Era agresor sexual registrado y ahora cría un hijo concebido por subrogación: la fiscalía exige cambiar la ley

El fiscal de York County, Tim Barker, solicitó una revisión legislativa a la Asamblea de Pensilvania tras la revelación pública sobre un vacío legal que ha permitido a Brandon Keith Riley-Mitchell, registrado como delincuente sexual en el estado, convertirse en padre a través de la gestación subrogada. La controversia surgió después de que imágenes que muestran la celebración del primer cumpleaños del hijo de Riley-Mitchell y su esposo, Logan Steven Riley, se difundieron ampliamente y reactivaron preocupaciones sobre la idoneidad, bajo la normativa actual, para acceder a la paternidad vía reproducción asistida en casos de antecedentes penales por delitos sexuales.

Según detalló Riley en la campaña de recaudación de fondos en GoFundMe, la pareja logró reunir más de 2.000 dólares para iniciar el proceso de gestación subrogada. En la publicación, explicó: “En la gestación subrogada, el niño no está biológicamente relacionado con la madre sustituta. En cambio, el embrión se crea mediante fecundación in vitro (FIV) utilizando un óvulo de donante anónima. Una vez nacido el bebé, los padres previstos (Brandon y yo) tendríamos la custodia legal completa”. El texto de la campaña, que ya fue retirado, pero permanece archivado, no incluía detalles sobre la condena previa de Riley-Mitchell en 2016 por abuso sexual infantil y posesión de pornografía infantil, asunto consignado en registros judiciales, tal como reportó Newsweek.

La pareja, que reside actualmente en el sur de Pensilvania, anunció en noviembre de 2023 que logró encontrar una gestante amiga de la familia, tras tres años de búsqueda y varios intentos para generar embriones mediante un programa de donación de óvulos desde 2020. El proceso se completó luego de evaluaciones médicas y sociales a la gestante y la formalización legal correspondiente, de acuerdo con documentos y declaraciones revisados por Newsweek.

Un vacío legal sin precedentes para la gestación subrogada en Pensilvania

La situación legal contemporánea en Pensilvania no impone restricciones específicas para que personas inscritas en el registro estatal de delincuentes sexuales puedan acceder a la gestación subrogada, característica que ha generado alarma entre diversos sectores y promovido la petición fiscal de reformas.

El fiscal Tim Barker expresó a Newsweek: “Aprecio completamente las emociones de preocupación e indignación que expresa mucha gente por la existencia de un vacío legal que permite a un agresor sexual registrado convertirse en padre por gestación subrogada sin la misma supervisión judicial intensa que exige el proceso de adopción. Es un tema que requiere revisión y una solución por parte de nuestra legislatura”.

Barker recalcó que, en la situación actual, no existe una base jurídica válida que permita a la fiscalía intervenir mientras no se demuestre alguna violación de las condiciones legales o registro. “La ley de Pensilvania no prohíbe de manera explícita que un agresor sexual registrado sea padre por subrogación. Hasta ahora, nadie ha presentado ante esta oficina una denuncia por delito cometido por Mitchell en York County”, afirmó el fiscal en contacto con Newsweek. Riley-Mitchell fue sometido a supervisión por el Departamento de Servicios de Libertad Condicional de York County entre 2017 y 2021, tras cumplir su condena y completar los requisitos de registro.

Campaña pública y petición en línea para la remoción del menor

La renovación mediática del caso derivó en el lanzamiento de una petición digital que, en apenas un día, superó las 3.000 firmas, solicitando que se retire la custodia del niño a la pareja. “Un agresor sexual registrado, Brandon Keith Riley-Mitchell, fue condenado en Pensilvania por abuso sexual a menores y figura en el registro público. No obstante, él y su pareja obtuvieron la custodia de un recién nacido por gestación subrogada, lo cual solo es posible gracias a un vacío legal peligroso”, indica el texto de la petición, citando de manera directa los razonamientos expuestos por los promotores y recogidos en Newsweek.

Hasta la fecha, no existe indicio ni reporte de que el menor haya sufrido daños durante su convivencia con Riley-Mitchell y Riley, de acuerdo con las comprobaciones realizadas por las autoridades y los informes facilitados a Newsweek. En ese sentido, las autoridades confirmaron que la situación permanece bajo observación, aunque insistieron en la ausencia de elementos que permitan una actuación judicial directa, en función de la legislación vigente en el estado.

Opiniones de los implicados y revisión del proceso de selección de la gestante sustituta

Las reiteradas gestiones del medio Newsweek para contactar a Riley-Mitchell y a su esposo no obtuvieron respuesta. No obstante, el exabogado de Riley-Mitchell, Peter Kratsa, compartió un pronunciamiento en el que enfatizó que su cliente “hizo frente a sus responsabilidades, cumplió su sentencia y se sometió a consejería extensiva. No hay ninguna ley que le prohíba ser padre por subrogación”. Remarcó además la transparencia del proceso emprendido por la pareja y la conclusión exitosa de todas las obligaciones legales vinculadas a la condena.

El esposo de la gestante sustituta relató a Newsweek que Riley-Mitchell le informó haber tenido “algo en mi pasado”, sin entrar en detalles ni solicitar más información, y consideró que el asunto se encontraba resuelto tras los procesos judiciales correspondientes. Según registros de los tribunales y reportes de Newsweek, la condena de Riley-Mitchell en 2016 se basó en el intercambio de más de 12.000 mensajes con una menor de 16 a 18 años a la que le solicitó contenido sexual, y culminó con una sentencia de entre tres y 23 meses de prisión, además de las restricciones adicionales relativas al contacto con menores.

Debate abierto sobre regulación y protección de la infancia en contextos de reproducción asistida

El caso amplificó el debate en torno a la necesidad de mayores controles legislativos y de supervisión en procedimientos de reproducción asistida privados, en contraste con los criterios restrictivos aplicados al proceso de adopción. La oficina del fiscal reiteró que, mientras la ley no se modifique expresamente, no existe base legal que impida a una persona, aun con antecedentes de delitos sexuales, acceder a la paternidad por vías de gestación subrogada, siempre y cuando se respeten las reglas del registro y la sentencia cumplida, según detalló Newsweek.

Riley-Mitchell trabaja actualmente en una empresa farmacéutica en Lancaster, Pensilvania, de acuerdo con información pública de su perfil profesional. La fiscalía mantiene la vigilancia ante la situación, en espera de posibles reformas o intervenciones que puedan emergen a raíz del debate social y la presión mediática desarrollada en las últimas semanas.