
La Policía de Los Ángeles realizó múltiples arrestos la noche del martes tras la entrada en vigor de un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad, mientras continuaban por quinto día consecutivo las protestas contra la política migratoria del presidente Donald Trump. Las manifestaciones, que comenzaron el viernes, derivaron en saqueos y actos de vandalismo, lo que llevó al Gobierno federal a desplegar tropas militares en la zona, una medida rechazada por las autoridades estatales.
“Varios grupos continúan congregándose en la calle 1, entre Spring y Alameda”, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en su cuenta oficial en X. “Esos grupos están siendo abordados y se están iniciando arrestos masivos”. Según Los Angeles Times, al menos 25 personas fueron arrestadas el martes por la noche por violar la orden de permanecer en casa, y se esperaba que la cifra aumentara a medida que los agentes retiraban a los manifestantes restantes.
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El toque de queda, que rige de 8:00 p.m. a 6:00 a.m., fue declarado por la alcaldesa Karen Bass, quien explicó que la medida busca “detener el vandalismo y los saqueos”. La restricción abarca un área específica de aproximadamente 2,5 kilómetros cuadrados en el centro de la ciudad. La policía indicó que solo están exentos residentes, periodistas acreditados y personal de emergencia.

Las protestas estallaron tras una serie de redadas federales contra inmigrantes, en una ciudad donde residen millones de personas de origen latino. “Creo que están tomando medidas por seguridad”, dijo una manifestante. “Pero no creo que el problema sea la protesta pacífica, sino lo que está pasando al margen de ella”.
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Durante los últimos días, manifestantes han bloqueado calles, encendido fogatas, lanzado objetos y atacado comercios. Según la policía, 23 negocios fueron saqueados el lunes por la noche y más de 500 personas han sido detenidas desde el inicio de las movilizaciones.
Frente a la situación, el presidente Trump ordenó el envío de 4,000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines a Los Ángeles, en lo que calificó como una respuesta necesaria para “recuperar el control”. No obstante, las autoridades locales han insistido en que pueden manejar la situación con recursos propios.
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Una portavoz militar señaló que los marines estarán en las calles a partir del miércoles. Su misión será proteger instalaciones federales y acompañar a agentes de inmigración durante operativos, con el objetivo de “proporcionar seguridad”. Fotografías del Cuerpo de Marines mostraron a efectivos practicando tácticas de control de multitudes en la Estación Naval de Seal Beach.

Desde Texas, el gobernador Greg Abbott también anunció el despliegue de su Guardia Nacional en varias zonas del estado. “Protestar pacíficamente es legal. Dañar a personas o propiedades es ilegal y resultará en arrestos”, escribió en X. Abbott agregó que las tropas estatales utilizarán “todas las herramientas y estrategias” para colaborar con la policía local.
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La respuesta federal ha sido duramente criticada por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien presentó una demanda ante la Corte del Distrito Norte del Estado solicitando un interdicto para frenar el uso de tropas en funciones policiales. En Estados Unidos, la Ley Posse Comitatus prohíbe el uso de fuerzas armadas para tareas de seguridad interna, salvo en casos de insurrección formalmente declarada, algo que Trump ha mencionado pero no ha decretado oficialmente.
En un discurso ante tropas en Fort Bragg, Carolina del Norte, Trump describió los disturbios como “una invasión de enemigos extranjeros” y acusó a los manifestantes de atentar contra la soberanía nacional. “Esta anarquía no se mantendrá. No permitiremos que una ciudad estadounidense sea conquistada”, afirmó.
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Mientras tanto, la vida diaria en Los Ángeles continuó con relativa normalidad: turistas en Hollywood Boulevard, estrenos de cine y tráfico habitual. No obstante, la presencia militar y los cierres en el centro de la ciudad alteraron significativamente la dinámica local, con altos costos económicos. El Pentágono estimó que el despliegue de tropas costará a los contribuyentes al menos 134 millones de dólares.
Las protestas en solidaridad con los inmigrantes no se han limitado a California. Se han reportado manifestaciones similares en Nueva York, Chicago, San Francisco, Atlanta y Austin, donde también hubo enfrentamientos y detenciones. La tensión nacional crece a medida que avanza el operativo federal y se multiplican las expresiones de rechazo a lo que algunos líderes locales consideran una militarización innecesaria.
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A pesar de los llamados a la calma, las movilizaciones continúan, alimentadas por el descontento con las políticas migratorias del gobierno y la percepción de uso excesivo de la fuerza. Los próximos días serán clave para determinar si la presión política y judicial logra frenar el despliegue o si, por el contrario, el conflicto escala en otras ciudades del país.
(Con información de AFP y The Associated Press)
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