Una corte federal de apelaciones autorizó a Trump a mantener el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles

El fallo respalda el despliegue de 4.000 efectivos durante 60 días para proteger propiedades y personal federal, pese a la oposición del gobernador de California

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Guardia Nacional EEUU
Una corte federal de apelaciones autorizó a Trump a mantener el control de la Guardia Nacional en Los Ángeles (AP /Eric Thayer)

Una corte federal de apelaciones dictaminó este jueves que el presidente Donald Trump puede mantener el control directo de la Guardia Nacional en Los Ángeles para contener las protestas relacionadas con su política migratoria. El fallo revoca una orden judicial previa que le exigía devolver la autoridad sobre las tropas al gobernador de California, Gavin Newsom, quien se opone al uso de fuerzas militares en el estado sin su autorización.

La decisión judicial se refiere al despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y cientos de Marines ordenado por Trump a principios de mes. Las tropas fueron enviadas a Los Ángeles por un período de 60 días en respuesta a protestas que, si bien en su mayoría han sido pacíficas, han incluido episodios de violencia como saqueos, incendios de vehículos y ataques contra fuerzas de seguridad.

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El fallo del tribunal señala que el presidente actuó “dentro de sus facultades legales” al movilizar tropas para proteger instalaciones y personal federal en el contexto de manifestaciones que, según la Casa Blanca, amenazaban el orden público. “No emitir la orden de federalización directamente ‘a través’ del gobernador de California no limita su autoridad legal para convocar a la Guardia Nacional”, concluyó el tribunal.

El presidente celebró la decisión. “GRAN VICTORIA”, escribió en su red Truth Social. “Por todo Estados Unidos, si nuestras ciudades o nuestra gente necesitan protección, somos quienes debemos dársela, si la policía estatal y local no puede hacer el trabajo por cualquier motivo”, agregó.

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La semana anterior, un juez federal había determinado que Trump debía devolver el control de la Guardia Nacional al gobernador Newsom, en lo que se consideró una victoria temporal para el gobierno estatal. Sin embargo, la corte de apelaciones revirtió esa medida, al establecer que el despliegue federal no era ilegal, aunque también aclaró que la decisión presidencial no está completamente exenta de revisión judicial.

El gobernador Newsom reaccionó destacando precisamente esa parte del fallo. “Trump no es un rey y no está por encima de la ley”, afirmó. “Esta noche, el tribunal rechazó adecuadamente la reivindicación de Trump de que puede hacer lo que quiera con la Guardia Nacional y no tiene que explicarse ante un tribunal”, publicó el mandatario estatal en su cuenta de X. “No permitiremos que este uso autoritario de soldados militares contra ciudadanos quede sin control”, añadió.

El gobierno de California aún tiene la posibilidad de solicitar una revisión del caso o presentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La resolución judicial llega en un contexto de alta tensión en Los Ángeles, ciudad que se ha convertido en uno de los centros más visibles de la política migratoria de la administración Trump. Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) se han intensificado en las últimas semanas, provocando movilizaciones masivas y el rechazo de organizaciones civiles, sindicatos y legisladores locales.

Las protestas, iniciadas por operativos en fábricas textiles y lavaderos de autos, se han extendido a otros sectores. El jueves, medios locales reportaron nuevas acciones de ICE dirigidas contra tiendas Home Depot, donde suelen reunirse jornaleros indocumentados en busca de trabajo. Estas acciones han exacerbado la tensión en la ciudad y generado un debate nacional sobre el uso de fuerzas militares en el contexto de la política migratoria federal.

El gobierno federal ha defendido el despliegue de tropas como una medida necesaria para proteger bienes federales y garantizar la seguridad de sus funcionarios, mientras que el gobierno de California sostiene que se trata de una extralimitación del poder presidencial que interfiere con las competencias estatales. El conflicto entre ambas autoridades podría ahora escalar al máximo tribunal del país.

(Con información de EFE y AFP)

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