La suspensión de seis agentes de la Servicio Secreto de Estados Unidos, tras el intento de asesinato contra el presidente Donald Trump en Butler, Pensilvania, marcó un punto de inflexión en la seguridad presidencial y desató una oleada de reformas internas.
La agencia, sometida a una presión sin precedentes, reconoció la magnitud de sus fallos y la necesidad de cambios estructurales, según declaraciones de sus altos mandos y los resultados de investigaciones independientes.
El incidente, ocurrido el 13 de julio de 2024, dejó a Trump con una herida sangrante en la oreja y provocó la muerte de Corey Comperatore, un bombero que asistía al mitin.
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Las acusaciones se producen debido a errores que permitieron el ataque
La Secret Service confirmó la suspensión de los seis agentes, cuyas responsabilidades iban desde puestos de supervisión hasta funciones de línea, por su implicación en los errores que permitieron el ataque. Las sanciones, que oscilaron entre 10 y 42 días sin sueldo ni beneficios, se aplicaron en los meses posteriores al suceso y los agentes recibieron la opción de apelar.
Al reincorporarse, fueron reasignados a tareas restringidas o con menor responsabilidad operativa, según informó el subdirector Matt Quinn a CBS News.
El atacante, identificado por el FBI como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue abatido por francotiradores del Servicio Secreto en el lugar de los hechos. Además de la víctima mortal, otras dos personas resultaron heridas. La gravedad de la situación llevó a la dimisión de la entonces directora de la agencia, Kimberly Cheatle, apenas diez días después del atentado.
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Una revisión independiente del Departamento de Seguridad Nacional reveló una cadena de fallos policiales que expusieron a Trump a un riesgo evitable. El informe concluyó que “el Servicio Secreto no opera al nivel de élite necesario para cumplir su misión crítica” y describió a la agencia como “burocrática, complaciente y estática”, pese al aumento de los riesgos y la evolución tecnológica.
Responsabilidades clave a personal sin experiencia en planificación avanzada
Un informe bipartidista de la Cámara de Representantes, de 180 páginas, publicado en diciembre, determinó que las deficiencias de seguridad “no se limitaron al evento de campaña” y que problemas previos de liderazgo y formación crearon el caldo de cultivo para el fallo. El documento subrayó que se asignaron responsabilidades clave a personal sin experiencia en planificación avanzada y que existió una falta de coordinación con otras fuerzas del orden.
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Matt Quinn defendió la decisión de no despedir a ningún agente tras el atentado, argumentando que la prioridad era “arreglar la raíz del problema” y no limitarse a sanciones ejemplares. Explicó que la disciplina se aplicó conforme a los procedimientos federales y que la agencia se centró en corregir las deficiencias operativas detectadas en Butler.
Entre las medidas adoptadas, el Servicio Secreto incorporó una nueva flota de drones de grado militar y puestos de mando móviles, lo que permitió a los agentes comunicarse por radio directamente con la policía local, una interoperabilidad que no existía el año anterior.
El intento de asesinato en Pensilvania no fue el único episodio que puso en jaque la seguridad de Trump
Apenas nueve semanas después, el entonces candidato sufrió un segundo intento de atentado frustrado mientras jugaba al golf en su campo de West Palm Beach, Florida. Tras ambos incidentes, Trump recibió protección de nivel presidencial y su equipo de campaña tuvo que adaptar los protocolos de seguridad en la organización de eventos.
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El informe de la Cámara de Representantes calificó los hechos del 13 de julio de 2024 como “trágicos y evitables”, y consideró inaceptable la serie de fallos de seguridad relacionados. La agencia, por su parte, asumió la plena responsabilidad por lo ocurrido en Butler y reiteró su compromiso de evitar que se repita una situación similar.
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