El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que pretende extender el control federal sobre las fuerzas del orden en Washington D.C. tras considerar que los 30 días estipulados inicialmente “no son suficientes” para “combatir el crimen” en la capital.
Trump dijo que enviará una propuesta al Capitolio para ampliar la vigencia del control sobre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C, que asumió este lunes por medio de una Declaración de Emergencia Nacional.
Durante una intervención en el Kennedy Center, el mandatario cargó nuevamente contra los demócratas, acusándoles de “no hacer nada para frenar la delincuencia” en la ciudad y aseguró que la mayoría republicana en el Congreso aprobará la extensión sin ningún tipo de problemas.
El republicano indicó que ha colaborado con la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, en los últimos seis meses, sin embargo, afirmó que las cifras oficiales de criminalidad “son peores que nunca” y acusó a las autoridades locales de manipular las estadísticas.
La decisión de federalizar las fuerzas del orden de la capital ha generado polémica entre los detractores del mandatario y una gran parte de los residentes de la capital.
De acuerdo con datos de la Policía de Washington, los crímenes violentos han disminuido un 26% durante los primeros seis meses del 2025 frente al mismo periodo del año anterior. De igual forma, los homicidios registran una caída del 12%.
Trump agradeció al equipo que puso al frente de su estrategia para “limpiar” la ciudad, en especial a la fiscal general, Pam Bondi, e insistió que serán muy “transparentes”, tras lo que lanzó una invitación a los medios para que acompañen a los agentes durante sus operativos.
En las primeras 24 horas de la campaña impulsada por Trump, la Casa Blanca indicó que se realizaron 23 arrestos por diversos delitos. También informaron que 850 agentes federales se encuentran ejecutando operativos en diversas zonas de la ciudad.
El presidente amenazó este miércoles nuevamente con tomar el control de las fuerzas policiales en otras ciudades con gobiernos locales demócratas como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, las que asegura están “fuera de control”.
Implicaciones legales y antecedentes
La decisión de extender el control federal sobre la Policía Metropolitana de Washington D.C. plantea un debate jurídico y político sobre los alcances de la Ley de Autonomía del Distrito (Home Rule Act). Esta norma, en su sección 740, permite al presidente intervenir temporalmente las fuerzas de seguridad del Distrito en situaciones de emergencia, con un límite inicial de 30 días. Cualquier prórroga requiere la aprobación del Congreso, un trámite que no tiene precedentes recientes y que genera interrogantes sobre su viabilidad legislativa.
Especialistas en derecho constitucional señalan que la medida es aplicable únicamente en Washington D.C., dado su estatus especial como territorio federal. En ciudades con gobiernos estatales —como Chicago o Los Ángeles— la intervención directa de las fuerzas de seguridad locales implicaría un marco legal distinto y más restrictivo, debido a la protección que otorgan las leyes estatales y federales, entre ellas la Ley Posse Comitatus, que limita el uso de fuerzas militares en tareas policiales.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) han advertido que una extensión prolongada o la réplica de este modelo en otros lugares podría generar un precedente de mayor centralización del poder federal en materia de seguridad pública. Otros analistas, en cambio, sostienen que la medida podría acelerar operaciones de investigación y despliegue en zonas de alta criminalidad, siempre que se acompañe de una supervisión transparente y objetivos definidos.
La intervención actual se suma a un antecedente relevante: en 1995, bajo la administración de Bill Clinton, el Congreso aprobó la creación de una junta de control financiero que asumió competencias sobre diversos servicios de D.C., incluida la policía, en un contexto de crisis fiscal y de gestión. Aquella experiencia derivó en reformas administrativas y mejoras operativas, aunque también generó tensiones sobre la autonomía local.
El desarrollo de esta medida en las próximas semanas será observado de cerca por legisladores, organizaciones civiles y gobiernos locales, ya que su alcance y resultados podrían influir en el diseño de futuras políticas federales de seguridad y en el equilibrio entre las competencias nacionales y las de los gobiernos locales en Estados Unidos.
(Con información de EFE)
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