Reporte señala que ICE ampliaría el monitoreo con tobilleras electrónicas a decenas de miles de migrantes

La supuesta instrucción de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de equipar a los migrantes bajo supervisión con dispositivos de monitoreo en el tobillo marca un punto de inflexión en la política migratoria de seguimiento y custodia.

Aunque hasta ahora solo el 13% de los participantes en el programa Alternativas a la Detención (ATD) utilizaba esta tecnología, la agencia está impulsando que, “si el extranjero no está siendo arrestado en el momento de la presentación, eleve su nivel de supervisión a monitores de tobillo por GPS siempre que sea posible y aumente los requisitos de presentación”, según ordenó Dawnisha M. Helland, subdirectora interina de gestión de inmigrantes no detenidos, en un memorando citado en exclusiva por The Washington Post.

La medida se anunció a través de una circular interna fechada el 9 de junio, donde ICE pidió a sus funcionarios maximizar el uso de monitores electrónicos, con excepción de mujeres embarazadas, quienes serían equipadas con pulseras de monitoreo en la muñeca. Actualmente, el programa cuenta con cerca de 183.000 migrantes adultos inscritos; de ellos, el 84% emplea la aplicación móvil SmartLINK para hacer reportes virtuales de identidad y ubicación, pero solo 24.000 personas utilizan monitores en el tobillo, según detalló el WaPo.

¿Por qué buscarían implementar esta medida?

El programa Alternativas a la Detención, vigente desde 2005, permite a quienes solicitan asilo o cruzan la frontera de manera irregular esperar la resolución de su proceso fuera de los centros de detención. Durante la administración del expresidente Joe Biden, esta modalidad alcanzó su punto máximo, superando los 378.000 migrantes registrados, según reveló la televisora local KATV.

Respecto a su eficacia, un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de junio de 2022 indicó que quienes cumplían las reglas del programa enfrentaban menos controles y menor rastreo. Por otro lado, el American Immigration Council calculó que un 83% de los inmigrantes con procesos de expulsión en curso o completados entre 2008 y 2018 acudieron a todas sus audiencias judiciales, según recogió The Washington Post.

Las cifras sobre ausencias en tribunales han servido de argumento para reforzar el monitoreo. El zar de la frontera, Tom Homan, aseguró a la prensa el jueves que el 51% de los migrantes con orden de expulsión no asistió a la corte en el último año. “Así que los monitores en el tobillo ayudan con eso”, sostuvo Homan, de acuerdo con lo publicado por el medio local.

Una medida que buscaría aprovechar dispositivos de rastreo

Un alto funcionario de ICE afirmó al National News Desk que los monitores en el tobillo ayudarán a garantizar que los “migrantes indocumentados” cumplan con los procedimientos de expulsión. Según declaró el portavoz, estos extranjeros, “al igual que los ciudadanos estadounidenses, están sujetos al sistema legal y pueden estar sujetos a condiciones de liberación que incluyan tecnologías de GPS en el tobillo o la muñeca”.

“Cualquier extranjero que se preocupe por tener que llevar un monitor o cualquier otro dispositivo GPS debe aceptar el estipendio de 1.000 dólares del gobierno estadounidense y un vuelo gratuito a casa, auto-deportándose a través de la aplicación CBP Home”, añadió el vocero.

Esta intensificación en los métodos de control coincide con el endurecimiento de la política migratoria actual. The New York Post reportó en mayo que bajo esta administración, 4.165 migrantes ya han sido equipados con monitores en el tobillo.

Laura Rivera, abogada sénior de Just Futures, organización sin fines de lucro que ha investigado las tecnologías de rastreo de ICE, declaró durante una entrevista con The Washington Post que esta herramienta “ampliará el alcance del gobierno”.

Emily Covington, portavoz del ICE, no comentó acerca del memorando durante un diálogo con el periódico, sin embargo, afirmó que se están utilizando tobilleras electrónicas como “herramienta de control” con las cuales garantizar el cumplimiento de las leyes de migración.