cártel de Sinaloa en México y Hezbollah en el Líbano.

Maduro encabeza el Cartel de los Soles, y a su lado se ubican los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López, y los oficiales que seguridad e inteligencia que reprimen a la sociedad venezolana.

Estados Unidos empleará “todos los recursos a disposición para evitar que Nicolás Maduro continúe lucrando con la destrucción de vidas estadounidenses y la desestabilización de nuestro hemisferio”, posteó el Departamento de Estado en X, cuando se conoció el anuncio de la Secretaría del Tesoro.

La hoja de ruta del secretario Rubio vincula a todo el gobierno republicana. La OFAC actúa bajo las órdenes de Scott Bessent -secretario del Tesoro-, y fue clave para designar al Cartel de los Soles como organización terrorista.

Y días más tarde, el Departamento de Justicia aseguró que se pagarían 50 millones de dólares por la información que permitiera capturar al dictador venezolano.

“Maduro no escapará a la justicia y será responsable de sus despreciables crímenes”, sostuvo la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, al anunciar la recompensa de los 50 millones de dólares.

Un dato exhibe la voluntad política de Trump para terminar con Maduro: en 2001, la Casa Blanca no ofreció ese volumen de recompensa por Osama Bin Laden, responsable de los ataques terroristas ejecutados por Al Qaeda contra Estados Unidos.

Con la orden de Trump, Pete Hegseth -secretario de Defensa- solicitó a la Armada de Estados Unidos que prepare un plan de contingencia contra Maduro y los negocios ilícitos del Cartel de los Soles.

Ese plan militar significó que más de 4.500 marineros y 2.200 infantes de marina partieran a bordo de los buques USS San Antonio, USS Fort Lauderdale y USS Iwo Jima.

Esa flota de los Estados Unidos, que salió de la Base Naval de Norfolk (Virginia), se ubicará este domingo frente a las costas de Venezuela, en aguas internacionales.

Al margen de proteger su propia seguridad territorial, la actual estrategia de Estados Unidos también asfixia los negocios ilegales que comete la dictadura venezolana por vía marítima.

Maduro y el Cártel de los Soles trafican cocaína, fentanilo, petróleo, oro y uranio a través de barcos sin bandera reconocida y submarinos. La cocaína y el fentanilo se distribuyen en Estados Unidos, causando miles de muertes al año.

Los buques USS San Antonio, USS Fort Lauderdale y USS Iwo Jima, apoyados por submarinos, aviones de reconocimiento y la inteligencia militar del Pentágono, establecerán una red de prevención que paralizaría las operaciones ilegales de la dictadura.

Cuando los fondos millonarios dejen de fluir, y los cuestionamientos internos acorralen a Maduro, la oposición podría profundizar su diálogo con los militares irritados o disidentes para forzar la transición democrática.

Esta sería la derivación lógica del plan que promueve la Casa Blanca. Pero eso no implica que haya una exacta coordinación política entre la administración republicana y la oposición que lideran González Urrutia y María Corina Machado.

Son agendas diferentes, que podrían converger en el tiempo.

Estados Unidos extrajo a los dirigentes políticos refugiados en la embajada argentina en Caracas con una operación que sorprendió por su precisión y efectividad.

El regimen se enteró por los medios internacionales que los dirigentes ya estaban en Miami. La dictadura exhibió fallas en su seguridad nacional y en la inteligencia del aparato represivo.

Esa fue una demostración de poder del gobierno de Trump, que a su vez fortaleció el peso de la oposición frente a la dictadura venezolana.

Un hecho geopolítico que Maduro toma en cuenta ante la secuencia de movimientos legales, diplomáticos y militares que asumió la Casa Blanca para proteger su seguridad nacional.