El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó una ley que prohíbe a individuos, empresas y entidades gubernamentales de China, Irán, Corea del Norte y Rusia adquirir propiedades en el estado. La legislación entrará en vigor el 1 de septiembre y excluye de la restricción a ciudadanos y residentes permanentes legales en Estados Unidos, así como a personas que cuenten con visados válidos siempre que adquieran una vivienda destinada a residencia principal.
La medida, cuyo proceso legislativo se extendió por más de dos años, permite la compra de inmuebles a quienes posean visados estadounidenses únicamente cuando se trate de una residencia primaria, impidiendo la adquisición de propiedades para inversión. Según Abbott, la ley busca impedir que personas y empresas de “naciones extranjeras hostiles” adquieran tierras en Texas, una medida que cuenta con el respaldo del sector conservador y que responde a la creciente preocupación por la seguridad nacional del país.
La ley abarca todo tipo de “bienes inmuebles”, incluyendo tierras agrícolas, propiedades comerciales e industriales, residencias y terrenos destinados a minería o a la extracción de agua. Abbot manifestó en febrero que el objetivo de la legislación es proteger activos estratégicos.
De acuerdo con un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicado en 2023, personas o empresas de nacionalidad china poseen cerca de 277.336 acres (1.122 kilómetros cuadrados) en Estados Unidos, lo que representa menos del 1% de la superficie total de tierras en manos extranjeras, sin que ninguna esté registrada directamente bajo el gobierno de China.
Texas se suma así a otros estados que han implementado restricciones similares. Según el seguimiento realizado por la organización Committee of 100, en la actualidad existen 25 estados con legislación que limita la compra de propiedades por parte de ciudadanos o entidades de países considerados adversarios, frente a los 22 registrados en marzo. Además, 15 propuestas legislativas con este enfoque continúan en trámite federal y congresistas republicanos presentaron un proyecto para reforzar los controles en las adquisiciones de tierras agrícolas por parte de extranjeros, agregando al Secretario de Agricultura al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS) y exigiendo la notificación de estas operaciones.
La legislación autoriza al fiscal general de Texas a investigar posibles infracciones, que serán tipificadas como delito grave. También contempla excepciones para contratos de arrendamiento inferiores a un año.
Distintas voces han criticado la ley por su alcance y posibles implicaciones. La organización Asian Americans Advancing Justice expresó su rechazo, señalando que la medida “crea una red demasiado amplia que pone en riesgo a extranjeros inocentes de ser sometidos a perfiles raciales”. En Arizona, la gobernadora Katie Hobbs vetó una propuesta similar, aduciendo falta de criterios claros para su implementación y la posibilidad de que derivara en arbitrariedad, aunque posteriormente impulsó una versión más estricta.
El debate sobre la apropiación de activos estratégicos por parte de países identificados como amenazas a la seguridad ha aumentado tras incidentes recientes, como la detención de dos ciudadanos chinos acusados de intentar introducir patógenos biológicos a Estados Unidos a principios de mes.
Representantes de grupos conservadores, como Michael Lucci de State Armor Action, sostienen que es fundamental evitar que “el Partido Comunista Chino establezca operaciones de espionaje” en territorio estadounidense, insistiendo en la necesidad de ampliar estas restricciones a otras áreas como drones, paneles solares, puertos marítimos e infraestructuras críticas estadounidenses.
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