El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles para imponer los aranceles del 50% que había amenazado sobre Brasil, estableciendo una justificación legal de que las políticas de Brasil y el enjuiciamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro constituyen una emergencia económica bajo una ley de 1977.
El gobierno dijo que los aranceles del 50% entrarán en vigor en siete días. De todas formas, excluyó varias de las principales exportaciones como aviones, jugo de naranja y energía.
Trump había amenazado con los aranceles el 9 de julio en una carta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, la base legal de esa amenaza era una orden ejecutiva anterior que se basaba en los desequilibrios comerciales. Pero Estados Unidos tuvo un superávit comercial de 6.800 millones de dólares el año pasado con Brasil, según la Oficina del Censo.
La orden afirma que las autoridades brasileñas han llevado a cabo una persecución política y una serie de medidas que atentan contra los derechos humanos y la libertad de expresión, enfocándose en el caso del ex presidente Jair Bolsonaro y millares de sus simpatizantes. El documento acusa directamente a miembros del gobierno brasileño y, en particular, al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de utilizar su posición para intimidar, censurar y enjuiciar a opositores, incluyendo ciudadanos y residentes estadounidenses.
La administración de Trump señala que, desde 2019, de Moraes ha emitido centenares de órdenes para censurar a críticos políticos, ha impuesto fuertes multas y ha amenazado con excluir a empresas estadounidenses del mercado brasileño. El comunicado agrega que, en al menos un caso, se congelaron los activos de una compañía estadounidense en Brasil. Además, denuncia el uso de procesos penales contra estadounidenses y residentes en Estados Unidos, como Paulo Figueiredo, por declaraciones realizadas fuera del país sudamericano.
El gobierno estadounidense argumenta que estas acciones perjudican directamente a empresas tecnológicas de Estados Unidos, que se han visto presionadas para modificar sus políticas de contenido y entregar datos sensibles de usuarios estadounidenses. De acuerdo con la Casa Blanca, las prácticas del gobierno de Brasil comprometen tanto las operaciones comerciales como la política de Washington de defensa de elecciones libres y derechos fundamentales.
Como parte de su respuesta, la administración Trump anunció la revocación de visados estadounidenses a de Moraes, a otros jueces de la Corte Suprema y a sus familiares inmediatos. Según el comunicado, esta medida sigue la directiva “America First Policy”, que establece que la política exterior de Estados Unidos debe priorizar los intereses y la seguridad de sus ciudadanos. El 28 de mayo de 2025, el secretario de Estado, Rubio, implementó restricciones de visado para individuos extranjeros implicados en censurar la libertad de expresión protegida por la ley estadounidense.
La Casa Blanca conecta estas decisiones recientes con la estrategia de apoyo a las empresas estadounidenses y la defensa de los “derechos de libre expresión” como elementos centrales de su política internacional. La declaración enfatiza que el uso de aranceles ha sido una herramienta previa de la administración Trump para responder a amenazas externas y que las nuevas tarifas buscan proteger la soberanía, la economía y los principios democráticos de Estados Unidos.
Las medidas aumentan la presión comercial y diplomática entre Estados Unidos y Brasil, en un contexto de tensiones crecientes sobre el uso de la censura, el control sobre las redes digitales y los derechos civiles y políticos.
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