Un ciudadano guatemalteco identificado en los procedimientos judiciales como O.C.G. ha sido devuelto a Estados Unidos tras una orden judicial que determinó que su deportación fue realizada de manera injusta y sin el debido proceso.
Según informó CBS News, el hombre aterrizó en territorio estadounidense y se reunió con su equipo legal, liderado por Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración.
Realmuto señaló que su cliente se encuentra agradecido por haber regresado, aunque también está nervioso y asustado por lo que pueda suceder en adelante.
Este es el primer caso en que el gobierno estadounidense repatria a un migrante deportado
El caso de O.C.G. se convirtió en un precedente significativo, ya que es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos, bajo las nuevas políticas migratorias, repatria a una persona deportada tras una orden judicial que exige su regreso.
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Según documentos judiciales, el juez federal de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, dictaminó que el hombre debía ser devuelto a Estados Unidos debido a irregularidades en el proceso de su deportación. La administración había informado el mes pasado que estaba organizando un vuelo chárter para cumplir con la orden.
La situación legal de O.C.G. y los abusos que vivió en su país
De acuerdo con los abogados de O.C.G., el hombre no tiene antecedentes penales y había solicitado asilo en Estados Unidos tras haber sido víctima de múltiples ataques violentos en su país natal, Guatemala.
En marzo de 2024, ingresó de manera irregular al país y fue deportado poco después. Sin embargo, al regresar a Estados Unidos el año pasado, se presentó ante la Patrulla Fronteriza para iniciar el trámite de asilo. En febrero de 2025, un juez de inmigración determinó que O.C.G. enfrentaría graves riesgos si era enviado de vuelta a Guatemala, por lo que ordenó una suspensión de expulsión que impedía su deportación.
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A pesar de esta decisión judicial, dos días después, O.C.G. fue trasladado en un autobús y deportado a México sin que se respetaran los procedimientos legales establecidos. Según sus abogados, durante su estancia en México, fue retenido contra su voluntad y sufrió abusos, incluyendo una violación, mientras intentaba regresar a Estados Unidos.
En su audiencia de inmigración, presentó pruebas de estas experiencias, lo que llevó al juez a dictaminar que no podía ser deportado a ningún país que no fuera Guatemala sin un proceso adicional.
Las autoridades mexicanas decidieron trasladar a O.C.G. a Guatemala
Tras ser enviado a México, las autoridades de ese país lo trasladaron a Guatemala, donde tuvo que permanecer escondido hasta que se resolviera su situación legal. En su fallo, el juez Murphy destacó que el gobierno estadounidense ignoró los pasos necesarios para garantizar el debido proceso en el caso de O.C.G. “Esos pasos necesarios, y las solicitudes de ayuda de la O.C.G., fueron ignorados”, escribió el juez en su orden.
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El Departamento de Justicia reconoció ante el juez que no existía ningún testigo que pudiera corroborar la versión del gobierno sobre la deportación de O.C.G. Además, admitió que una declaración jurada presentada previamente, en la que se afirmaba que O.C.G. no temía ser enviado a México, había sido un error.
Murphy concluyó que la única evidencia válida era la declaración de O.C.G., quien aseguró que no fue notificado de su traslado a México y que se le negó la oportunidad de hablar con sus abogados antes de ser deportado.
En su fallo, Murphy afirmó que la retractación del gobierno sobre su declaración previa reforzaba la conclusión de que la deportación de O.C.G. careció de cualquier indicio de debido proceso. Por ello, ordenó su regreso a Estados Unidos.
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El equipo legal de Realmuto también está trabajando en otros casos relacionados
Según CBS News, ocho personas más, presuntamente trasladadas sin el debido proceso a África Oriental con destino final en Sudán del Sur, permanecen detenidas en Yibuti.
El juez Murphy ordenó al gobierno que mantuviera la custodia de estos migrantes mientras se les realizan entrevistas de “miedo razonable” para determinar si enfrentan riesgos en un tercer país.
Si no cumplen con los criterios de temor razonable, el gobierno debe otorgarles al menos 15 días para impugnar su deportación. Murphy indicó que estas personas pueden permanecer detenidas en Estados Unidos o en el extranjero, siempre que el gobierno garantice su custodia.
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