El 13 de mayo de 2026, una residente de San Diego presentó una demanda colectiva contra OpenAI en el Tribunal de Distrito Sur de California. El caso se llama Couture v. OpenAI Global, LLC. La acusación es concreta: ChatGPT incrustó en su sitio dos piezas de tecnología publicitaria, Meta Pixel y Google Analytics, y esas piezas mandaron a Meta y a Google los títulos de las consultas, los identificadores de usuario y los correos de quienes usaban el chatbot.
Conviene la cautela. Son alegaciones. OpenAI no fue hallada culpable de nada y todavía no respondió. Pero el flanco que abre la demanda no es legal. Es de diseño.
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Hablarle a una IA no es escribir un diario, es completar un formulario web
Casi todos asumen lo mismo cuando le escriben a ChatGPT: que ese intercambio es privado, algo parecido a un cuaderno personal. La gente le cuenta a la IA un divorcio, una deuda, un diagnóstico, una pelea por la tenencia de un hijo. Le cuenta lo que no le cuenta a nadie.
La demanda sostiene que ese acto nunca fue lo que el usuario creía. ChatGPT no es un cuaderno. Es un sitio web. Y un sitio web, por defecto, viene con la plomería de la publicidad ya instalada: el píxel de Meta, las etiquetas de Google, los rastreadores que cualquier tienda online usa para saber quién mira qué.
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El problema no es un complot. Es algo más banal y más grave: según la demanda, una conversación íntima se procesó con la misma infraestructura con la que se procesa la compra de unas zapatillas.
El mecanismo es lo que vuelve seria la acusación
La demanda no se queda en la sospecha. Describe la mecánica. Según el texto, cuando un usuario preguntaba algo, el título que ChatGPT le ponía a esa conversación, por ejemplo “Ganador del Super Bowl 2005”, se convertía en un dato que viajaba a Meta junto con las cookies que atan ese movimiento a una cuenta de Facebook concreta. Del lado de Google, la acusación apunta a correos hasheados capturados al iniciar sesión.
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Si la demanda tiene razón, el tema de la consulta deja de ser anónimo. Se pega a una identidad.
La demanda invoca tres normas: la ley federal de privacidad de comunicaciones electrónicas y dos secciones de la ley de privacidad de California, además de la Constitución del estado. Por cada violación pide daños que, según la norma, van desde los USD 5.000 hasta los USD 10.000. Multiplicado por una clase estimada en millones de usuarios, la cuenta llega a los miles de millones.
Un detalle no menor: Meta y Google no son demandados. La demanda apunta solo a OpenAI, por haber metido esa tecnología en su código. El que construye la casa responde por la cañería que eligió.
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La próxima disputa de la IA no es por modelos más inteligentes
Esto no es un caso aislado. El 31 de marzo, una demanda casi idéntica cayó sobre Perplexity en el Distrito Norte de California. Mismo mecanismo, misma acusación: rastreadores ocultos que mandan conversaciones a las plataformas publicitarias.
Hay un patrón. La industria de la IA conversacional vendió un producto nuevo (un asistente, un confidente, una herramienta a la que se le confía lo personal) montado sobre la infraestructura vieja de la web comercial. Y esa infraestructura tiene una sola lógica: convertir comportamiento en perfil, y perfil en publicidad.
La carrera de la IA se contó siempre como una carrera técnica. Quién tiene el modelo más grande, quién razona mejor, quién alucina menos.
El frente que abre esta demanda es otro. No se trata de qué tan inteligente es el asistente. Se trata de qué hace con lo que le contaste. Cada empresa que ofrece una IA como espacio privado está afirmando algo sobre su propia plomería. Y la plomería, a diferencia del marketing, deja registro.
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